La discusión judicial duró 18 años y 4 meses hasta que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro resolvió a favor del empresario Joe Lewis y permitió, de esta manera, que el magnate cerrara el acceso a Lago Escondido por el camino de Tacuifí, identificado como traza corta, donde se pasa por parte de la estancia privada.
Ahora, para llegar se deberá atravesar un sendero de montaña que se estima de 33 km y que comienza en la confluencia de los ríos Azul y Encanto Blanco, cerca de El Bolsón. Ese sendero no cruza por las propiedades de pobladores de la zona ni por la de Lewis, dueño de Hidden Lake.
Así fue la decisión de los jueces Ricardo Apcarian, Sergio Barotto y la jueza Cecilia Criado, quienes dieron lugar a los recursos de casación interpuestos por la Fiscalía de Estado de la provincia y la empresa Hidden Lake SA. De esta manera, revocaron los fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche y del exjuez civil de primera instancia Carlos Cuéllar, que habilitaban el paso por Tacuifí. Por su parte, las juezas Sandra Filipuzzi y María Luján Ignazi se abstuvieron.
Los magistrados del tribunal ordenaron a la Fiscalía de Estado «acreditar ante el Juez de ejecución, en el plazo de 60 días hábiles, el cumplimiento de las obligaciones remanentes de señalamiento y asegurativas impuestas a la Provincia con relación a la traza larga de acceso al lago» Escondido.
El reclamo por el acceso de Tacuifí a Lago Escondido
Desde 2005 que diversas organizaciones sociales y políticas venían marchando y reclamando el acceso legal por el paso también conocido como Domingo Puchy. Incluso, llegó a ser motivo de una causa nacional para muchos dirigentes. Uno de los últimos casos más exponenciales fue el de Juan Grabois, quien cruzó por el camino extenso y llegó para acampar en el lago que está frente a la propiedad del magnate británico.
Otra de las cuestiones que reclaman es la manera irregular en la que durante los años 90′ se adquirieron esas tierras.
Todo comenzó con el amparo de la entonces legisladora provincial Ari Magdalena Odarda contra Vial Rionegrina Sociedad del Estado (Viarse), la Subdirección de Comisiones de Fomento, el Gobierno de la Provincia de Río Negro y Hidden Lake SA, con el fin de que se garantice el libre acceso al Lago Escondido. Además, pidió en el amparo que se proceda a la reparación de caminos vecinales que conducen a aquel y de no encontrarse en condiciones, se construya una nueva vía de acceso.
Si bien la Justicia rechazó el pedido al poco tiempo, quedaron cuestiones por resolverse como las de garantizar la realización de un sendero para la «servidumbre» por la montaña. Hubo un acuerdo sobre este pedido, aunque en 2009 seguía sin cumplirse, por lo que la Justicia volvió a pedir que se cumpliera con lo acordado.
En 2013, Cuéllar, que entonces era juez civil de primera instancia de Bariloche, resolvió que correspondía garantizar además el camino por la traza corta de Tacuifí. Además, en septiembre del año pasado, los jueces Emilio Riat y Marcela Pájaro, de la Cámara de Apelaciones de Bariloche confirmaron esa sentencia de Cuéllar. Por eso es que Hidden Lake SA y la Fiscalía de Estado de la provincia recurrieron al STJ.
En paralelo, en junio de este año, el Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, había dispuesto revocar esa sentencia de 2022 de la Cámara Civil que ordenaba abrir el Camino de Tacuifí porque consideraba que ese dictamen modificaba lo dispuesto por el STJ en 2005 respecto a la forma de garantizar el acceso al Lago Escondido.
Los motivos que dio el STJ de Río Negro
En la sentencia actual, el STJ aseveró que la resolución original es clara en cuanto a qué sendero debía habilitarse. «La introducción del camino de Tacuifí fue una petición posterior de la demandante cuando el fallo estaba firme. Al aceptarla, el juez civil encargado de la ejecución de la sentencia y la Cámara se excedieron en sus facultades y desvirtuaron el fallo. De esta manera, esas decisiones afectaron cuestiones de raigambre constitucional como los principios de cosa juzgada, de congruencia y la preclusión de etapas procesales», advirtieron los magistrados.
Y agregaron que «las resoluciones recaídas en la etapa de ejecución de sentencia sólo pueden corresponder al cumplimiento de lo ya decidido y firme. El proceso de ejecución de sentencia no es más que la materialización de lo resuelto en el pronunciamiento que lo origina, al que no puede enmendar ni ampliar pues lo desnaturalizaría».
Resta esperar si Odarda presenta un recurso extraordinaria federal para intentar llevar la causa ante la Corte Suprema. (Perfil)
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