Trabajadores de la salud, agrupaciones de pacientes, gremios y organizaciones sociales realizan este miércoles una nueva Marcha Federal para cuestionar las políticas de recorte implementadas por el Gobierno y advertir sobre sus consecuencias en el sistema sanitario.
Motorizados por el Foro por el Derecho a la Salud y con el apoyo de diferentes organizaciones sociales, la Asociación de Trabajadores del Estados y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la convocatoria central está prevista desde las 13 frente al Ministerio de Salud de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, con movilización rumbo a plaza de Mayo, y se esperan actividades en distintos puntos del país.
La protesta busca poner el foco en el deterioro de distintos servicios y programas sanitarios. Desde el Foro de Salud, tras su primera asamblea realizada en Parque Lezama dos meses atrás, manifestaron su “enérgico repudio a las políticas de ajuste, recorte y desfinanciamiento del sistema de salud pública impulsadas por el gobierno nacional. Estas medidas atentan contra derechos conquistados y profundizan las desigualdades en el acceso a la atención, los medicamentos y la prevención”, sostienen.
Para la convocatoria de este miércoles, ramarcaron que la salud “no es un privilegio, es un derecho”, y detallaron los reclamos que expondrán en diferentes puntos del país:
● No al cierre o desfinanciamiento del Programa Remediar, garantizando el acceso a medicamentos esenciales para toda la población.
● No al desfinanciamiento del PAMI ni a la imposición de topes, defendiendo la cobertura integral y la atención digna de nuestras y nuestros adultos mayores.
● No al desguace o desfinanciamiento del Programa Nacional de Inmunizaciones, asegurando la provisión de vacunas para toda la población, en especial para los grupos de riesgo (personas mayores de 65 años, embarazadas, niños y niñas).
● No al retroceso en políticas de Salud Mental.
Con estas consignas, y con el apoyo de organizaciones sociales, sindicales y de trabajadores de la salud, convocan “a toda la comunidad a organizarse y pronunciarse en defensa de un sistema de salud público, gratuito y de calidad. Frente al ajuste, respondemos con unidad, solidaridad y lucha”, aseguraron.
El apoyo de ATE
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se moviliza este miércoles 20 de mayo a las 13 desde el Ministerio de Salud, ubicado en Av. 9 de Julio 1925, hacia Plaza de Mayo para exigir que el Gobierno nacional frene el desmantelamiento sistemático del sistema sanitario argentino.
“Los recortes presupuestarios del Gobierno nos conducen hacia una catástrofe sanitaria”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, al tiempo en el que indicó que “son millones los argentinos que ven vulnerados su derecho humano a la salud”.
“Los servicios que no se están prestando en los hospitales y los programas desmantelados se traducen en el abandono de cientos de miles de familias a lo largo y lo ancho de todo el país”, agregó el dirigente del gremio estatal.
Para Rodolfo Aguiar, “es evidente que estas medidas las están tomando quienes no necesitan ni van a necesitar nunca del hospital público”. “Son las franjas sociales más vulnerables las que están siendo afectadas porque son ellas las verdaderas usuarias del sistema público de salud”, aseguró.
El dirigente indicó que “la falta de medicamentos y de vacunas está inundando de enfermedades a toda la Argentina”.
“También nos movilizamos para repudiar la decisión de la Argentina de salir de la Organización Mundial de la Salud. Hoy más que nunca necesitamos de la solidaridad y de la cooperación internacional”, concluyó Rodolfo Aguiar.
Desde que asumió el presidente Javier Milei en 2023, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40%. A esto se suma un recorte adicional de más de 63 mil millones de pesos en el Presupuesto 2026, mientras los hospitales públicos operan hoy con una ocupación cercana al 90%.
El ajuste se traduce en consecuencias concretas sobre la salud de la población: más de 742 mil personas perdieron su cobertura médica, el Programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3, dejando sin acceso a más de 20 millones de personas, y el presupuesto del PAMI fue recortado un 40%, con deudas que superan los $500.000 millones a prestadores, dejando a jubiladas y jubilados sin turnos ni atención.
La movilización también denuncia el desmantelamiento de políticas sanitarias esenciales, como la eliminación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) de salud reproductiva adolescente, el desfinanciamiento del Calendario Nacional de Vacunación —que ya derivó en un brote de sarampión y un aumento de casos de coqueluche, hepatitis A y meningitis—, la destrucción del Instituto Nacional del Cáncer y del Instituto de Medicina Tropical, y la supresión de la autonomía de los hospitales nacionales.
Los números muestran el impacto de estas decisiones: la tasa de mortalidad infantil aumentó por primera vez en dos décadas, de 8,0 a 8,5, y la mortalidad materna creció un 37%, alcanzando su valor más alto desde 2010 por fuera de la pandemia.
Se suma la provincia de Buenos Aires: el colapso del sistema sanitario y la dificultad para comprar remedios
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que la situación del sistema de salud es “muy grave y crítica”. Según declaró el funcionario del gobierno de Axel Kicillof, la provincia registra 35% más de internaciones en hospitales públicos y el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en el conurbano llega al 90%. También sostuvo que más de la mitad de las personas internadas en hospitales tiene obra social, pero utiliza el hospital público por cierres de clínicas o falta de capacidad de atención.
El aumento de la demanda ocurre mientras crece la dificultad para acceder a medicamentos. A través del ahora cerrado Plan Remediar se entregaban medicamentos esenciales a centros de salud. Kreplak sostuvo que la interrupción del programa provoca que uno de cada cuatro jubilados no pueda acceder a tratamientos, con lo cual aparecen más complicaciones, lo que es no solamente contraproducente para el propio paciente sino para el sistema de salud.
El reclamo también apunta al PAMI. Las organizaciones denuncian una caída presupuestaria que afecta prestaciones, tiempos de atención y acceso a medicamentos.
Los trabajadores sanitarios llegan a la marcha con salarios presionados por la inflación y jornadas más cargadas por el aumento de pacientes. Médicos, enfermeros, administrativos, residentes, técnicos y personal de apoyo sostienen una demanda que crece por la caída de ingresos de los hogares, la pérdida de empleo formal, el encarecimiento de las prepagas y la pérdida de cobertura real en obras sociales. El hospital público absorbe la crisis social, pero sus trabajadores no reciben más recursos por cada paciente nuevo que llega.
La salud mental también forma parte del reclamo. Según el material de la convocatoria, el presupuesto nacional en ese rubro fue de $48 millones anuales.
