Un proyecto de ley que busca imponer nuevas restricciones a la venta, publicidad y exhibición de productos de tabaco en territorio bonaerense puso en alerta a kiosqueros, distribuidores, industriales y gremios del sector.
El Gobierno bonaerense envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley que prohíbe la venta de cigarrillos en lugares ubicados a menos de 100 metros de escuelas de nivel básico y media.
La iniciativa también busca prohibir la venta de cigarrillos sueltos o fraccionada, y crear una cuenta especial para fondos generados por multas, y propone a los municipios disponer de un área de contralor de tabaco.
Los comerciantes enrolados en la Unión Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) criticaron la iniciativa -que podría ser tratada esta semana- y recordaron que la ley nacional de control de tabaco 26.687 y la norma provincial pertinente «ya regulan de manera restrictiva sobre este aspecto».
Por esa razón, consideraron «innecesaria y perjudicial» una nueva normativa, al advertir que «afectaría de manera directa el ejercicio de los más de 26.000 puntos de venta en la provincia».
«En este tiempo de gran angustia por la pandemia y la crisis económica, nos sorprende que impulsen una iniciativa que limita aún más nuestra golpeada actividad sobre un producto que compone una parte importante de nuestra labor», señalaron en una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín.
Alertaron que «desde que empezó la cuarentena y durante todas sus fases, los kiosqueros nos vimos impactados con ventas que cayeron hasta 80%».
«Hubo meses de facturación mínima y detrás de estos ahora se pretende aprobar una medida que restringe y prohíbe la venta y promoción de los productos de tabaco que va a castigar aún más las ventas», añadieron.
El presidente de la UKRA, Néstor Palacios, señaló que la actividad es «fuente de trabajo y sustento de más de 26.000 kiosqueros y sus familias en todo el territorio provincial». Por su parte, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) advirtió que la nueva ley «afectaría de manera directa los puestos de trabajo vinculados a la producción y a la comercialización, dado el beneficio (por la venta de diversos productos) que implica para los comercios la venta de tabaco».
«Esta iniciativa no fue dialogada con las organizaciones empresariales, las empresas del sector ni los sindicatos de las actividades afectadas», cuestión la entidad.
Los industriales consideraron «de suma relevancia poder manifestar el impacto negativo que esta norma tendrá en caso de aprobarse, entre las que se encuentran no sólo la pérdida de puestos de trabajo en la producción y comercialización, sino que se afectaría directamente la recaudación del Estado y de las provincias productoras».
En tono similar se pronunció también la Cámara de Distribuidores de Tabaco de la República Argentina, a través de una nota elevada a Otermín con la firma del presidente Martín Blanes. La entidad enfatizó que la nueva regulación «no ha contado aún con el debate necesario para analizar su impacto económico en todos los actores de la cadena comercial».
Dijo que su aprobación provocaría «la pérdida de empleos y sustento para todas las familias involucradas en la actividad en el ámbito de la provincia en momentos en los que se profundiza la crisis económica persistente, agravada por la pandemia de coronavirus».
A la oposición al proyecto se sumaron también los gremios del sector, al alertar que de sancionarse la iniciativa legislativa un «número importante» de trabajadores verían sus puestos afectados, inclusive en «actividades comerciales no tabacaleras como son aquellas vinculadas a la publicidad».
En una nota firmada por los secretarios generales de SUETRA y FTTRA, Raúl Quiñones y Juan Martini, respectivamente, los gremios sostuvieron que «el proyecto debería contemplar la necesidad de combatir el contrabando», como también «el aumento de la elaboración de productos truchos que circulan en el mercado». (NA)
