El fiscal federal Diego Luciani inició hoy su alegato en el juicio oral y público por la obra pública de Santa Cruz, que tiene como principal imputada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien participa de la audiencia virtual.
“Este ministerio público fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de Estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios ”, afirmó Luciani en el inicio de su exposición, que se extenderá durante nueve jornadas.
“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, agregó.
Luciani cuestionó a la Oficina Anticorrupción, que se retiró del caso, y la Unidad de Información Financiera (UIF), que semanas atrás pidió la absolución de la exmandataria. Por lo tanto, la Fiscalía representa la única acusación.
El pedido de condena para funcionarios suele estar acompañado con la inhabilitación –en muchos casos es de manera perpetua– para ejercer cargos públicos. No obstante, para que eso ocurra una eventual condena debería quedar firme. Lo que implica la intervención, después del juicio oral, de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la hoja de ruta que trazaron los jueces del Tribunal Oral Federal 2 –a cargo del debate–, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, la idea es que haya veredicto antes de fin de año. Pero los fundamentos de esa decisión quedarían para el 2023 y recién ahí las partes pueden apelar para que las eventuales condenas sean revisadas por Casación y después por la Corte. Esos plazos judiciales exceden el cronograma electoral del 2023.
En este marco, Cristina Kirchner difundió semanas atrás un video en el que sostiene que su condena ya está “escrita” y “a esta altura, hasta firmada”.
Se investigan las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz. Sobreprecios, falta de capacidad técnica para hacerlas, licitaciones amañadas y el pago total de las obras cuando la mayoría no fueron terminadas. La acusación es por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública. La vicepresidenta está acusada de ser la jefa de esa asociación ilícita.
Junto con Cristina Kirchner y Báez están siendo juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
Los alegatos comenzaron el 11 de julio con la UIF. Los abogados del organismo del gobierno nacional pidieron la absolución de Cristina Kirchner y de los principales acusados. “Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, dijo el abogado Leandro Ventura.
La UIF solo pidió condena para los funcionarios de Vialidad de Santa Cruz por considerar que incumplieron sus funciones porque informaron que las obras en la provincia estaban terminadas cuando en rigor no fue así. El organismo solicitó un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para Daruich, Collareda, Garro, Villafañe, Pavesi y Santibañez. Pero advirtió que el delito podría estar prescripto y dejó en el tribunal esa decisión. (Infobae)
