Los cambios a la Ley de Glaciares encendieron las alertas en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La administración de Axel Kicillof rechazó las modificaciones impulsadas por el presidente Javier Milei y advirtió que podrían causar graves perjuicios a los recursos hídricos bonaerenses, especialmente en una de las principales zonas productivas del Sudoeste: el Valle Bonaerense del Río Colorado.
“El agua de los glaciares es absolutamente necesaria para la producción. Sólo en la provincia de Buenos Aires, la cuenca del río Colorado, que depende del deshielo de glaciares, es el sistema de riego de 80.000 hectáreas del sur, la zona más árida. Sin agua no hay vida ni producción posible”, sentenció la ministra de Ambiente, Daniela Vilar.
La funcionaria participó de la primera jornada de audiencias públicas convocada por la Cámara de Diputados de la Nación para debatir sobre los cambios a la ley vigente. En este marco, les reclamó a los diputados: «no avancen con esto».
“No solo por una responsabilidad institucional, sino también humana. Porque esto es irreversible. Los glaciares no se pueden volver a generar y el daño que están provocando con esta avanzada tampoco se puede revertir”, completó.
Vilar consideró que la iniciativa del Gobierno nacional representa “un retroceso en materia de protección del agua”, ya que “busca habilitar actividades extractivas en zonas de glaciares y ambientes periglaciales”.
“Hoy, donde hay glaciares o ambiente periglacial, no se habilitan actividades extractivas porque el daño potencial es irreversible. No se evalúa caso por caso, sino que se establece un piso general y uniforme de protección”, destacó la ministra.
El Inventario Nacional de Glaciares indica que hay 452 glaciares en la subcuenca del río Grande, principal afluente del Colorado.
“El ambiente periglacial es el suelo permanentemente congelado de alta montaña. Acumula agua en invierno y la libera en verano, cuando no hay lluvias ni nieve. Destruirlo equivale a romper el tanque de reserva de agua de millones de personas”, alertó.
Vilar criticó que el proyecto libertario dispone que el inventario nacional de glaciares deje de ser vinculante para las provincias, pese a que –dijo- tiene “una precisión del 95%” y está “validado por glaciólogos internacionales”.
“Con el nuevo proyecto, el inventario pasa a ser no vinculante y solo un material de consulta, por lo que una provincia puede avanzar sobre un glaciar catalogado y protegido. Se invierte la lógica: antes la duda protegía (de la explotación minera); ahora, habilita”, criticó.
“La flexibilización beneficiará a empresas transnacionales y el costo lo pagan las comunidades más vulnerables”, fustigó la funcionaria.
Un río, una cuenca con 452 glaciares
Desde su nacimiento en la Cordillera de los Andes, el río Colorado recorre aproximadamente 1.200 kilómetros -entre las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires- hasta desembocar en el Océano Atlántico, justo en el límite entre los distritos de Villarino y Patagones.
El curso de agua nutre decenas de iniciativas productivas en todas las provincias de la cuenca, entre las que se destaca la del Valle Bonaerense del Río Colorado, que ronda las 80 mil hectáreas bajo riego.
Además, brinda agua para consumo humano a una importante porción de la población de la provincia de La Pampa, por lo que el monitoreo de la calidad del líquido se efectúa en forma constante. Es una de las funciones centrales del Comité Interjurisdiccional de Cuenca (Coirco).
El Colorado nace de la confluencia de dos ríos que actúan como sus afluentes principales: el Grande y el Barrancas, el límite natural entre las provincias de Mendoza y Neuquén.
El Grande es el más caudaloso. Nace en la provincia de Mendoza, cuya ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, dijo recientemente que esa provincia está a favor de los cambios en la Ley de Glaciares para “fortalecer la implementación y evitar vacíos de información”.
La funcionaria criticó que la norma actual determina que algunas áreas de la provincia son periglaciales “de manera estimativa”, lo que traba el desarrollo económico porque no ofrece a potenciales inversores “reglas claras basadas en información sólida”.
“Los que firmamos las declaraciones de impacto ambiental somos los gobiernos provinciales, y el Estado, como titular de los recursos, tiene la responsabilidad de darse normas que reduzcan la discrecionalidad y permitan aplicar los presupuestos mínimos”, señaló.
La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, opina lo contrario. Dijo, en tal sentido, que dejar en manos de cada provincia decisiones que podrían afectar a otras jurisdicciones es un grave error.
“Con la modificación, las provincias competirán entre sí por ver quién flexibiliza más para atraer inversiones extractivas, mientras los costos los pagará el conjunto del país”, alertó.
“Si Mendoza autoriza actividades que dañen los glaciares, el impacto llegará aguas abajo, a comunidades de provincias que no tuvieron voz en esa decisión”, dijo Vilar.
Su temor no es infundado: la subcuenca hidrológica del río Grande, la mayor aportante de agua al río Colorado, cuenta con nada menos que 452 glaciares inventariados, que ocupan 60,3 kilómetros cuadrados. Así figura en el Inventario Nacional de Glaciares.
La mayor parte de estos glaciares son del tipo “descubierto” (ocupan 28,46 kilómetros cuadrados). Luego aparecen, en orden de importancia, los denominados glaciares de escombros, que están recubiertos por rocas y, si bien son menos visibles, constituyen una gran reserva de agua (18,02 km2).
