El diputado del PRO y ex ministro de Seguridad bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, no logra salir del ojo de la tormenta. Después de ser uno de los apuntados por Elisa Lilita Carrió, lo que desencadeno una feroz interna en la alianza opositora, ayer quedó envuelto en otra denuncia mediática de la jueza Sandra Arroyo Salgado en relación a una causa por narcotráfico.
Ritondo, con aspiraciones a la Gobernación bonaerense, tildado días atrás por Carrió como uno de los dirigentes que está fuera de las “conductas éticas” que ella reclama para Juntos por el Cambio, ayer fue acusado por Arroyo Salgado como parte del apartamiento de la jueza en una causa denarcotráfico en la provincia de Buenos Aires durante el Gobierno de Vidal.
Arroyo Salgado destacó que “la Justicia está muy politizada” y sin tapujos denunció posibles vínculos entre asesores y gente de confianza del ex ministro de Seguridad bonaerense Ritondo y agentes policiales involucrados en el narcotráfico de la provincia de Buenos Aires.
La denuncia mediática de la que la ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman salpicó a Ritondo al explicar que quienes pidieron su apartamiento de la causa de narcotráfico bonaerense “fueron dos letrados con aceitados contactos políticos”, que defendían a varios policías acusados y uno de ellos era funcionaro de la cartera de Seguridad bonaerense.
Arroyo Salgado investigaba los vínculos de un fiscal y al menos 40 policías bonaerenses, abogados y funcionarios judiciales con el comercio de drogas. El principal imputado en esa causa fue el fiscal de San Isidro, Claudio Scapolán, acusado como jefe de una presunta asociación ilícita integrada por policías la Delegación San Isidro de Investigaciones .
En su denuncia, Arroyo salgado hizo referencia a Marcelo D’Angelo, un ex asesor de Ritondo en su paso por el Ministerio de Seguridad bonaerense, que además era el abogado de uno de los imputados en la causa de narcotráfico, el funcionario judicial Maximiliano Jarisch, quien pidió el apartamiento de la jueza por considerar que incurrió en “la pérdida de imparcialidad”.
Jarisch era secretario del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, conducida por Scapolan (el principal imputado), y había estado con prisión preventiva en el marco de la causa dictada por la jueza Arroyo Salgado, aunque luego fue excarcelado por falta de mérito tras una apelación.
“Investigo, avanzo, llego a la detención al procesamiento o prisión preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico pero que eran socios del narcotráfico. Y ahí me recusan esos dos letrados, uno de ellos funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Vidal, jefe de gabinete de Ritondo y el otro de los letrados fue asesor de Monzó”, detalló la jueza.
Además, la magistrada contó que la Cámara de San Martín la mantuvo la causa de narcotráfico bonaerense, pero los abogados “con aceitados contactos políticos” elevaron su pedido a Casación, donde camarista Mariano Borinski, “con un pronunciamiento inédito, declaró la nulidad de la resolución que me había confirmado a cargo de la investigación”, detalló Arroyo Salgado.
“Lo concreto es que yo fui apartada de esa investigación”, sentenció Arroyo Salgado y comentó otra causa en la que también fue cuestionada por un asesor de Ritondo. “A los seis meses fui apartada de otra causa en la que estuve a cargo por tres años, también por parte de otro asesor de Ritondo, Marcelo Rocchetti, que me recusa en una causa de lavado de activos contra un representante de fútbol”.
Rochetti fue jefe de Gabinete de Ritondo durante los cuatro años que estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad bonaerense y también fue abogado de policías y barrabravas como el conocido Rafael Di Zeo de Boca, en una causa por homicidio cuando el presidente de ese club era Daniel Angelici. (Diputados BsAs)
