La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, más que duplicó en un año la caja de gastos flexibles de la Casa Rosada: la llevó de $471 millones a $1.135 millones, según pudo corroborar la Agencia Noticias Argentinas.
En ese circuito administrativo aparecen tarjetas corporativas estatales donde figuran la propia secretaria general, la vicepresidenta Victoria Villarruel y Eduardo “Lule” Menem.
Por la Resolución 35/2026, suscripta por la propia Karina Milei el 29 de enero y publicada en el Boletín Oficial el 2 de febrero, el Fondo Rotatorio 2026 de la Secretaría General quedó fijado en $1.135.112.226,90. El año anterior, ese mismo fondo había sido de $471.581.570,04.
El salto fue de casi $664 millones. En doce meses, la caja se multiplicó por 2,4: un aumento de alrededor del 141%.
La misma resolución autorizó gastos individuales de hasta $50 millones por operación y exceptuó de ese tope a tres rubros: servicios básicos, todo lo relacionado con los viajes presidenciales y débitos por embargos.
Ese es el fondo de gastos operativos de manejo flexible de la Casa Rosada. Una caja reconocida oficialmente, superior a los mil millones de pesos, desde la cual se atienden pagos, viáticos, servicios, bienes de consumo y otros gastos previstos por el régimen de fondos rotatorios.
En ese circuito administrativo aparecen las tarjetas corporativas estatales informadas por Presidencia. Al cierre de esta nota, desde Presidencia todavía no habían respondido a la solicitud de Noticias Argentinas sobre el detalle de los gastos.
Qué admitió Presidencia y qué no muestra
En respuesta a un pedido de acceso a la información pública, la Secretaría General informó, con corte al 10 de junio de 2026, la existencia de 140 tarjetas recargables vigentes, tres tarjetas corporativas de crédito y 62 usuarios activos de la plataforma “Corporativa Nación”.
Lo curioso es que el pedido no reclamaba solo un listado de tarjetas, sino los resúmenes mensuales, consumos, comercios, proveedores, CUIT, rubros, montos, moneda, impuestos, responsable del gasto, finalidad declarada, comprobantes, facturas, tickets, vouchers, rendiciones, autorizaciones, expedientes GDE e imputación presupuestaria.
Presidencia informó quiénes figuran en la nómina de tarjetas. No informó si esas tarjetas tuvieron movimientos y, en su caso, en qué se usaron, por qué montos, en qué comercios, con qué finalidad ni en qué expediente se rindieron.
Milei, Villarruel y “Lule” Menem: los nombres de peso
El dato político surge de la propia documentación oficial. Karina Elizabeth Milei figura bajo “Secretaría General Privada” con una tarjeta corporativa recargable terminada en 8888. La cuenta raíz que aparece en la nómina es “SEC GRAL PRES NACION”.
Victoria Eugenia Villarruel aparece dos veces, ambas dentro del Fondo Rotatorio. Una tarjeta figura bajo el subagrupador “Viáticos y Eventuales”, terminada en 7961. La otra aparece bajo “Anticipos”, terminada en 7755.
Eduardo “Lule” Menem figura bajo “SS. Gestión Institucional” con una tarjeta recargable terminada en 8045. Además, aparece en el listado de usuarios activos de la plataforma como “Administrador Centro de Costo” de esa misma subsecretaría, con código de usuario 5122171.
También aparece Santiago Oría, director de Realización Audiovisual y figura cercana al dispositivo comunicacional del Presidente, asociado a esa dirección, con una tarjeta terminada en 6086. En esa misma área figura Federico Nicolás Bustos, con una tarjeta terminada en 9041 y perfil de administrador de centro de costo.
La documentación enmascara los números completos de tarjeta, como corresponde por seguridad. Pero informa las terminaciones, áreas, subagrupadores y nombres asociados. Es suficiente para reconstruir la arquitectura del sistema sin exponer datos financieros sensibles.
El corazón del sistema: el Fondo Rotatorio
El capítulo más sensible es el Fondo Rotatorio. Allí aparecen ocho tarjetas recargables y las tres únicas tarjetas corporativas de crédito vigentes informadas por Presidencia.
Entre las recargables del Fondo Rotatorio figuran María Elisa Del Malvar, con una tarjeta terminada en 2369 bajo “Facturas FR”; Marcelo Nicolás Luque Mariño, terminada en 0382, también bajo “Facturas FR”; Victoria Villarruel, terminada en 7961 bajo “Viáticos y Eventuales”; Gustavo Moccia, terminada en 8084 bajo el mismo subagrupador; Luciano Terrevazzi, terminada en 5063 bajo “Anticipos”; otra vez Villarruel, terminada en 7755 bajo “Anticipos”; Edgardo Segovia, terminada en 6193; y Matea Di Bella, terminada en 5828 bajo “Bajas”.
Las tres tarjetas de crédito vigentes están a nombre de María Elisa Del Malvar, terminada en 5143; Marcelo Luque Mariño, terminada en 6128; y Gabriela Winnik, terminada en 6011.
La coincidencia es relevante. La Resolución 35/2026 designó a Gabriela Carla Winnik, titular de la Dirección General de Administración, como responsable del Fondo Rotatorio; y a Marcelo Nicolás Luque Mariño, titular de la Coordinación de Movimiento de Valores, como subresponsable.
