La tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo este miércoles. El gobierno británico rechazó la decisión de Javier Milei de iniciar un arbitraje internacional para intentar frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion y advirtió que la ofensiva argentina pone en cuestión la confiabilidad del país como socio de Londres.
La posición fue expresada por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado británica para los Territorios de Ultramar, quien difundió un comunicado en el que además reveló que esta semana el gobierno del Reino Unido citó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para expresar su posición.
“La decisión de Argentina de iniciar un arbitraje contra el Reino Unido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) es el último intento de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las Islas Malvinas”, sostuvo Kumaran.
The Falkland Islands are British. We will always defend the Falkland Islanders' right to self-determination.
Read the United Kingdom's response to Argentina's latest attempt to undermine the rights of Falkland Islanders below. pic.twitter.com/dwobfm98o4— Uma Kumaran MP (@Uma_Kumaran) September 30, 2026
La reacción se produjo después de que Milei instruyera a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a poner en marcha el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR. El planteo busca impedir la explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, así como nuevas autorizaciones para explotar recursos naturales en áreas de la plataforma continental cuya soberanía reclama la Argentina.
El Gobierno argentino dio un plazo de dos semanas al Reino Unido para adoptar medidas que impidan el inicio o la continuidad de las actividades. En caso contrario, anticipó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar una medida provisional mientras se constituye el tribunal arbitral.
El canciller Pablo Quirno confirmó que Londres ya fue notificado formalmente. El argumento argentino es que la extracción de hidrocarburos implica el aprovechamiento irreversible de recursos naturales no renovables en un espacio marítimo vinculado con una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.
La dura respuesta de Londres
El Reino Unido rechazó esos argumentos y volvió a reivindicar el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas. “Los habitantes de las Islas Malvinas han elegido libre y democráticamente su futuro y tienen todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coerción o interferencia de terceros”, afirmó Kumaran.
Según la funcionaria, las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de las islas están reguladas por la legislación local y se desarrollan “en pleno cumplimiento del derecho internacional, incluida la CONVEMAR”.
El comunicado avanzó luego sobre un terreno más amplio que la controversia jurídica por Sea Lion y vinculó directamente las medidas adoptadas por la Argentina con el estado de la relación bilateral.
“Esta semana dejamos claro a la embajadora de Argentina en el Reino Unido que los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las Islas Malvinas no son actos de compromiso internacional responsable; son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado”, señaló Kumaran.
Y agregó una de las frases más fuertes del pronunciamiento: “Ese comportamiento plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”.
Londres aseguró además que mantendrá su respaldo a las autoridades isleñas. “El Reino Unido continuará apoyando hombro con hombro al Gobierno de las Islas Malvinas y a los isleños. Defenderemos firmemente sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro”, afirmó la funcionaria.
La disputa por Sea Lion
En el centro de la nueva escalada se encuentra Sea Lion, un proyecto petrolero situado unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La iniciativa ya superó la etapa meramente exploratoria y sus responsables prevén comenzar la producción en 2028.
La operadora Navitas Petroleum, de origen israelí, posee una participación del 65%, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35%. La primera etapa contempla perforaciones submarinas y la utilización de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.
La Argentina sostiene que la explotación unilateral de esos recursos vulnera sus derechos soberanos y se apoya, entre otros argumentos, en las resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía y llaman a las partes a negociar una solución.
El Reino Unido, por su parte, rechaza ese planteo y considera que la administración de los recursos naturales forma parte del derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas.
El nuevo frente abierto por el Gobierno argentino trasladará ahora parte de esa disputa al terreno jurídico internacional. Si Londres mantiene su posición una vez cumplido el plazo de dos semanas, la Argentina buscará una medida provisional que frene o limite el avance de Sea Lion mientras se desarrolla el procedimiento arbitral.
El Diario Ar
