La diputada nacional electa de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Patricia Vásquez, en una de sus primeras intervenciones luego de asumir su banca el próximo diez de diciembre, presentará un proyecto de Ley para eliminar los Registros de Propiedad Automotor.
«Para no terminar enloquecidos, quiero eliminar los Registros Automotores! Llego a Congreso para trabajar para mejorarle la vida a los argentinos. Sin curros de la política, un solo arancel sin relación al valor del auto y trámite único digital. Una patente única toda la vida», publicó en su cuenta de X, acompañada de un video donde explica la problemática.
Primero en las redes y luego en declaraciones radiales, la diputada bonaerense sostuvo que son cajas políticas, «un curro» que le encarece a los ciudadanos un 6% del valor a transferir adicional.
Ese es el costo de la ineficiencia del Estado en la intermediación de un tramite que podría ser digital y rápido. La diputada sostuvo que hay más de 1550 registros Automotores en todo el país que recaudaron durante 2022 más de $60.000 millones de pesos, de los cuales los registros se quedan con aproximadamente el 70%.
«Los Registros automotores son una caja política, un curro que venimos padeciendo desde 1958. Los ciudadanos de bien tenemos que padecerlo, en la intermediación entre un Estado ineficiente y un trámite que debería ser sencillo y menos costoso», afirmó Vásquez
Patricia Vásquez, explicó en declaraciones radiales que hace más de un año y medio que trabaja en el proyecto. Propone un trámite digital y sencillo «como en cualquier lugar del mundo» y puso de ejemplo Estados Unidos: una patente para toda tu vida asociada a tu DNI. Tramite online en pocos minutos sin perder tiempo y con efecto inmediato, unificando también la transferencia de la responsabilidad civil del automotor. «En una misma plataforma toda la data del vehículo» propone. Con arancel único e independiente del valor del automotor.
«Son cajas políticas que nos hemos acostumbrado a tolerar, tiene que cambiar con un único costo y sin atravesar tantos formularios, requerimientos, perder días de trabajo, cambiar de radicación, todas consecuencias de un Estado ineficiente en un tramite que tiene que ser sencillo», describió.
«Es un sistema que impone el Estado, vos sos un rehén y no zafas», explica. La diputada se apoya en el nuevo clima político y social que «nos llevo a este lugar» y cree que es el momento de empezar a sacar del medio la burocracia, la ineficiencia. Ane la resistencia o los empleos en juego que podría haber, afirma que Prefiere beneficiar a 46 millones de argentinos en lugar de pensar los que están «prendidos en estas pymes políticas». Tiene que terminar en algún momento.
Qué son los Registros Automotores
Se trata de oficinas públicas que fueron tercerizadas hace décadas y adjudicadas con criterios poco transparentes que dieron origen a denuncias de distinto tipo. De hecho, buena parte de los Registros, están intervenidos.
Allí el Estado obliga a los ciudadanos a realizar todos los trámites vinculados a la posesión de un vehículo pero se queda con una parte menor de la recaudación. Un sistema engorroso y caro para los usuarios que termina siendo usufructuado por manos privadas por una mera intermediación.
En total hay 1.555 Registros Seccionales de la Propiedad Automotor en todo el país que dependen de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Cada seccional tiene un Encargado de Registro que es el responsable de llevar adelante la actividad, con la posibilidad de contratar personal a su cargo, las «pymes políticas» a las que hace alusión Vásquez.
Por estas oficinas deben pasar todos los trámites necesarios vinculados al patentamiento o transferencia de autos, motos y maquinarias agrícolas del país. Si bien los costos a pagar varían según el tipo y modelo de vehículo, se estima que tanto para la transferencia de un auto usado, o el patentamiento de un cero kilómetro, los usuarios deben abonar alrededor de un 6 por ciento del valor del vehículo.
(NA)
