El Senado se reúne este jueves desde las 11 con una agenda que concentra tres temas de interés para Javier Milei. La sesión convocada por Victoria Villarruel incluye la aprobación de alrededor de 50 pliegos judiciales, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —el proyecto de desalojo exprés y venta de tierras— y el acuerdo con los holdouts para cancelar u$s 171 millones de deuda soberana en litigio desde el default de 2001.
Lo que no está en el temario es el pliego más caliente de la semana: el de María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata, que el Gobierno rechaza porque es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Patricia Bullrich decidió postergar esa definición para la semana que viene.
Los pliegos que sí se votan
Con Michelli en pausa, los cerca de 50 magistrados con dictamen aprobado en las cinco audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos —realizadas entre el 30 de abril y el 14 de mayo— entran al recinto. Varios de ellos generaron ruido antes incluso de que estallara el conflicto de esta semana.
Emilio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, es hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti. Llegó primero en la terna pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito original, posición que escaló tras las entrevistas ante los consejeros del Magistratura. En 2022 había renunciado a otro concurso luego de que trascendiera que había sido detenido por conducir alcoholizado. Su padre se abstuvo de votar en el Consejo.
Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, postulados a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, recibieron impugnaciones por resoluciones que beneficiaron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia.
Ana María Cristina Juan, candidata al Juzgado Federal de Hurlingham, es esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo la causa donde se investiga el caso $LIBRA.
US$171 millones a los holdouts
El segundo punto del temario es el acuerdo con los fondos que no entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 y que desde entonces litigan contra la Argentina ante la justicia de Nueva York. El acuerdo implica pagarle US$67millones a BainbridgeLtd y US$104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. El total de US$171 millones tiene una quita superior al 30% sobre los montos reclamados originalmente.
El acuerdo ya había sido devuelto a comisiones en una sesión anterior. El plazo límite original era el 30 de abril, pero el Ejecutivo logró extenderlo hasta el 30 de junio, lo que abre la ventana para que el Senado lo vote este jueves y luego lo remita a Diputados.
La ley de desalojo exprés y venta de tierras
El tercer punto del temario es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el proyecto del ministro Federico Sturzenegger que tiene varias aristas y que Bullrich tardó dos meses en negociar para conseguir los votos.
El capítulo más sensible es el de los desalojos. El texto habilita que, en casos de falta de pago o vencimiento del contrato, el dueño de la propiedad pueda exigir la desocupación del inmueble luego de solo 10 días de aviso. El Código Civil y Comercial vigente establece que recién después de dos meses consecutivos sin pagar el alquiler el locador puede rescindir el contrato. Con la nueva ley esa protección desaparece.
La negociación llevó a una distinción entre inquilinos morosos, con diez días de plazo, y ocupantes sin contrato —a los que el texto llama “usurpadores”—, para quienes el plazo se mantiene en tres días. También por presión de los aliados, y ante advertencias de la Iglesia y organizaciones sociales que alertaron sobre el riesgo de una emergencia habitacional, Bullrich aceptó eliminar el artículo que habilitaba desalojos en los barrios populares inscriptos en el RENABAP.
La ley también elimina el tope del 15% a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, una restricción que regía desde la ley de Tierras de 2011.
Hay un tercer componente que pasó casi desapercibido en el debate: la ley modifica también la Ley de Manejo del Fuego sancionada en 2020, que prohibía por hasta 60 años la venta y el cambio de uso de las tierras afectadas por incendios, una medida pensada para desincentivar la quema intencional con fines especulativos. El proyecto de Sturzenegger elimina esa restricción. Cuando fue a exponer en el Senado, el ministro defendió el cambio argumentando que era un “dislate” extender la protección de bosques nativos a la producción agropecuaria y afectar la propiedad privada durante décadas. (El Diario Ar)
