El papa Francisco envió una carta a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDDP), a través de su presidente, el juez Alejandro Slokar, en la que afirmó que «para que la función penal no se convierta en un mecanismo cínico e impersonal, necesitamos personas nutridas en formación técnica, pero sobre todo apasionadas por la Justicia, conscientes del gran deber que cumplen».
«Solo así ninguna norma será un fin en sí misma, sino que todas estarán al servicio de las personas implicadas, ya sean los autores de los delitos o las víctimas que han sido ofendidas», dijo Jorge Bergoglio. Añadió que «de esta manera, es posible abordar los problemas éticos y morales que se derivan de la conflictividad y de la injusticia, comprender el sufrimiento de las personas concretas involucradas y llegar a otras soluciones que no profundicen esos padecimientos».
El Pontífice dijo en la nota dirigida a la asociación en la figura de Slokar -titular de la Cámara Federal de Casación Penal- que «necesitamos docentes y jueces que asuman la misión que implica su vocación como servidores del Derecho». «Muchas veces se produce un desplazamiento de las personas hacia las estructuras, de tal modo que no es el ethos el que le da forma a las estructuras, sino las estructuras quienes producen el ethos y delimitan la ética profesional», advirtió.
«El llamamiento que realizo a ustedes, como expertos, es que contribuyan a la promoción del ejercicio de las funciones académicas y judiciales con apego a compromisos éticos«, continuó. «En cuanto a los tópicos de vuestro saber -les recordó el papa Francisco a los especialistas en Derecho Penal- en anteriores ocasiones señalé la misión que tienen los juristas para contrarrestar la irracionalidad punitiva y observé con preocupación el uso arbitrario de la prisión preventiva, la prisión perpetua, el encarcelamiento masivo, el hacinamiento y las torturas en las cárceles, como también la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas de seguridad, la criminalización de la protesta social y el menoscabo a las garantías penales y procesales más elementales».
«Desde entonces -abundó- algunos de los problemas solo han empeorado. Esto es lo que sucede con el incremento del uso indebido del encierro y el consiguiente deterioro de las condiciones de detención, junto al incentivo involuntario a la violencia o al uso desproporcionado de la fuerza, que llega a configurar situaciones de una auténtica pena de muerte informal (cfr. Discurso a una delegación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte,17 de diciembre de 2018)».
Y enfatizó que «para que la función penal no se convierta en un mecanismo cínico e impersonal, necesitamos personas nutridas en formación técnica, pero sobre todo apasionadas por la Justicia, conscientes del gran deber que cumplen». (Télam)
