Un nuevo informe de la Fundación Soberanía Sanitaria encendió una señal de alarma difícil de soslayar: durante 2024 aumentó la mortalidad infantil en Argentina, rompiendo una tendencia descendente que se había sostenido durante más de dos décadas.
El estudio, elaborado a partir de datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, indica que la tasa de mortalidad infantil alcanzó las 8,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, lo que representa un incremento del 6,25% respecto de 2023, cuando el indicador se ubicaba en 8 por mil. Se trata del mayor aumento porcentual desde el año 2002.
La mortalidad infantil es considerada uno de los indicadores más sensibles de las condiciones de vida de una población. Su evolución refleja no solo el funcionamiento del sistema de salud, sino también variables estructurales como el empleo, los ingresos, la situación social y el acceso efectivo a derechos básicos, especialmente en los sectores más vulnerables.
Un fenómeno de alcance federal
El informe advierte que el retroceso no se limita al promedio nacional. Del análisis por jurisdicciones surge que solo 9 de las 24 provincias lograron sostener la tendencia a la baja, mientras que 15 registraron aumentos en la tasa de mortalidad infantil. En varias de ellas, las subas superaron el 10% y en algunos casos alcanzaron o superaron el 20%, lo que evidencia un fenómeno de alcance federal y no un problema aislado.
La mortalidad neonatal, el principal factor
El crecimiento registrado en 2024 se explica principalmente por el aumento de la mortalidad neonatal, es decir, las muertes ocurridas durante los primeros 28 días de vida. Este indicador pasó de una tasa de 5,5 en 2023 a 6 en 2024, mientras que la mortalidad posneonatal se mantuvo estable.
La mortalidad neonatal concentra cerca del 60% de las muertes infantiles y está directamente relacionada con el acceso oportuno y de calidad a los controles del embarazo, la atención del parto y el cuidado del recién nacido.
Ajuste, recortes y políticas debilitadas
Desde la Fundación Soberanía Sanitaria señalan que este retroceso se produce en un contexto de crisis económica y social, con deterioro de las condiciones laborales, aumento del desempleo y mayores dificultades para acceder al sistema de salud. A ello se suma, según el informe, el debilitamiento de políticas sanitarias clave, especialmente en el área perinatal.
Entre los retrocesos mencionados se destacan el debilitamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, la suspensión de la provisión nacional de medicamentos e insumos críticos —como surfactante pulmonar, gammaglobulina anti RH y tratamientos para patologías congénitas— y la discontinuidad de programas preventivos, como el de Sueño Seguro. Estas decisiones, advierten, profundizan la fragmentación del sistema de salud y amplían las desigualdades entre provincias.
“El aumento de la mortalidad infantil vuelve a mostrar su carácter de indicador privilegiado del impacto de las políticas públicas. Cuando el Estado se retira, las consecuencias aparecen primero en los sectores más vulnerables”, concluye el informe, que reclama una revisión urgente de las prioridades en materia sanitaria y social.
En un escenario donde el Gobierno nacional destaca supuestos logros macroeconómicos, los datos oficiales sobre mortalidad infantil exponen el costado más crudo del ajuste: menos nacimientos no garantizan mejores condiciones de vida, y el deterioro de los indicadores sanitarios anticipa un agravamiento de las desigualdades sociales y territoriales en la Argentina.
El informe completo
