El Gobierno prevé definir esta semana el incremento que se aplicará sobre el precio de la energía mayorista, lo que permitirá conocer hasta donde llegarán los aumentos en las tarifas de luz y gas.
Consultoras privadas estiman que los aumentos podrían rondar el 40%.
El objetivo es reducir subsidios por unos US$ 130 millones mensuales en el invierno, según estimaciones de especialistas, que creen que el ministro de Economía, Luis Caputo, busca ahorrar unos US$ 390 millones.
El incremento se aplicará sobre el precio de la energía mayorista, uno de los tres componentes principales que integran la tarifa, junto con el transporte y la distribución.
El Gobierno ya definió que mantendrá en junio el congelamiento de las tarifas en transporte y distribución, con la meta de reducir el impacto de las subas sobre los índices de inflación.
Pero a su vez busca seguir achicando el costo fiscal y mantener un equilibrio de las cuentas públicas, como ocurrió en el primer cuatrimestre del año.
Un informe que circula en el sistema energético estimó que el costo fiscal por seguir manteniendo congelado el precio mayorista de la energía para el 65% de los hogares iba a trepar a US$ 650 millones mensuales durante junio, julio y agosto. El objetivo de Caputo es reducir ese gasto todo lo posible.
Facturas de gas con fuertes subas.
Mientras se definen estos nuevos aumentos, en estos días comenzaron a llegar las facturas de gas con subas promedio de 380% que se autorizaron en abril.
El fuerte incremento se debe a que hubo una actualización de tarifas para las empresas de distribución y transporte, dos servicios que componen el costo total de las boletas y que también habían quedado retrasados por el congelamiento tarifario que aplicó el anterior gobierno.
El Gobierno buscó en abril recomponer la rentabilidad de las empresas de gas, entre las que se encuentran Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS.
El aumento se dio, además, justo antes de comenzar el invierno, cuando el consumo de gas residencial se duplica.
Según especialistas, esto presionó aún más sobre el valor final de las boletas, por mayores precios y por el incremento del consumo de metros cúbicos de gas.
El problema que busca ir solucionando el gobierno es que los hogares de ingresos medios (N3) pagan apenas un 5% del costo de electricidad y 20% del gas, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet.
La estrategia es definir un límite de consumo subsidiado a los usuarios de ingresos bajos, que hasta ahora tienen subsidios ilimitados, y se bajará el bloque de consumo con subsidios que tienen los hogares de ingresos medios.
Sobre el excedente de esos bloques de consumo, los hogares pagarán el costo real del servicio, lo cual debería provocar una reducción del uso de energía.
Para los usuarios residenciales de altos ingresos (N1), comercios e industrias, el Gobierno también podría optar por una quita de subsidios.
Actualmente, los hogares N1 pagan el 65% del costo de electricidad y el 51% del abastecimiento de gas.
Según el informe del IIEP, un hogar promedio del AMBA sin subsidios gasta $118.825 en el mes en cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable.
Destina casi $28.000 al gasto de electricidad, $41.000 al de gas, $20.500 al agua y $29.000 al transporte (boletos de colectivo).
(NA)
