En un claro desafío y ninguneo a las medidas diplomáticas y judiciales adoptadas por la República Argentina, la petrolera británica Rockhopper confirmó que mantiene firme su plan de iniciar la extracción de petróleo en las Islas Malvinas durante el primer trimestre de 2028. La ratificación fue presentada en su último balance de resultados del primer semestre, donde la compañía aseguró que las sanciones aplicadas por el Gobierno nacional no alterarán el cronograma de ejecución.
El anuncio se produce en un momento de fuerte tensión bilateral, luego de que el presidente Javier Milei intensificara la ofensiva por la soberanía del archipiélago mediante la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), denuncias penales contra las firmas operadoras, el envío de una nueva ley de Soberanía al Congreso y la intención de llevar al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El proyecto Sea Lion y el respaldo del Reino Unido
El desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la cuenca norte del archipiélago y descubierto en 2010, se encuentra bajo el control conjunto de dos operadoras internacionales: la israelí Navitas Petroleum —que posee el 65% del paquete y cotiza en la Bolsa de Tel Aviv— y la británica Rockhopper, que conserva el 35% restante.
Frente a las acciones emprendidas por la Casa Rosada, ambas compañías calificaron los reclamos argentinos como «ilegítimos y carentes de justificación jurídica», respaldándose en el apoyo explícito del gobierno colonial de las islas y de Londres.
El director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, calificó el momento como un «período decisivo» y confirmó que una reciente ampliación de capital asegura los fondos necesarios hasta alcanzar la primera etapa de producción en 2028.
Navitas sostuvo que opera bajo permisos «otorgados legalmente por el Gobierno de las Islas Malvinas» en su condición de Territorio Británico de Ultramar, contando con el respaldo pleno del Reino Unido. La firma operadora anticipó que las medidas coercitivas dispuestas por la Argentina no tendrán «un efecto significativo en las actividades de desarrollo ni en el calendario de ejecución».
Escalada judicial y diplomática desde Buenos Aires
La postura de las petroleras se enfrenta a la batería de medidas que la administración argentina puso en marcha a principios de septiembre para sancionar la exploración y explotación no autorizada de recursos naturales en la plataforma continental.
Pese a los apercibimientos legales y el riesgo de quedar inhabilitadas para operar en territorio continental o sufrir el embargo de activos, los consorcios internacionales avanzan en la fase técnica y financiera de Sea Lion, configurando un nuevo foco de conflicto geopolítico y jurídico en el Atlántico Sur.
