El Gobierno planea profundizar los recortes y reestructurar organismos públicos antes de que comience plenamente la campaña electoral de 2027. En el Ejecutivo aseguran que iniciaron una nueva “revisión integral” de la administración nacional para detectar estructuras que puedan eliminarse, fusionarse o reducirse durante los próximos meses.
“Se está trabajando. No está cerrado qué entra y qué no”, expresan en Nación. La evaluación abarca en principio los organismos alcanzados por la reforma que el Ejecutivo impulsó mediante decretos delegados en 2025 y que luego quedó sin efecto por el rechazo del Congreso, pero en la Casa Rosada adelantan que también hay otras dependencias bajo análisis.
En Balcarce 50 sostienen que la nueva revisión integral apunta a profundizar la reorganización de la administración pública antes de 2027. El proyecto bajo análisis busca dar respaldo legislativo a parte de las transformaciones sobre organismos que el Ejecutivo había impulsado por decreto y que luego quedaron sin efecto tras el rechazo del Congreso. Además, el oficialismo asegura que analiza incorporar nuevas modificaciones sobre otras estructuras del Estado.
El antecedente inmediato incluye la disolución que se había dispuesto para Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito; la eliminación de la ARICCAME, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Instituto Nacional de Semillas, y la transformación del INTI, el INTA, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Tras el rechazo parlamentario, el Ejecutivo debió restablecer las estructuras anteriores.
La diferencia respecto del proyecto que comenzó a redactar el Ministerio de Desregulación a principios de año es que la nueva revisión no parte de una nómina cerrada. Los equipos de Federico Sturzenegger cruzan funciones, presupuesto, dotaciones, presencia territorial y superposición con provincias y municipios antes de definir qué organismos integrarán la propuesta. En Nación sostienen que la intención es que el paquete no sea una copia exacta de los decretos rechazados.
El plan incluye además continuar con la reducción de personal mediante la no renovación de contratos, retiros voluntarios, pases a disponibilidad y recortes en la planta permanente cuando existan procesos de reestructuración. El último informe oficial de Desregulación sostiene que entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se eliminaron 71.029 puestos de trabajo en el sector público, equivalentes al 14,1% de la dotación, y calcula un ahorro acumulado de US$2814 millones.
El documento muestra que la baja fue mayor en la Administración Pública Nacional y en las empresas estatales. La APN redujo su personal un 20,1% y las empresas públicas un 21,5%, mientras que dentro de la administración nacional la caída fue del 11,3% en las áreas centralizadas y del 15,9% en las descentralizadas. Los contratos bajo la Ley Marco bajaron 26,4% y los convenios con monotributistas retrocedieron 48,6%, frente a una reducción del 15% en las plantas permanente y transitoria.
El informe del Indec publicado el último jueves ubica la dotación total de junio en 271.696 personas: 184.202 en la Administración Pública Nacional y 87.494 en empresas y sociedades. La reducción interanual fue del 6,8% en la APN y del 4,5% en las compañías estatales, mientras que solo durante junio la plantilla total bajó alrededor del 0,6%.
La meta política que se había fijado el oficialismo para 2026 era reducir otro 10% de la dotación existente al comenzar el año, lo que representaba cerca de 27.000 puestos sobre una planta próxima a 279.000 empleados. En el Gobierno no confirman si ese objetivo se cumplirá de manera uniforme, pero sostienen que continuará funcionando como referencia para los ministerios, organismos descentralizados y empresas públicas.
La instrucción genera resistencias dentro de la propia administración. En algunas carteras advierten que “no hay más margen para recortar” sin afectar funciones operativas y reclaman que las próximas reducciones se concentren en organismos con estructuras duplicadas o en áreas con menor carga de trabajo. El Ejecutivo rechaza fijar un porcentaje idéntico para cada dependencia y asegura que la revisión será caso por caso.
La profundización del ajuste también está vinculada con la situación fiscal. Junio cerró con un déficit primario de $696.843 millones y un resultado financiero negativo de $1,025 billones, aunque el primer semestre mantuvo un superávit primario cercano al 0,6% del PBI y uno financiero del 0,1%. Los ingresos mensuales crecieron 22,3% interanual y los gastos primarios 37,7%, en parte por la postergación de Ganancias y el pago de aguinaldos previsionales.
La recaudación tributaria de junio alcanzó los $20,017 billones y aumentó 23,7% nominal interanual. Ganancias avanzó solo 11,3% por el traslado de los vencimientos de personas humanas, mientras que los derechos de exportación cayeron 27,8% por las alícuotas más bajas y una elevada base de comparación. En el acumulado de enero a junio, los recursos tributarios sumaron $109,572 billones y subieron 25,9%.
En la Casa Rosada creen que el repunte de la actividad puede fortalecer el IVA, Ganancias y las contribuciones de la seguridad social, pero reconocen dudas sobre la velocidad de esa mejora y sobre el impacto de las futuras reducciones de impuestos. El Gobierno considera que una reforma tributaria que baje alícuotas o elimine gravámenes necesita un recorte paralelo del gasto para no poner en riesgo el equilibrio fiscal.
El FMI proyecta para 2026 un superávit primario nacional del 1,4% del PBI y estima que deberá aumentar gradualmente hasta alrededor de 2,25% en el mediano plazo por el crecimiento del pago de intereses. El organismo sostiene que el cumplimiento de la meta requiere continuar limitando salarios públicos, transferencias a empresas estatales, subsidios, compras de bienes y servicios y gastos de capital, al tiempo que se avanza con reformas tributarias, previsionales y fiscales.
En la Casa Rosada aseguran además que la revisión no se limita a la reforma de organismos que quedó trunca tras la caída de los decretos delegados. En paralelo, el Ministerio de Desregulación trabaja sobre un amplio proyecto de cambios normativos que modifica competencias estatales, elimina regulaciones y redefine funciones en distintas áreas de la administración. El borrador incluye modificaciones que alcanzan organismos sectoriales y entes de regulación, junto con cambios en distintos regímenes administrativos y económicos, lo que en el oficialismo consideran parte del mismo proceso de reorganización del Estado. (con información de TN)