Es decir: dos funcionarios formalmente vinculados al manejo del Fondo Rotatorio aparecen también en el ecosistema de tarjetas de crédito de ese mismo circuito.
Del Malvar completa el cuadro: figura con tarjeta de crédito, con una recargable del Fondo Rotatorio y con dos registros como “Administrador Raíz” de la plataforma, el perfil de mayor control del sistema.
Quienes administran la caja aparecen también en el sistema de tarjetas. Lo que no aparece es cuánto gastó cada uno, qué se compró, quién autorizó cada operación y cómo se rindió.
La plataforma del Banco Nación podía mostrar los consumos
El punto que vuelve más llamativa la omisión está en el convenio con el Banco Nación por la Tarjeta Corporativa Nación Prepaga, que Presidencia acompañó como parte de su respuesta.
Según ese convenio, la plataforma de administración permite consultar información en línea de consumos, transferencias, identificación de comercios, detalle de transacciones por tarjeta, movimientos de cuentas, reportes y liquidaciones.
También admite el uso en comercios adheridos y la extracción de efectivo en cajeros automáticos. En otras palabras: la herramienta para reconstruir cada operación existe y está descripta en la propia documentación oficial remitida por Presidencia. Esa trazabilidad no fue entregada.
GDE y e-SIDIF: la rendición que debía existir
La omisión pesa más porque el propio instructivo interno de cajas chicas, también enviado por Presidencia, fija un circuito de control obligatorio.
Ese instructivo establece que los gastos deben realizarse con Tarjeta Corporativa del Banco Nación, salvo excepciones puntuales. También prohíbe rendir gastos abonados con tarjetas personales, exige comprobantes válidos a nombre de la Secretaría General, constancias de AFIP, justificación del gasto y firmas digitales.
Las rendiciones de caja chica deben tramitarse mediante expediente electrónico GDE, bajo el trámite “Caja Chica Rendición”. Y deben incluir relación de gastos, resumen de la Tarjeta Corporativa, comprobantes digitalmente firmados, detalle e-SIDIF e informe de la unidad requirente.
La regla interna no deja demasiado margen: si hubo gastos, debían quedar registrados en resúmenes, comprobantes y expedientes GDE. Y si no hubo gastos, igual debía presentarse un resumen de cuenta con saldos y movimientos del período. Presidencia no entregó ni una cosa ni la otra.
Quiénes firmaron la respuesta
La respuesta principal fue firmada por Juan Manuel Galli, subsecretario Legal de la Secretaría General. La nota que remitió los anexos administrativos fue firmada por la Subsecretaría de Coordinación Administrativa.
El informe de tarjetas fue firmado por Marcelo Luque Mariño como coordinador de Movimiento de Valores. Es el mismo funcionario que, por Resolución 35/2026, fue designado subresponsable del Fondo Rotatorio y que además figura como titular de una tarjeta corporativa de crédito terminada en 6128 y de una tarjeta recargable del Fondo Rotatorio terminada en 0382.
La respuesta sobre imputación presupuestaria tampoco desagregó programa, actividad, inciso, partida, fuente, SAF, devengado, pagado y rendido, como se había solicitado. Solo indicó de manera genérica que los gastos se imputan en partidas de la Secretaría General y remitió al portal Presupuesto Abierto, que publica ejecución agregada y no permite reconstruir consumos por tarjeta, titular o centro de costo.
El sumario que mencionaron, pero no abrieron
La Dirección de Sumarios reconoció además que tramitó un sumario administrativo vinculado al punto del pedido que requería actuaciones por uso indebido, irregular, personal, no autorizado o no justificado de tarjetas corporativas.
La respuesta informó que el 6 de abril se emitió el informe final previsto por el Reglamento de Investigaciones Administrativas, con propuesta de cierre de la actuación disciplinaria y declaración de inexistencia de perjuicio fiscal. Pero el expediente del sumario no fue entregado.
No se informó qué hechos se investigaron, qué tarjeta estaba involucrada, qué funcionario o área aparecía en la actuación, qué monto se analizó, si hubo reintegro, qué dictámenes se produjeron ni cuál fue la resolución final.
La distinción importa: inexistencia de perjuicio fiscal no necesariamente equivale a inexistencia de una conducta observada. Puede haber habido una devolución, una regularización o una conclusión administrativa que descarte daño patrimonial. Pero sin expediente, no hay forma de verificar qué ocurrió. El Gobierno dijo que no hubo perjuicio fiscal. No mostró el expediente que permitiría comprobarlo.
La pregunta queda planteada en el propio expediente: si Presidencia admitió las tarjetas; si el Banco Nación permite ver consumos y comercios; si el instructivo exige tickets y rendiciones por GDE; y si el Fondo Rotatorio se duplicó hasta superar los $1.135 millones, ¿por qué no abrió la cuenta?
La paradoja la plantean los propios documentos oficiales: la misma gestión que hizo del recorte del gasto una bandera política más que duplicó en un año el Fondo Rotatorio de la Secretaría General y, cuando se le pidió mostrar el detalle, entregó la lista de tarjetas, pero no sus gastos.
Agencia NA
