En los últimos años, sobre todo a partir de una serie de eventos meteorológicos extraordinarios que provocaron varias muertes -principalmente en Bahía Blanca- y que causaron miles de millones de pesos en pérdidas materiales y de infraestructura en toda la región, las diversas alertas que lanza el Servicio Meteorológico Nacional han cobrado una vital importancia en la vida diaria.
Consultadas por unos, desestimadas por otros, pero observadas por todos, estas advertencias se han convertido en los últimos tiempos en una constante en la vida diaria. Ya sea por eventos como tormentas, lluvias y vientos, o temperaturas extremas, su aparición ha encendido o provocado la toma de precauciones correspondientes a su nivel de alarma.
Es cierto: no siempre se cumplen y muchas veces no responden a la gravedad que parece expresar su denominación de “alerta”, pero en los últimas ocasiones su aparición -y las decisiones que generó- permitió que eventos meteorológicos que fueron desastrosos no acabaran en tragedias aún mayores.
Sin ir más lejos, en Bahía Blanca hay dos casos claros: el temporal del 16 de diciembre de 2023, que provocó 13 muertos, y la inundación del 7 de marzo de este año, que contó 18 víctimas. En ambos casos, a esto hay que sumarle pérdidas multimillonarias tanto en infraestructura urbana como en materiales y elementos privados.
En el primero de estos casos, desde varios días antes se venían emitiendo alertas naranja por tormentas, pero en ese momento no surtieron ningún efecto en la población: eventos al aire libre, en gimnasios cubiertos, fiestas y comercios en funcionamiento, son algunos de los ejemplos de lo ocurrido. Cuando la tormenta y sus vientos de 180 kilómetros por hora llegaron, muchos preguntaban qué estaba pasando y por qué -aún hoy está en discusión- nadie había avisado lo que podía pasar.
La inundación del último viernes 7 de marzo todavía está en las retinas de todos los bahienses y vecinos de una amplia región. En este caso, el alerta naranja se extendía a gran parte del Sudoeste desde la tarde noche del jueves 6: antes de esa medianoche, el agua ya había causado destrozos en cercanías de Guaminí, rompiendo un puente sobre la ruta provincial 65. Al día siguiente, provocó anegamiento de campos y caminos, mortandad de animales y destrucción de infraestructura vial.
En Bahía Blanca, el temporal de diciembre de 2023 ya había dejado una triste enseñanza. De hecho, como también comenzó a ocurrir en algunos municipios de la zona a partir de lo ocurrido, ante un alerta naranja se habían suspendido distintos eventos, de manera de evitar la circulación de gente. Por ello, ante el alerta naranja, ya se había determinado la suspensión de clases y algunas actividades; después, cuando la advertencia se había visto incrementada a nivel rojo, la fuerza del agua fue demasiada para cualquier tipo de esfuerzo. Sin embargo, hoy se reconoce que sin esa decisión y con la gente en la calle desde temprano, el conteo de víctimas habría sido aún mayor.
Es más, y desde las órbitas oficiales reconocen que si bien entienden que un alerta amarillo no reviste peligro, su gran amenaza es que se encuentra solo a un paso de convertirse en alerta naranja, lo que termina implicando otro nivel de decisiones.
En este marco, en los últimos días fue presentado -en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires-, un proyecto que prohíbe la realización de eventos, actividades o reuniones a partir de la emisión de alertas meteorológicas naranja o roja por parte del SMN, y establece el pago de multas clausuras o pérdida de licencias en caso de no cumplimiento.
La propuesta, elaborada por la legisladora bahiense por la Sexta Sección Electoral, Natalia Dziakowski (Acuerdo Cívico-UCR + GEN), se fundamenta en la necesidad de reforzar las medidas de prevención, “sobre todo en escenarios donde los fenómenos climáticos extremos en la provincia de Buenos Aires se vienen sucediendo con mayor intensidad y frecuencia y con impactos devastadores”.
“En lo que va del año 2025, la provincia de Buenos Aires ha registrado niveles récord de precipitaciones provocando graves inundaciones en una extensa parte del territorio, como las que sucedieron en el mes de mayo que afectaron a 27 municipios de la región metropolitana y del noroeste de la provincia», recordó.
La diputada consideró “urgente tomar medidas preventivas que fortalezcan las acciones tendientes a evitar y/o reducir los riesgos de la población en contextos de condiciones meteorológicas adversas”.
Qué dice el proyecto de ley
El proyecto hace especial hincapié en “la necesidad de reforzar las medidas de prevención en el marco de la gestión integral del riesgo y la protección civil estatal, sobre todo en un escenario donde los fenómenos climáticos extremos en la provincia de Buenos Aires, especialmente las inundaciones, se vienen sucediendo con mayor intensidad y frecuencia y con impactos devastadores”.
En su artículo 3, el proyecto presentado por Dziakowski señala que “queda prohibida la realización de eventos durante períodos de alerta meteorológica naranja o roja”.
Además, establece que los organizadores de eventos tendrán la obligación de monitorear y acatar las alertas meteorológicas emitidas por las autoridades competentes provinciales y/o nacionales.
Así, “en caso de recibir una alerta meteorológica naranja o superior, los organizadores deben tomar medidas inmediatas para informar al público sobre la cancelación y/o postergación de los mismos”.
En caso de constatarse una infracción al cumplimiento de la ley, “se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora, y se dará actuación a la autoridad competente, a fin de que aplique las sanciones del caso”.
“El incumplimiento de esta ley por parte de los organizadores de eventos, puede resultar en multas, clausuras y/o pérdidas de licencia según el caso, delegándose su graduación y fijación al Poder Ejecutivo. Los montos por multas serán afectados a un fondo particular, destinado a atender las víctimas de catástrofes climáticas”, se establece.
Segmentación
El proyecto entiende por evento a cualquier reunión, actividad o acontecimiento que implique la congregación de más 30 personas en un espacio público o privado.
A su vez, en cuanto a las alertas emitidas desde el SMN, establece que el alerta naranja advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.
Estos, reconoció, ocurren menos del 10 por ciento de las ocasiones.
En cuanto a los alertas rojos, el texto considera que “se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.
“Este caso está reservado para situaciones muy particulares en donde la intensidad del fenómeno esperado estaría cercano a su máximo climatológico. Ocurre en el 1 % de los casos o menos”, manifiesta.
Según los fundamentos del proyecto, para establecer el nivel de alerta, el SMN tiene en cuenta algunos criterios técnicos basados en tres aspectos: la intensidad del fenómeno, los factores adversos -una situación no necesariamente meteorológica que puede aumentar el impacto del fenómeno meteorológico- y la probabilidad de ocurrencia de un evento meteorológico que representa una amenaza.
“Cada uno de estos factores se tiene en cuenta para determinar el nivel de alerta”, se explica.
(La Nueva)