Completan el inventario los glaciares cubiertos con glaciar de escombros (8,82 km2), el glaciar cubierto (2,90 km2) y los manchones de nieve o glaciaretes (2,099 km2).
Las nacientes de la subcuenca del río Barrancas también están alimentadas por glaciares de montaña y áreas de permafrost (suelo congelado), que regulan el caudal durante deshielos.
“Estos glaciares son fundamentales porque aseguran un caudal mínimo para el río Colorado, del cual dependen el consumo humano, el riego y la generación de energía en cinco provincias argentinas”, indica Coirco sobre el tema.
La Pampa, en alerta rojo
Si en la provincia de Buenos Aires hay dudas sobre las decisiones que pueda tomar Mendoza en caso de que se aprueben los cambios en la Ley de Glaciares, en La Pampa directamente las autoridades, instituciones, facultativos y especialistas están en alerta rojo.
No es para menos: decenas de comunidades pampeanas toman a diario agua del acueducto del río Colorado para consumo humano.
A inicios de marzo centenares de personas debatieron al respecto durante un encuentro que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, impulsada por la secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la gobernación, la Fundación Chadileuvú, la Asamblea por los Ríos Pampeanos y la secretaría de Recursos Hídricos.
Durante la jornada disertaron desde los secretarios de Ambiente y Cambio Climático (Vanina Basso) y de Recursos Hídricos (José Gobbi), hasta legisladores nacionales, especialistas en derecho constitucional, profesores e investigadores del INTA. Todos mostraron su preocupación por lo que los cambios en la ley podrían implicar en materia ambiental, jurídica, científica, técnica, política y social.
Ante ministros provinciales y la propia fiscal de Estado, Romina Schmidt, los presentes coincidieron en que la discusión adquiere una dimensión particular en La Pampa por la delicada relación que existe con Mendoza por el manejo de las cuencas hídricas.
No fueron pocos los que recordaron el conflicto por el río Atuel: según dijeron, el manejo autoritario y discrecional que Mendoza efectuó sobre ese curso de agua y sus afluentes provocó que dejara de llegar al territorio pampeano.
La discusión por este río aún se mantiene. Esto, para varios funcionarios y referentes pampeanos en la materia, es una señal evidente de que no se puede dejar en manos de una provincia decisiones que pueden tener fuerte impacto en otros territorios.
“Los 40 (senadores) que han apoyado la reforma de la Ley de Glaciares han votado a favor de (Alfredo) Cornejo, el gobernador mendocino, quien fue el gran propulsor del proyecto, sostenido también por quienes conforman la Mesa del Cobre (San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy y Catamarca) y la del Litio (Jujuy, Catamarca y Salta)”, se denunció desde la Fundación Chadileuvú, otra entidad con fuerte compromiso con el cuidado del recurso hídrico en La Pampa.
“Han votado una ley a favor de las transnacionales mineras como Barrick Gold y Río Tinto, que solo dejarán como saldo un pasivo ambiental que sufriremos nosotros y las próximas generaciones pues afectará profundamente los sistemas hídricos cordilleranos y solo dejarán migajas para la economía del país”, añadió.
Advirtió además que “tarde o temprano la explotación minera propuesta por Mendoza en base al proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) afectará al Colorado”.
“Es el único río que nos queda, porque podemos decir que en la ciudad capital tomamos agua por obra y gracia de los dos glaciares que alimentan al río Grande, principal afluente del Colorado”, se indicó.
“Con lo sucedido con el río Atuel tenemos más que suficiente para proyectar qué sucederá con el río Colorado cuando Mendoza la emprenda con el ambiente periglaciar y los glaciares que alimentan al río Grande”, concluyeron desde la Fundación Chadileuvú.
Las claves
La ley 26.639 –conocida como Ley de Glaciares- se denomina Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Fue sancionada en 2010
La norma define no sólo lo que es un glaciar, sino también los denominados “ambientes periglaciales”. Ambas –indica- cumplen funciones de reserva estratégica de agua.
En este marco, impide la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en glaciares y zonas periglaciares, así como la instalación de industrias, la construcción de obras o infraestructura que pueda afectar la calidad del agua o el hielo.
Además, la ley dispuso la creación del Inventario Nacional de Glaciares, que debe ser actualizada cada cinco años por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), del Conicet.
Tras las audiencias públicas sobre el tema, Diputados espera tratar el proyecto durante el mes próximo.
Los cambios que impulsa el gobierno nacional –que ya fueron aprobados por el Senado- dispone que la protección no sea para todos los glaciares y ambientes periglaciares, sino solo para los cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva y relevante para la recarga de cuencas hidrográficas”.
Además, la nueva norma indica que son las propias provincias las que deben determinar en qué zonas se pueden habilitar actividades extractivas –como la minería- y en cuáles no. Invoca para ello el artículo 124º de la Constitución Nacional, que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.
Quienes rechazan los cambios, en tanto, señalan que estos atentan contra el artículo 41º de la Constitución Nacional, que le da al Congreso la potestad de generar leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental que las provincias no pueden desobedecer. (La Nueva)
