Un proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados reclama al Poder Ejecutivo que incorpore y transfiera de manera efectiva más de $59.330 millones correspondientes al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y al ejercicio 2025.
La iniciativa advierte que los recursos fueron recaudados con una afectación específica establecida por ley, pero que una parte sustancial permanece sin convertirse en créditos presupuestarios ejecutables.
El planteo fue presentado por los diputados Ariel Rauschenberger y Varinia Lis Marín, quienes además solicitan al Gobierno que entregue información documentada sobre el recorrido presupuestario de los fondos, las modificaciones que todavía están pendientes y las razones de las demoras.
El proyecto pone el foco en una cuestión central: el dinero fue recaudado, está identificado y existe una determinación oficial del remanente, pero eso no significa que haya llegado a los cuarteles y entidades bomberiles que deben recibirlo.
El planteo fue presentado por los diputados Ariel Rauschenberger y Varinia Lis Marín, quienes además solicitan al Gobierno que entregue información documentada sobre el recorrido presupuestario de los fondos, las modificaciones que todavía están pendientes y las razones de las demoras.
El proyecto pone el foco en una cuestión central: el dinero fue recaudado, está identificado y existe una determinación oficial del remanente, pero eso no significa que haya llegado a los cuarteles y entidades bomberiles que deben recibirlo.
Cuánto dinero está en juego
El monto principal que los legisladores buscan recuperar para su efectiva ejecución asciende a $59.330.748.051,41.
Según la documentación citada en el proyecto, esa cifra surge de una recaudación o percepción correspondiente a 2025 de $85.883.125.780,83, a la que se sumaron $13.408.400.049 de remanentes de ejercicios anteriores.
En conjunto, esos recursos alcanzaron los $99.291.525.829,83. De ese total se descontaron $39.960.777.778,42 en gastos devengados correspondientes a la distribución instrumentada durante 2025, lo que derivó en el remanente oficialmente determinado de $59.330.748.051,41.
El proyecto aclara que ese monto podría sufrir modificaciones como consecuencia de una conciliación definitiva de los registros presupuestarios. Por eso, el reclamo no plantea solamente el pago de una cifra determinada, sino también la reconstrucción completa de las cuentas para establecer con precisión cuánto corresponde a cada ejercicio y cuánto debe recibir cada beneficiario.
Qué pasó con los fondos durante 2025
El problema, según los fundamentos de la iniciativa, no comenzó con el cierre del ejercicio.
Los recursos destinados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios tienen un mecanismo de financiamiento específico establecido por la Ley 25.054. La norma contempla una contribución obligatoria equivalente al cinco por mil (5‰) sobre las primas de seguros, con excepción de las correspondientes al ramo vida. Ese dinero es liquidado ante la Superintendencia de Seguros de la Nación y tiene como destino el sistema bomberil.
Por ese motivo, los autores del proyecto remarcan que no se trata simplemente de fondos generales del Tesoro cuya utilización pueda quedar supeditada a las prioridades financieras del Gobierno. Son recursos que tienen una afectación legal específica.
Durante 2025 se registraron recursos por más de $85.883 millones y, al finalizar el ejercicio, quedó determinado el remanente de más de $59.330 millones. Sin embargo, la existencia presupuestaria de esos recursos no se tradujo automáticamente en dinero disponible para las instituciones bomberiles.
El punto clave: dinero registrado, pero no ejecutable
Uno de los aspectos centrales del proyecto está relacionado con la forma en que fueron registrados los fondos.
De los $59.330.748.051,41 de remanente, $43.078.255.445 fueron incorporados mediante el DNU 849/2025 a la partida 6.5.1, denominada «Incremento de caja y bancos».
El problema señalado por los legisladores es que esa partida tiene carácter no ejecutable. Es decir, permite reflejar una mayor disponibilidad financiera, pero no habilita por sí misma un crédito de gasto que permita realizar las transferencias a los beneficiarios.
