La organización ambientalista Greenpeace presentó una medida cautelar ante la Justicia para que se garantice la participación oral de los 100 mil inscriptos en las Audiencias Públicas convocadas en la Cámara de Diputados para debatir la reforma de la Ley de Glaciares.
Según el esquema previsto, solo 200 personas podrán exponer de manera presencial en la primera jornada y otras 200 en la audiencia virtual del jueves, mientras que el resto deberá limitarse a enviar presentaciones por escrito o videos de hasta cinco minutos.
La causa recayó en el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, actualmente subrogado por el juez Enrique V. Lavié Pico.
Desde el ámbito parlamentario advirtieron que, si se hiciera lugar al pedido en los términos planteados, serían necesarios alrededor de 500 días para completar las exposiciones, mientras que sectores de la oposición proponen encontrar un criterio intermedio entre los 400 oradores previstos y la totalidad de los inscriptos.
La presentación judicial de Greenpeace apunta contra la resolución impulsada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente. Dicha disposición establece que podrán participar los primeros inscriptos de cada provincia, tanto en modalidad presencial como virtual.
En su escrito, la ONG solicita que se ordene “al Congreso de la Nación garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Además, pide la readecuación del cronograma previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación o la incorporación de nuevas jornadas, así como la implementación de medidas organizativas que permitan una participación efectiva y sin restricciones.
En esa línea, cuestiona mecanismos alternativos como el envío de videos o presentaciones audiovisuales, al considerar que “resultan incompatibles con los estándares más elementales de participación pública”.
Por último, Greenpeace solicitó la designación de veedores judiciales que supervisen el desarrollo de las audiencias —tanto presenciales como virtuales— para asegurar su correcta realización conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo de Escazú.
