Las autoridades responsables de controlar los medicamentos sabían que algo grave estaba ocurriendo en el laboratorio que producía el fentanilo contaminado mucho antes de que se conocieran públicamente las muertes.
Hubo alertas, inspecciones, informes técnicos que recomendaban impedir la producción y advertencias sobre el riesgo de que los medicamentos provocaran víctimas. Sin embargo, las medidas para detener la fabricación y retirar los productos del mercado se demoraron mientras las ampollas continuaban llegando a droguerías y hospitales. Cuando el Estado confirmó oficialmente la vinculación del lote 31.202 con eventos adversos, ya se habían registrado 63 muertes, según consta en la investigación judicial.
La secuencia quedó expuesta a partir de chats judiciales, documentos oficiales y actuaciones administrativas que reconstruyen cómo actuaron las máximas autoridades de la ANMAT y el INAME. Las ex titulares de ambos organismos, Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, fueron detenidas e indagadas esta semana, más de un año después de que comenzara la tragedia sanitaria.
La investigación periodística de Camila Dolabjian, en la sección Fotocarnet del programa Código Dolabjian por Radio Rivadavia, reconstruyó la cronología del caso y puso el foco en las decisiones adoptadas dentro de los organismos estatales encargados de garantizar la seguridad de los medicamentos.
El recorrido se remonta a 2023, cuando comenzaron a aparecer conversaciones entre funcionarias y responsables de HLB Pharma, firma vinculada a Laboratorios Ramayo, donde se producían los inyectables. En enero de 2024, una técnica detectó un hongo en la planta. De acuerdo con la reconstrucción, en lugar de avanzar inmediatamente con una sanción, Mantecón Fumadó habría advertido al laboratorio y buscado una salida que evitara medidas irreversibles.
El 28 de noviembre de 2024 se realizó una inspección en Laboratorios Ramayo. Los inspectores del INAME detectaron deficiencias críticas en documentación, controles microbiológicos, validaciones y depósitos. El informe interno recomendó inhabilitar la planta.
El 3 de enero de 2025, los inspectores volvieron a insistir con una recomendación contundente: prohibir toda la producción y retirar los medicamentos del mercado. Pero las medidas no llegaron a tiempo.
Entre el 16 de diciembre y los primeros días de enero de 2025 se produjeron los lotes de fentanilo que posteriormente quedarían bajo investigación por contaminación, mientras continuaban las conversaciones y reuniones entre funcionarios y representantes del laboratorio.
El 5 de enero asumió Bisio al frente de la ANMAT y al día siguiente recibió documentación con el historial de incumplimientos de las firmas desde 2018.
El 14 de enero se produjo una reunión considerada clave por la investigación. Participaron Bisio, Mantecón Fumadó y Ariel García Furfaro, señalado como dueño del laboratorio.
Los chats incorporados al expediente reconstruyen lo ocurrido después de ese encuentro y muestran, según la investigación, la predisposición de las funcionarias hacia el laboratorio. Allí se habría acordado un plan de acción para levantar las advertencias sin suspender la fabricación.
Al día siguiente, Mantecón Fumadó decidió no inhibir la producción ni retirar la advertencia. La investigación también señala que la funcionaria habría ofrecido asistencia para conseguir rótulos y prospectos.
El 30 de enero salieron a la venta unas 10.000 ampollas correspondientes al lote 31.202. El 8 de febrero se registró la primera aplicación que terminó con resultado fatal.
La situación no derivó inmediatamente en una alerta generalizada. El 10 de febrero se firmó una prohibición de producción, pero la resolución no fue publicada ni entró en vigencia de manera efectiva. Durante las semanas siguientes, las droguerías y hospitales continuaron operando con los productos.
Las consultas comenzaron a llegar a la ANMAT. En una de las conversaciones reconstruidas por la investigación, una técnica planteó la gravedad de la situación y advirtió sobre la posibilidad de nuevas muertes y la responsabilidad institucional.
La respuesta atribuida a Mantecón Fumadó quedó registrada en los chats: “Es un montón de guita que está en la calle”. La frase aparece en medio de las discusiones sobre qué hacer con los medicamentos que ya habían sido distribuidos y el impacto económico que tendría retirarlos.
Durante marzo, la prohibición continuó sin publicarse. El INAME rechazó nuevos planes de acción, mientras no se emitía una alerta pública para advertir sobre los riesgos de los productos.
Finalmente, en abril, fue el propio laboratorio el que anunció el retiro voluntario del fentanilo y su autoinhibición, antes de que el Estado concretara una respuesta integral.
El 22 de abril se confirmó oficialmente que el lote 31.202 estaba asociado a eventos adversos. Para entonces, según los elementos incorporados a la investigación, ya se habían registrado 63 muertes.
La denuncia formal de la ANMAT llegó en mayo, después de que un episodio registrado en el Hospital Italiano de La Plata volviera a poner el caso en el centro de la escena.
Sin embargo, incluso durante ese período continuaron los contactos entre funcionarios y representantes del laboratorio. La investigación señala además que los responsables del establecimiento recibieron información anticipada sobre inspecciones oficiales.
Uno de los chats incorporados al expediente refleja precisamente ese mecanismo. “Me acaba de avisar Ariel García Furfaro que mañana cae inspección”, escribió una funcionaria.
La cadena de decisiones también alcanzó al Ministerio de Salud. La Justicia busca determinar qué nivel de conocimiento tenía el ministro Mario Lugones sobre las irregularidades detectadas y las medidas que se discutían dentro de los organismos sanitarios.
Las exfuncionarias declararon que ninguna determinación de importancia se adoptaba sin el aval o la consulta previa del ministro. En esa línea, un chat del 26 de marzo expuso otra referencia directa a Lugones: Bisio le preguntó a Mantecón Fumadó si la situación podía derivar en el cierre de la planta porque, según escribió, “Mario pregunta”.
La conversación quedó incorporada a una causa que ahora intenta determinar hasta dónde llegó la cadena de responsabilidades y si las decisiones tomadas dentro de los organismos sanitarios tuvieron consecuencias penales.
Las dos exfuncionarias fueron posteriormente liberadas tras presentar fianzas de 75 millones de pesos mediante bienes inmuebles. La causa continúa abierta y deberá determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los involucrados.
El caso dejó expuesta una secuencia que comenzó mucho antes de que se conocieran públicamente las muertes: advertencias técnicas, inspecciones con irregularidades, informes que recomendaban detener la producción, reuniones con los responsables del laboratorio, demoras administrativas, productos que siguieron circulando y, finalmente, una tragedia sanitaria con decenas de víctimas.
Ahora la Justicia deberá establecer una cuestión central: qué sabían los funcionarios, cuándo lo supieron y por qué, pese a las advertencias existentes, las medidas destinadas a impedir la producción y circulación del fentanilo no llegaron a tiempo.
Agencia NA