Los $16.252.492.606,41 restantes, en tanto, requieren una explicación específica sobre dónde están registrados, en qué cuenta o partida fueron incorporados y cuál fue el tratamiento presupuestario que recibieron.
Así, el proyecto busca determinar no solamente cuánto dinero existe, sino dónde está contabilizado, bajo qué figura presupuestaria y qué falta para que pueda ser efectivamente transferido.
La modificación presupuestaria que quedó pendiente
Para destrabar la situación se impulsó la Solicitud de Modificación Presupuestaria N° 343-4, destinada a incorporar al crédito vigente los remanentes no ejecutados de 2025.
Según los fundamentos del proyecto, esa solicitud fue puesta a disposición de la Oficina Nacional de Presupuesto el 11 de febrero de 2026, pero continuaba sin resolución al momento de la respuesta al pedido de acceso a la información pública.
Los diputados también mencionan la SMP N° 343-3, iniciada el 22 de enero de 2026 y vinculada con recursos contemplados en el Presupuesto 2026 por aproximadamente $59.467 millones.
El objetivo del pedido de informes es, entre otras cosas, determinar cuál es la relación entre ambas modificaciones presupuestarias, el DNU 849/2025, la Ley de Presupuesto 2026 y la Decisión Administrativa 1/2026, para evitar que existan superposiciones o dobles cómputos.
Qué reconoció el Gobierno sobre los fondos de 2025
Los fundamentos citan además el Informe N° 145 de la Jefatura de Gabinete, elaborado en respuesta a una pregunta parlamentaria.
De acuerdo con esa documentación, al 31 de marzo de 2026, los remanentes correspondientes a 2025 todavía no habían sido incorporados al crédito presupuestario de 2026. Su eventual incorporación estaba siendo analizada por el Ministerio de Economía a través de la SMP 343-4.
El propio Ministerio de Seguridad habría reconocido, además, que el área encargada de responder no contaba con información sobre el destino y aplicación de los $43.078.255.445 incorporados mediante el DNU 849/2025 ni sobre la efectivización de determinados pagos previstos por la Resolución 91/2026.
Para los autores de la iniciativa, esto muestra que la información sobre los recursos se encuentra fragmentada entre distintas dependencias de la Administración Nacional.
Otros $13.023 millones también quedaron bajo la lupa
El reclamo parlamentario incorpora otro dato relevante. La documentación obtenida indica que la Superintendencia de Seguros de la Nación transfirió $55.109.026.528, correspondientes conjuntamente al cuarto trimestre de 2025 y al primer trimestre de 2026. Sin embargo, de ese total se habían distribuido $42.085.752.050.
La diferencia asciende a $13.023.274.478, cuyo destino, tratamiento presupuestario y fecha de transferencia los diputados quieren conocer.
La iniciativa pide, además, separar con precisión qué parte de esos $55.109 millones corresponde al último trimestre de 2025 y cuál al primer trimestre de 2026.
La distinción es importante porque el proyecto sostiene que los recursos pendientes del ejercicio anterior no deberían confundirse con los fondos correspondientes al ejercicio corriente.
Por qué los fondos son importantes para los cuarteles
El reclamo no se limita a una discusión contable o presupuestaria. Según los fundamentos, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está integrado por 33.276 bomberos agrupados en 1.058 cuarteles distribuidos en todo el país. El proyecto lo define como un servicio público esencial vinculado con la protección de la vida, la salud, los bienes y el ambiente.
Los recursos previstos por la Ley 25.054 tienen como finalidad sostener el funcionamiento de las entidades, financiar equipamiento, capacitación, gastos operativos y fortalecimiento institucional.
Por eso, la demora en la disponibilidad de los fondos puede impactar en cuestiones concretas: compra y mantenimiento de vehículos, equipos de protección personal, herramientas, sistemas de comunicación e infraestructura, además de las actividades de capacitación. Todo ello puede terminar afectando la capacidad de respuesta ante incendios, accidentes, inundaciones y otras emergencias.
(News Digitales)
