La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cuestionó las recomendaciones de reforma tributaria formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina y reclamó la puesta en marcha de un nuevo consenso fiscal que impulse una transformación profunda del sistema impositivo provincial y municipal.
Las observaciones del organismo internacional, publicadas el 26 de mayo de 2026, incluyen propuestas para ampliar la base del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría mediante una reducción del piso a partir del cual tributan los trabajadores, extender la base imponible del IVA a bienes y servicios actualmente exentos y reformar el régimen del Monotributo mediante la ampliación de sus categorías.
Para CAME, estas iniciativas tienen un impacto directo sobre los asalariados, los pequeños contribuyentes y el consumo interno, por lo que las calificó como medidas regresivas.
“Reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos, sin modificar ninguno de los impuestos distorsivos estructurales que frenan la inversión, la producción y el empleo formal”, sostuvo la entidad empresaria.
El foco puesto en los impuestos provinciales y municipales
Según CAME, el principal problema del sistema tributario argentino no se encuentra en los impuestos nacionales mencionados por el FMI, sino en la estructura tributaria subnacional, especialmente en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y en las tasas municipales.
La entidad señaló que ambos gravámenes pueden representar entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, independientemente de su nivel de rentabilidad.
A diferencia del Impuesto a las Ganancias, que grava las utilidades efectivamente obtenidas, CAME remarcó que Ingresos Brutos funciona como un impuesto en cascada, aplicándose en cada etapa del proceso productivo y comercial, lo que incrementa su efecto distorsivo sobre los costos empresariales.
A ello se suman las tasas municipales, como las de Seguridad e Higiene, Habilitación Comercial y otras contribuciones que, según la entidad, en numerosos distritos equivalen a una carga adicional de entre el 0,3% y el 1,2% sobre las ventas brutas.
La preocupación por los saldos a favor
Otro de los puntos centrales del planteo empresario está relacionado con los regímenes de retención y percepción aplicados por las provincias.
Según explicó CAME, las empresas suelen sufrir descuentos anticipados que superan el monto real del impuesto que posteriormente deben pagar, generando saldos a favor que luego resultan difíciles de recuperar.
La entidad advirtió que, en muchos casos, los mecanismos de devolución pueden demorar entre uno y tres años, provocando una significativa pérdida de valor de esos recursos debido a la inflación.
Asimismo, destacó que jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe implementaron sistemas de devolución más ágiles para determinados montos, aunque consideró que el problema continúa siendo estructural.
La propuesta de un nuevo consenso fiscal
Frente a este escenario, CAME propuso convocar a un nuevo acuerdo entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios con el objetivo de armonizar el sistema tributario subnacional.
La iniciativa contempla unificar criterios sobre bases imponibles, regímenes de retención y percepción y mecanismos de devolución de saldos a favor.
Además, la entidad planteó avanzar en una reforma más profunda de Ingresos Brutos, eliminando su aplicación en las etapas intermedias de producción y concentrándolo únicamente en la venta final al consumidor, con un esquema similar al funcionamiento del IVA.
Según la organización empresaria, esta modificación permitiría reducir el efecto cascada del tributo y mejorar la competitividad de las empresas sin afectar la recaudación provincial.
El rol de la Comisión Arbitral
Dentro de la propuesta, CAME también postuló otorgar un papel central a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, organismo que coordina la distribución de bases imponibles entre las distintas jurisdicciones.
La entidad considera que este organismo debería asumir funciones de supervisión sobre los regímenes de retención y percepción, la validación de coeficientes de distribución y el control de los plazos de devolución de saldos a favor.
Críticas a las recomendaciones del FMI
En sus conclusiones, CAME sostuvo que aumentar la carga tributaria sobre los salarios no contribuiría a resolver los problemas estructurales de la economía argentina.
Según la entidad, una mayor presión sobre los trabajadores reduciría el consumo interno y la demanda agregada, sin generar incentivos para la inversión ni mejoras en la competitividad del sector productivo.
“Reducir el poder adquisitivo de los trabajadores mediante una mayor retención de Ganancias no genera empleo, no reduce la informalidad y no ataca los principales factores que desalientan la inversión productiva”, concluyó la organización empresaria.
