La diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó una denuncia penal para que se investigue si existieron irregularidades y conflicto de intereses en el otorgamiento de créditos por parte del Banco de la Nación Argentina a funcionarios y legisladores del oficialismo.
La presentación judicial se da luego de que trascendiera que distintos funcionarios, entre ellos Juan Pablo Carreira, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Federico Furiase y Emiliano Mongilardi, así como los diputados libertarios Mariano Campero, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni, recibieron créditos que van desde los 100 hasta los 500 millones de pesos.
En su denuncia, Frade señaló que, a partir de información difundida en distintos medios, existirían miles de créditos otorgados por el Banco Nación que podrían estar vinculados a actividades irregulares o incluso delictivas, por lo que solicitó el impulso de una investigación penal.
Entre los datos mencionados, la legisladora indicó que Carreira habría recibido $113 millones, mientras que Inchauspe y Núñez obtuvieron $510 millones cada uno, y el secretario de Finanzas, Furiase, accedió a $376 millones. También mencionó a Bongiovanni con $322 millones, Campero con $340 millones, Santiago Santurio con $225 millones y Villaverde con un monto similar.
Pedido de informes y peritajes
En su presentación, Frade solicitó a la Justicia que se requiera al Banco Nación los legajos crediticios completos de los beneficiarios, así como también las actas de directorio que aprobaron dichas operaciones.
Además, pidió la intervención de peritos contadores de la Justicia Nacional para determinar si existieron perjuicios económicos para la entidad, y que el banco informe si hubo condiciones preferenciales en tasas, plazos u otras variables, en comparación con la práctica habitual.
También solicitó que se investigue una posible violación a la Carta Orgánica del banco y a los manuales de procedimientos, así como la existencia de relaciones jerárquicas o de otra índole entre los otorgantes y los beneficiarios.
Rechazo de los acusados
Por su parte, los diputados Mariano Campero y Alejandro Bongiovanni rechazaron las acusaciones y negaron haber recibido beneficios indebidos.
Campero calificó la denuncia como “maliciosa” y sostuvo que se trata de una línea de crédito hipotecario en UVA abierta a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos. En ese sentido, explicó que accedió a un préstamo de $275 millones en mayo pasado, con el que adquirió su primera vivienda en la ciudad de Yerba Buena, y que actualmente la deuda asciende a $322 millones debido a la actualización por inflación.
En tanto, Bongiovanni aseguró que es “falso” que haya accedido a condiciones diferenciales, y afirmó que el crédito fue otorgado con las mismas condiciones vigentes para clientes que perciben haberes en la entidad, con una tasa del 4,5% en UVAs, en línea con lo ofrecido a otros usuarios.
La causa ahora quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si existieron irregularidades en el otorgamiento de los préstamos o si se trató de operaciones dentro de los parámetros habituales del sistema financiero.
