El Gobierno nacional ordenó hoy que el 75 % de las empresas de medicina prepaga bajen el precio de sus cuotas ya que deberán recalcular los aumentos que aplicaron desde diciembre tomando como base para el cálculo el Índice de Precios al Consumidor. Al mismo tiempo, la Superintendencia de Salud presentó una medida cautelar ante la Justicia para que devuelvan dinero a los usuarios.
“Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representan alrededor del 75 % de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por IPC”, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.
El vocero explicó además que las empresas “deberán aplicar como máximo” el IPC “para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses”. La medida, explicó Adorni, se tomó a raíz de una denuncia “por presunta cartelización”.
El anuncio se da luego de la fuerte polémica por los exorbitantes incrementos que las compañías aplicaron desde diciembre del año pasado muy por encima de la inflación general.
La medida tomó por sorpresa a las empresas, quienes no participaron de ninguna negociación con el Gobierno y analizan cuál es el camino que podrán tomar. Al respecto, desde el Ejecutivo advirtieron que si bien las compañías pueden apelar, la resolución ya está en vigencia y su aplicación no cesa ante una presentación de ese tipo.
“El Gobierno del presidente Milei no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista. La Argentina de la avidada se terminó el 10 de diciembre pasado”, añadió Adorni.
La medida fue dispuesta por la Secretaría de Industria y Comercio a instancias de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor que “determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país”, según la información oficial.
La decisión establece que el precio de la cuota deberá calcularse respecto del valor del mes de diciembre de 2023 multiplicada por la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023.
La medida preventiva, además, ordena “cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la Confederación Unión Argentina de Salud (UAS) o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial”.
“Hay que revisar el IPC de diciembre hasta ahora y ver cuánto es. Consideramos que va a haber una reducción considerable con respecto a lo que se pagó en abril”, dijo Adorni.
Asimismo, el vocero anunció que la Superintendencia de Servicios de Salud presentó una medida cautelar para que las empresas de medicina prepaga alcanzadas por la disposición de la Secretaría de Comercio les devuelvan a sus afiliados la diferencia entre los aumentos que aplicaron y los que deben aplicar a partir de la decisión oficial.
“La Superintendencia no controla más los precios, pero sí busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos”, resaltó Adorni. (Infobae)
