El Gobierno de Colombia declaró la emergencia económica para afrontar las consecuencias del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país y que, según el último balance oficial, dejó al menos 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos.
La decisión permitirá al Ejecutivo implementar medidas extraordinarias sin tener que recurrir a los procedimientos legislativos habituales, con el objetivo de acelerar la respuesta ante la emergencia y comenzar la reconstrucción de las zonas más afectadas.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció además la creación de un fondo especial para canalizar recursos nacionales e internacionales. El dinero estará destinado a recuperar hospitales, escuelas, viviendas, rutas y aeropuertos dañados por el terremoto.
Entre las medidas previstas también aparecen subsidios para el alquiler de las familias que perdieron sus viviendas, asistencia para el pago de servicios públicos, alivios tributarios y financieros y herramientas de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios damnificados.
El último relevamiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indicó que 25.872 familias resultaron afectadas, lo que representa más de 53 mil personas damnificadas.
Los daños materiales también son importantes: se contabilizaron 11.347 viviendas destruidas y otras 53.526 dañadas, además de 140 edificios colapsados, 1.819 establecimientos educativos con daños y 631 centros comunitarios afectados.
Las regiones más golpeadas son Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca. El epicentro del sismo se ubicó en cercanías de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.
Mientras continúan las tareas de asistencia, una de las principales prioridades de los equipos de emergencia es localizar a las 496 personas que permanecen desaparecidas. Las autoridades indicaron que las tareas de rescate continúan con apoyo internacional, mientras cinco aeropuertos también deberán ser incluidos en los trabajos de reconstrucción.
