Gremios y empresas no consensuaron este jueves un aumento en el salario mínimo, vital y móvil que establezca un nuevo piso de remuneraciones laborales por lo que la Secretaría de Trabajo lo determinará por decreto ante la falta de acuerdo. El nuevo monto tendrá además un impacto fiscal, ya que modifica el valor de algunos programas sociales clave como el Potenciar Trabajo o las Becas Progresar.
De la reunión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, que se realizó de manera virtual, participaron autoridades de la cartera laboral que dirige Omar Yasín, representantes de cámaras como la Unión Industrial Argentina, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y dirigentes gremiales que pertenecen a la CGT, y las dos CTA. Cerca de las 19.30 fuentes oficiales confirmaron que no hubo acuerdo y que la Secretaría de Trabajo fijaría a través de una resolución una cifra nueva a partir de febrero.
“Rompiendo una larga tradición de dialogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del Consejo del Salario en nuestro país, el gobierno impidió el normal desarrollo de la reunión con el único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo”, dijo la CGT, que reclamaba un incremento desde $156.000 hasta $288.600.
“El Gobierno evitó por todos los medios posibles que la reunión se desarrollara con normalidad, los empresarios encabezados por la Unión Industrial Argentina fueron complacientes con esa estrategia y no formularon ninguna propuesta”, cuestionaron desde la central obrera.
En términos prácticos la actualización del piso remunerativo tiene mayor influencia en el gasto del propio Estado que en el mercado laboral privado, pues hay varias prestaciones sociales que otorga el Poder Ejecutivo atadas al valor del salario mínimo, mientras que la mayoría de los convenios colectivos de trabajo ya tienen salarios que superan el SMVM.
Fuente: Infobae
