El Gobierno recaudó $1,5 billones para rutas y obras viales, ejecutó apenas una cuarta parte y colocó más de $1 billón en plazos fijos y títulos públicos

Los informes mensuales de la cuenta 330.902/9 registran, por su parte, un renglón de “ingresos por distribución” menor —$247.628 millones en 2024, $502.928 millones en 2025 y $331.277 millones entre enero y mayo de 2026—, porque no toda la recaudación asignada al subsistema SisVial ingresó a esa cuenta en el Banco Nación. Medida contra ese segundo denominador, más restrictivo, la ejecución tampoco supera el 36,5% del período.

“Si tomáramos como referencia el costo del kilómetro que surge de la licitación 14/26 de Vialidad Nacional, se podría afirmar que con el dinero que el SisVial retiene en inversiones financieras podrían haberse intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de la red vial en lo que va del gobierno de Milei; eso equivale a casi dos tercios de la red vial nacional”, estimó un economista abocado a asuntos públicos que consultó LA NACION. “Por supuesto que los números son aproximativos, pero atrás de los números hay gente que muere en las rutas”.

Creado bajo un régimen específico que lo excluye de la Ley de Administración Financiera del Sector Público Nacional, el SisVial se encuentra, de todos modos, bajo control de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y de la Auditoría General de la Nación (AGN), que no han revisado la ejecución de este fideicomiso durante los últimos años, según constató LA NACION

El SisVial también cuenta con auditores externos, como la firma González Fischer y Asociados, pero LA NACION no logró verificar si consignaron alguna salvedad o nota sobre cómo se gestionan los fondos. Sí emitieron una “observación” los auditores externos que en 2025 analizaron la ejecución del préstamo 11744 del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para el Programa de Corredores Logísticos de Integración (Corredores Viales de Integración Fase III). En esa obra, la CAF debía aportar el 69,74% del dinero y el resto, el Estado nacional. Pero al momento de la auditoría, los responsables del Estudio Villares y Asociados SRL remarcaron que “el aporte ejecutado con fondos de contraparte local es nulo (0%)”, según consta en la copia del reporte que obtuvo LA NACION.

Los documentos oficiales muestran, en efecto, que el grueso de los fondos del SisVial no se destinan a obras viales, sino a inversiones financieras. El 31 de marzo último, por ejemplo, el SisVial destinó $1090 millones a obras viales, mientras su cartera de inversiones financieras crecía $83.840 millones durante ese mismo mes, de $785.136 millones a $868.976 millones. Dos meses después, al 31 de mayo, la cartera trepó a $1.001.018 millones, de los cuales $854.234 millones estaban colocados en títulos públicos y $146.784 millones en plazos fijos. A esa fecha, el valor nominal de la cartera era de $960.088 millones: la diferencia de casi $41.000 millones corresponde a la valuación de mercado de los títulos.

Los reclamos, mientras tanto, se acumulan. Un informe técnico de la Federación de Personal de Vialidad Nacional de diciembre pasado estimó que entre el 65% y 70% de las rutas nacionales se encuentran en regular o mal estado, producto de la subejecución presupuestaria y la paralización de obras. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, calificó el estado de las rutas nacionales en la provincia como “heridas, rotas y olvidadas”. Y en Santa Fe, su par Maximiliano Pullaro denunció que muchas rutas nacionales en esa provincia “ya no tienen pozos, sino cráteres”.

Desde marzo de 2024, la decisión final sobre esos fondos quedó concentrada en el Ministerio de Economía. El decreto 215/14 designó a la cartera que conduce Luis Caputo como fiduciante y autoridad de aplicación de todos los fondos fiduciarios integrados con recursos del Estado nacional. Un mes después, por resolución 200, el ministro delegó esas facultades en el secretario Legal y Administrativo, Juan Ignacio Stampalija, con intervención previa del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, cuya opinión —según consignan los propios estados contables del fideicomiso— “tiene carácter vinculante”.

