La jueza María Servini, por pedido del fiscal Carlos Stornelli, trabó este martes un embargo preventivo de $859.516.312.545 sobre los bienes de Elías Piccirillo y sus socios y otros 160 dueños de agencia de casa de cambio por maniobras con el dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Esa cifra equivale a unos 600 millones de dólares, el monto que la magistrada estima se retiró por ventanilla perdiéndose la trazabilidad; es decir, el destinatario final.
Otros de los embargados son la madre del dueño de Sur Finanzas, Maxi Vallejo y Carlos Adrián Migueles, el exnovio de Wanda Nara.
Se trata de una segunda causa en que se investiga el “rulo financiero” con el cepo de los K. La primera es la del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi donde se apunta a un exfuncionario de la secretaria de Comercio de Matías Tombolini por supuestamente cobrar coimas a cambios de SIRA.
En una resolución, la juez sostuvo que en un informe de la DAJUDECO en “el período de tiempo comprendido entre el 01 de enero y el 01 de septiembre de 2023 las entidades investigadas informaron en la base RIOC del Banco Central de la República Argentina (BCRA) montos de operaciones de compra de moneda extranjera por $475.533.114.424 y de venta por $418.278.740.007.”
En el caso de las maniobras con dólares “el 96% lo percibieron Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Eden SRL, Andie SRL, Cambio Posadas SRL, Intercash SAS, mientras que el 99% fue transferido por Gis Cambio SA, Arg Exchange SA, Cambio Posadas SRL, Andie SRL, Intercash SAS, Cambios Bacarat SA, Eden SRL, Dibehi SAS, Majo Finanzas SA, Gestiones San Miguel SA».
De esos montos «se extrajeron en efectivo US$ 607.432.023, conforme el siguiente detalle (el 99% fue extraído físicamente del Banco de Servicios y Transacciones)”, citó la jueza. Arg Exchange y Gis Cambio son de Piccirillo y su socio Martín Migueles.
En el informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) “se relevaron notas de diferentes agencias de cambio, principalmente de Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Eden SRL, Andie SRL, Gallo Cambios SAS, en las que se indicó que las extracciones físicas de divisas tenían como finalidad la cancelación de operaciones de cambio, sin que de esa documentación surgiera con precisión la individualización de la contraparte o del destino de los fondos”.
Se descubrieron también “operaciones de compra de moneda extranjera, principalmente dólar estadounidense, que no fueron informadas por las financieras por un monto de $163.587.227.936, y ventas por $12.839.114.997, lo que llevó a que, entre otras irregularidades, 15 de las casas de cambio investigadas fueran sancionadas por el Banco Central de la República Argentina”.
Los investigados realizaron “operaciones cambiarias fraudulentas, se aprovecharon de las flexibilidades y limitaciones del sistema de fiscalización del Banco Central de la República Argentina, cuyas debilidades conocían y explotaron de manera sistémica, así como de un entramado de vínculos que les garantizó el acceso al mercado oficial de cambios y la neutralización de mecanismos institucionales de supervisión y detección”.
Mecanismo
Como primer paso “se logró el ingreso de pesos argentinos al sistema financiero para respaldar el flujo de fondos de operaciones de cambio a que se realizarían a futuro. Para lograr ello, las casas de cambio que podrían denominarse «minoristas» recibieron fondos de CUIT’s de personas físicas y jurídicas sin registro de operaciones de cambio ni respaldo documental suficiente”, dijo Servini.
“Una vez lograda la inyección de pesos argentinos en el sistema financiero, a modo de segundo paso, se simularon operaciones cambiarias como legítimas por las entidades financieras intervinientes ante el Banco Central de la República Argentina con el fin de poder acceder a comprar dólares estadounidenses sin limitación a tipo de cambio oficial. Distintas casas de cambio simularon operaciones entre ellas para generar un flujo de dinero «legal» que diera sustento a las operaciones de cambio informadas en la base RIOC” del BCRA, subrayó la jueza.
Así, finalmente, el mecanismo desplegado “redundó en la disposición patrimonial por medio de la sustracción del mercado legal de al menos US$ 607.432.023 a través de extracciones en efectivo, con una ganancia posible ilícita proporcional a la brecha cambiaria vigente – que en este período llegó a superar el 100% – en perjuicio del sistema de la administración de reservas y del destino regulatorio asignado a la adjudicación de divisas al tipo de cambio oficial”.
De tal forma, “el mecanismo fraudulento descripto entre las entidades de cambio y los organismos de control (simulación de legitimidad del derecho a operar en el circuito financiero, simulación de operaciones y extracción de dólares en efectivo y laxitud de sistemas de control) con el objetivo de acceder a dólares al tipo de cambio oficial en un contexto de cepo cambiario, afectó las reservas de dólares estadounidenses del Estado Nacional”. Al final del gobierno de Alberto Fernández el BCRA terminó con reservas negativas. (con información de Clarín)
