“Para que un jubilado recibiera el tratamiento oncológico que le dictó su médico hicieron falta dos defensorías del pueblo, un defensor público federal, un juez federal y una amenaza de sanción económica al Estado”, expresó en la Comisión Permanente de Personas Mayores de la Cámara de Diputados de la Nación el Defensor del Pueblo de Villa La Angostura, Sebastián Baltanaz. Por videollamada, Baltanaz contó un caso específico de un jubilado que llegó a las oficinas porque había sido diagnosticado con cáncer de pulmón y el PAMI se había negado a ofrecerle ese tratamiento. “Por cada caso que llega a la Defensoría hay decenas que no van a llegar, y en algunos diagnósticos el tiempo no se recupera”, resaltó.
El suyo es un ejemplo de los muchos reclamos que se exhibieron en esa reunión y que el PAMI tiene pendientes. Uno de ellos es el presentado, entre otras organizaciones, por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH): en el marco de ese amparo, en mayo de 2025 la Justicia ordenó la restitución del programa Vivir Mejor (que garantizaba la cobertura automática del 100% de los medicamentos) para todos los jubilados de Córdoba, una decisión que en octubre de ese mismo año se hizo extensiva a todo el país. Pero esa restitución nunca ocurrió, afirmaron en comunicación con PERFIL los abogados Mabel Edith Sessa y Carlos Hugo Vicente, que llevan adelante la causa.
Apelación tras apelación las autoridades provinciales y nacionales esquivaron la orden que sigue sumando retrasos y complicaciones a la salud de los jubilados, explicaron. Según admitió el mismo Gobierno en su informe de gestión ante el Congreso–, 2,2 millones de afiliados del PAMI quedaron afuera de la cobertura del 100% que tenían ciertos medicamentos. Y, de esos, según el reporte oficial, 1,6 millones consumían regularmente estos remedios. PERFIL constató los datos abiertos del presupuesto de PAMI en su página web de transparencia y verificó que, al menos en los informes oficiales publicados, para el ítem de Prestaciones farmacéuticas dispone de un presupuesto de $ 2, 2 billones, $ 318 mil millones menos que lo vigente en 2025 ($ 2,5 billones).
El caso por el incumplimiento de la restitución de los medicamentos con cobertura del 100% continuó con una denuncia penal contra el exdirector de Córdoba, Marcos Patiño Brizuela, y el director nacional, Esteban Leguizamo. Hace pocos días circuló el rumor de la renuncia de este último, cosa que desde PAMI desmintieron ante la consulta de este medio. Sin embargo, no siguieron respondiendo más preguntas: evitaron ofrecer declaraciones sobre si efectivamente la obra social estaba incumpliendo con la orden de la Justicia ni sobre la imputación de Leguizamo, a quien citaron a declarar finalmente, y después de varias suspensiones según contó Carlos Vicente, el 5 de mayo de este año. Según la denuncia, se los acusa como supuestos responsables “en calidad de autores, cómplices o instigadores” de los delitos de desobediencia a la autoridad, actos discriminatorios, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Evidentemente estamos ante una situación de enorme gravedad en lo institucional porque los funcionarios nombrados por el gobierno nacional se niegan a cumplir y respetar las resoluciones judiciales en una actitud de clara ilegalidad y, en lo fundamental, evidencian un absoluto desprecio por la salud de jubilados y pensionados”, declaran en una nota desde la Asamblea Permanente.
La provisión de medicamentos no es lo único que está comprometido. En la reunión de la Cámara de Diputados Andrés Sabalette, representante del grupo de clínicas y sanatorios prestadores del PAMI en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut aseguró que la atención de 300 mil jubilados está en riesgo. “Hay un gran atraso en los precios que abona la obra social a los prestadores. Si tomamos como referencia la inflación, es del 80% en estos dos años y medio”. El profesional aseguró que las prestaciones no alcanzan a cubrir los costos y que muchas intervenciones e internaciones fueron suspendidas por este motivo. “Hoy tenemos una seria limitación de los servicios. Una parte importante están siendo canalizados al sector público que se encuentra saturado, además de no tener la complejidad que tienen en otros lugares”, sentenció. La crisis no solamente afectaría a los jubilados: en la mayoría de estas clínicas el 40% de la actividad está orientada a los pacientes del PAMI, por lo que una reducción de los servicios también compromete la continuidad de los sanatorios en donde se atiende gran parte de la población.
Federico de Marziani, director del Centro de estudios políticos para las personas mayores, afirmó que según su relevamiento algunos de los medicamentos más consumidos por los jubilados (como los de la circulación) se incrementaron, desde el inicio de la actual gestión, en hasta un 900% (de $ 11.500 a $ 115 mil), mientras que los antibióticos lo hicieron en un 636% (de $ 4.478 a $ 33 mil). La última canasta básica elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires había estimado (para marzo) que en medicamentos un jubilado necesitaba al menos $ 500 mil mensuales, un monto mayor a la jubilación mínima, que en agosto con bono incluido llega a los $ 489 mil.
Ana Valverde, de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, explicó en primera persona lo que significa que los medicamentos no lleguen: contó que una compañera de la marcha de los miércoles había enfermado de cáncer y que los demás jubilados, ante la falta de cobertura, se organizaron para poder pagar algo del tratamiento. “Ella murió el año pasado”, comentó Valverde, que resumió la estrategia estatal frente a los reclamos en una sola frase: “Nosotros tenemos unos pocos años más para vivir, pero no queremos vivirlos con recursos de amparo”.
(Perfil)