LA NACION consultó al ministro Caputo y sus principales colaboradores. Le remitió preguntas por escrito sobre los desembolsos, las colocaciones financieras y los criterios utilizados para definir montos, especies y plazos de las inversiones del SisVial. Pero al cierre de esta edición no obtuvo respuestas.

Los anexos de inversiones del Banco Nación que analizó LA NACION permiten seguir mes a mes qué hicieron los responsables el SisVial con el dinero recaudado. Y muestran un viraje durante los últimos doce meses.

Hasta mediados de 2025, la cartera del SisVial estaba compuesta casi por completo por plazos fijos en el Banco Nación: al 31 de enero, los $276.286 millones invertidos eran íntegramente depósitos a plazo. El único antecedente en títulos había sido una LECAP por $30.000 millones nominales, que apareció en la cartera al 30 de septiembre de 2024, se mantuvo en octubre y luego desapareció. En junio, los títulos públicos representaban el 11,5%. En julio saltaron al 61,5%. En agosto, al 79,4%. Al 31 de diciembre de 2025, el 100% de los $664.494 millones de la cartera estaba colocado en letras del Tesoro.

Ese giro coincide con una instrucción del Poder Ejecutivo. En una nota al pie de sus estados contables al 30 de junio de 2025, el Banco Nación consignó que informó a la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía “el detalle de los pagos efectuados conforme las instrucciones recibidas” y que su banca fiduciaria se contactaría antes de cada licitación de títulos públicos “para que se indique el monto a invertir y la especie, de acuerdo a lo instruido en el Decreto 425/2025 de fecha 24.06.2025”.

“Nosotros, como fiduciario, sólo podemos actuar como ‘tesorería’ del SisVial”, indicaron desde el Banco Nación ante la consulta de este diario sobre si su proceder no debería regirse bajo la figura del “buen hombre de negocios” estipulado por el Código Civil. “Por tanto, sólo podemos ejecutar las órdenes que nos imparte el Palacio de Hacienda y las observaciones deben hacerlas la Sigen o la AGN o los auditores externos”, indicaron.

La composición de la cartera del SisVial, en tanto, también cambió de tenencias. La más grande del período —$374.826 millones nominales— figura como LECAP en los anexos de noviembre y diciembre de 2025, aparece reclasificada como BONCAP al 31 de enero de 2026 y desaparece de la cartera en febrero. En ese mismo mes ingresó una LECER por $150.704 millones, un instrumento indexado por inflación que se mantuvo hasta abril y tampoco figura en el anexo de mayo.

Un exdirector del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad que administró fondos fiduciarios durante años, lo describió ante la consulta de LA NACION, como una lógica de administración propia de una “mesa de dinero”: la obra pública prácticamente detenida y los recursos disponibles orientados a inversiones financieras mientras aguardaban su utilización.

El especialista en administración financiera pública consultado por LA NACION señaló, bajo reserva de identidad, una condición que hizo posible este esquema de administración de los recursos: la Argentina no tuvo presupuesto en 2024 ni en 2025 y funcionó con el de 2023 prorrogado. Sin ley de presupuesto, explicó, se generó “una bolsa de recursos” de los fondos fiduciarios, que quedaron sujetos a un mayor margen de discrecionalidad administrativa, lo que dificulta reconstruir el recorrido de cada peso a medida que transcurre el tiempo. El Congreso sancionó el Presupuesto 2026, el 26 de diciembre pasado, pero los fondos fiduciarios conservan un régimen de administración con amplios márgenes de reasignación.

El resultado contable es inequívoco: mientras el deterioro de la red vial nacional motiva reclamos de usuarios, gobernadores, empresas constructoras, trabajadores de Vialidad Nacional y organismos internacionales que financian obras, como la CAF, el fideicomiso creado para garantizar el financiamiento de esas rutas cerró mayo con más de $1 billón colocados en instrumentos financieros y otros $37.761 millones inmovilizados en una cuenta corriente. En total, $1.038.779 millones que no llegaron al asfalto.

(La Nación)