El operativo de seguridad desplegado frente al Congreso durante la manifestación contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada quedó bajo la lupa judicial. El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y contra el comisario inspector de la Policía Federal Argentina, Gustavo Antonio Gauna, a quienes pidió investigar por el accionar de las fuerzas de seguridad durante la jornada del 6 de agosto.
La denuncia alcanza además a “todos aquellos funcionarios públicos y efectivos de las fuerzas federales que resulten responsables”, ya sea como autores, coautores, partícipes o por las responsabilidades funcionales que pudieran corresponder. Según sostiene el escrito, el comisario inspector aparece en imágenes difundidas públicamente vestido de civil, portando un arma larga y efectuando disparos durante el operativo.
“Lo que surge de los registros difundidos es la participación activa de un funcionario policial armado, sin uniforme visible, en una intervención de naturaleza coercitiva”, sostiene la presentación. También solicita que el efectivo señalado sea apartado preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación.
La denuncia pide determinar qué arma utilizó el funcionario, qué munición llevaba, quién autorizó su portación, cuál era la función que tenía asignada y bajo qué órdenes actuaba. Pero el planteo no apunta solamente contra la actuación individual del comisario. La presentación busca establecer si la presencia de personal armado de civil formaba parte del dispositivo de seguridad previamente planificado y autorizado por las autoridades policiales y políticas o si, por el contrario, se trató de una conducta individual que excedió las órdenes recibidas.
Un operativo con 820 efectivos y denuncias de agresiones
De acuerdo con la denuncia, alrededor de 820 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura participaron del operativo desplegado en las inmediaciones del Congreso.
La presentación sostiene que la manifestación comenzó de manera pacífica y que, con el correr de la jornada, las fuerzas avanzaron sobre los sectores ocupados por los manifestantes.
El operativo incluyó, según se describe, gases irritantes, proyectiles de goma, camiones hidrantes y desplazamientos físicos de personas.
La denuncia también pone especial énfasis en las agresiones sufridas por trabajadores de prensa. “Uno de los aspectos más preocupantes de la jornada fue precisamente la afectación de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban desarrollando su actividad profesional”, afirma el escrito.
Entre las personas lesionadas, menciona a una fotógrafa que sufrió un traumatismo craneal durante los incidentes y señala que también fueron difundidos registros de otros trabajadores de prensa que habrían recibido impactos de proyectiles.
Para el denunciante, la sucesión de registros audiovisuales demostraría que no se trató de un episodio aislado. “La multiplicidad de registros resulta significativa porque permite advertir que no se trató de un único episodio aislado, sino de una secuencia prolongada de intervenciones policiales”, sostiene.
Qué responsabilidad le atribuyen a Monteoliva
La presentación también pone bajo análisis la responsabilidad de la ministra de Seguridad. El argumento es que Monteoliva, como máxima autoridad política de la cartera de la que dependen las fuerzas federales involucradas, debe ser investigada en función de las decisiones adoptadas antes, durante y después de la jornada.
La denuncia aclara, sin embargo, que no plantea una responsabilidad automática de la ministra por cualquier conducta de un integrante de las fuerzas.
“Su posición institucional resulta relevante porque la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 atribuye al Ministerio de Seguridad, por delegación del Presidente de la Nación, la conducción política del esfuerzo nacional de policía”, señala.
Por eso, solicita determinar si desde el Ministerio de Seguridad se impartieron, autorizaron o toleraron directivas incompatibles con las normas que regulan el uso de la fuerza.
La pregunta clave: ¿quién autorizó a los policías de civil?
Uno de los principales objetivos de la investigación será determinar si estaba prevista la participación de personal vestido de civil en el operativo y, en caso afirmativo, quién la autorizó y bajo qué normativa.
La denuncia pide al Ministerio de Seguridad que informe expresamente si estaba contemplada esa modalidad, cuál era su finalidad y si esos agentes estaban autorizados a portar y eventualmente utilizar armas de fuego durante la manifestación.
Respecto de Gauna, se solicita a la Policía Federal que informe si estaba afectado al operativo, cuál era su función, quién era su superior inmediato y qué autoridad ordenó o autorizó su participación.
También pide conocer si tenía asignada un arma de fuego y, en ese caso, qué arma era, su calibre, número de serie, cantidad de munición entregada y registros de eventuales disparos efectuados durante la jornada.
El uso de armas de fuego, bajo la lupa
La presentación invoca la Resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad, que establece el Reglamento General para el Empleo de las Armas por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad.
Según la denuncia, esa normativa dispone que las armas deben utilizarse únicamente cuando resulte estrictamente necesario y que las armas de fuego sólo pueden emplearse cuando otros medios no violentos resulten ineficaces y bajo determinadas circunstancias.
Por eso, plantea que si se confirma que Gauna utilizó un arma de fuego mientras estaba vestido de civil y sin identificarse como funcionario, deberá determinarse si se encontraba dentro de alguna de las excepciones previstas por la reglamentación.
“No se trata aquí de sostener que la sola utilización de vestimenta civil torne ilícito el accionar, sino de establecer si, al momento de recurrir al arma, se cumplieron las condiciones sustantivas y formales exigidas por la normativa que regula el empleo de la fuerza”, aclara la presentación.
Qué delitos se denuncian
La presentación plantea, en principio, la posible comisión de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previstos en el artículo 248 del Código Penal, además de vejaciones y/o apremios ilegales, contemplados en el artículo 144 bis, inciso 2°.
También plantea eventualmente el artículo 249, referido al funcionario que ilegalmente omite, rehúsa hacer o retarda un acto propio de su función.
El denunciante sostiene que la investigación deberá determinar si las órdenes impartidas durante el operativo fueron legales y si los efectivos se mantuvieron dentro de los límites de sus funciones.
“La existencia de una orden superior no convierte automáticamente en legítimo cualquier acto ejecutado en su cumplimiento”, advierte el escrito.
Piden cámaras, órdenes, armas y comunicaciones
Para avanzar con la investigación, la denuncia solicita una batería de medidas de prueba. Entre ellas, que el Ministerio de Seguridad entregue el operativo completo, sus anexos, modificaciones, órdenes complementarias e instrucciones y que identifique a los funcionarios que participaron de su elaboración, aprobación, coordinación y supervisión.
También pide a la Policía Federal todos los registros audiovisuales del operativo, incluidas cámaras corporales, cámaras instaladas en vehículos y registros de los centros de monitoreo.
A su vez, solicita las cámaras de seguridad del Congreso y los archivos originales de fotografías y videos de medios con especial atención a las imágenes que permitan determinar la actuación de Gauna y del personal de civil armado.
Finalmente, se pide tomar declaración testimonial a periodistas, fotógrafos, camarógrafos, manifestantes y otras personas que hayan presenciado los hechos.
Pedido de indagatoria para Monteoliva y Gauna
Como medida final, Dalbón pidió que se cite a prestar declaración indagatoria a Alejandra Monteoliva y Gustavo Antonio Gauna.
La solicitud figura expresamente en el petitorio de la denuncia, junto con el pedido de producción de las medidas de prueba propuestas.
(Ambito)
