La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional que repare de manera inmediata e integral las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López para garantizar su plena transitabilidad en el sur de la provincia de Santa Fe, y remarcó que la prolongada falta de mantenimiento y conservación constituyó una omisión “con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas”.
La orden la impartió el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, quien remarcó que la obligación estatal de reparar las rutas subsiste aunque las obras sean ejecutadas por empresas privadas, tras hacer lugar a una acción de amparo de la senadora provincial por Unidos para Cambiar Santa Fe, Leticia Di Gregorio, contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Cuello Murúa ordenó que el Estado nacional se encargue de las reparaciones, a través de Vialidad Nacional o del organismo que en el futuro asuma sus competencias, o mediante las empresas concesionarias actuales o futuras de esos corredores. Pero dejó establecido que esa transferencia de tareas no modifica la responsabilidad estatal de garantizar que la orden judicial se cumpla.
La resolución es particularmente relevante porque se conoce cuando el Gobierno acaba de avanzar con nuevas adjudicaciones dentro de la Red Federal de Concesiones. El propio expediente consigna que la Ruta 33 fue adjudicada a CPC SA -la empresa de Cristóbal López- en el tramo Portuario Norte, mientras que las rutas 7 y 8 fueron adjudicadas a Creditech SA y Plantel SA, y a Basaa SA y Cecosa SA, en los tramos correspondientes. Para el juez, esos cambios contractuales no pueden convertirse en un obstáculo para reparar las rutas.
Di Gregorio requirió el amparo en marzo de 2025 y ya había obtenido una medida cautelar que obligó a Vialidad a señalizar los sectores deteriorados, realizar desvíos cuando correspondiera y ejecutar tareas de bacheo o relleno, que confirmó la Cámara Federal de Rosario.
El cumplimiento de esa medida cautelar, sin embargo, fue parcial. En marzo de 2026, Vialidad reconoció que los trabajos sobre la ruta 33 no habían sido reanudados porque faltaba la autorización de una solicitud de provisión y porque se esperaba una ampliación presupuestaria. En una nota posterior, el organismo advirtió que las restricciones presupuestarias y financieras impedían desarrollar con normalidad las tareas mínimas de conservación necesarias para garantizar la transitabilidad y la seguridad de la red vial.
Sin embargo, el Gobierno recaudó más de $1,5 billones para rutas y obras viales durante los últimos dos años y medio, pero ejecutó apenas una cuarta parte y colocó más de $1 billón en plazos fijos y títulos públicos que le permitieron sostener el “déficit cero”, lo que generó la radicación de una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos y otros posibles delitos.
En ese sentido, el juez Cuello Murúa destacó que parte de las dificultades se debieron a la falta de aprobaciones presupuestarias y solicitudes de provisión que debían involucrar a la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Concluyó que todos los intervinientes incurrieron en incumplimientos dentro de sus respectivas competencias, configurando una “omisión comunitaria” del Estado.
La orden del magistrado trascendió así una disputa contractual entre el Estado y sus concesionarios: el Estado nacional deberá asegurar que las rutas 7, 8 y 33 recuperen su plena transitabilidad en el sur santafesino, cualquiera sea el organismo o empresa que ejecute las obras.
(La Nación)
