Un video registrado en 2017 revela cómo funcionaba la maquinaria de persecución judicial con fines políticos que operó durante los gobiernos de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri, y complica seriamente al exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y al actual Procurador General Julio Conte Grand.
El tema explotó en las últimas horas. En la filmación -rescatada el último 23 de diciembre en medio de tareas de mantenimiento de equipos de la AFI- se ve una reunión convocada por Villegas a instancia Roberto Gigante, por entonces Ministro de Infraestructura; de Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia; de Juan Pablo Allan, senador provincial; de Julio Garro, intendente de La Plata, y de empresarios de la construcción.
Los empresarios que aparecen en la filmación son Marcelo Jaworski, de COPTERO; el empresario inmobiliario Fabián Cusini, Jorge del Rio, presidente de AGRINECO; Fernando Sacrachi, Director de ACIP, y Guillermo Moretto, Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata. La fecha: 15 de junio de 2017.
Las frases que vierte Villegas son claras y contundentes, y lo complican. Algunas tienen contenido político: «si yo pidiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios lo haría», dice en un fragmento
El video que expone a funcionarios de María Eugenia Vidal y al procurador Conte Grand
Pero lo que explica en materia judicial es verdaderamente explosivo: «Necesitamos preconstruir una serie de elementos para impulsar una causa judicial», admite, sin tapujos, para lo cual pide obtener «los testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos» junto a «las presentaciones que ustedes (por los empresarios) nos hagan a nosotros como instituciones».
El plan del PRO consistía -en palabras de Villegas- en darle «volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas».
En ese punto de la charla, Villegas comprometió al procurador militante Julio Conte Grand y al poder judicial bonaerense: «Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar», asevera, haciendo partícipe a un funcionario del Poder Judicial -que en teoría debería ser independiente- en una maniobra con tintes políticos.
Es que la propuesta de los funcionarios que respondían a María Eugenia Vidal era guionar a empresarios y obtener testimonios para acorralar mediática y judicialmente a Juan Pablo «Pata» Medina, titular de la UOCRA platense, que terminó tras las rejas.
La interventora de la AFI, Graciela Caamaño, ya presentó la denuncia y la correspondiente evidencia en el juzgado federal 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, bajo la sospecha de que se trata de «un grave delito de acción pública».
La difusión del video es un nuevo dolor de cabeza para el Jefe de los Fiscales bonaerenses, que viene de polémica en polémica. Sólo en las últimas semanas fue noticia por mostrarse públicamente con el expresidente Mauricio Macri, por un fallo de casación que expuso a sus «socios» en el lawfare bonaerense y por la absolución de un juez al que persiguió políticamente.