Debido al desempleo y la informalidad, 6 de cada 10 personas tuvo recurrir a las moratorias o a las pensiones, sin o con pocos aportes, para jubilarse o pensionarse, de acuerdo a los datos oficiales.
En otras palabras, accedieron a las jubilaciones y pensiones sin la contrapartida del pago del empleador o del trabajador independiente de los aportes y las contribuciones a la Seguridad Social.
En efecto, a fines de septiembre el sistema tenía 8.468.273 jubilados y pensionados, de los cuales sólo 3.221.945 accedieron sin recurrir a moratorias. Equivale al 38 por ciento.
Del resto, 3.553.017 fueron con moratoria, 1.502.248 corresponden a pensiones no contributivas y 211.063 a PUAM.
Sólo 38% de los jubilados hizo sus aportes
En paralelo, en los últimos 4 años, los aumentos de los haberes tuvieron una caída frente a la inflación de entre el 18,8% y 25,4%, según los rangos de haberes.
El 62% de los llamados beneficiarios del sistema cobran haberes muy bajos. Los que se jubilan con moratorias cobran el haber mínimo ($25.922 brutos), los de la PUAM el 80% de ese valor ($20.738) y las pensiones no contributivas el 70% ($18.146).
Con 30 o más años de aportes, la jubilación ronda el 60% del sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años en el caso de los trabajadores en relación de dependencia quienes también tuvieron una caída en sus remuneraciones con relación a la inflación.
Een una primera etapa, con muchos aportantes y pocos beneficiarios, los excedentes del sistema fueron colocados en bonos de la Tesorería con un rendimiento del 4% anual mientras la inflación oscilaba entre el 15% y 25% anual. En tanto, el Tesoro hacía sus aportes como empleador en bonos, señala Clarín.
La tolerancia del Estado con la evasión y el trabajo no registrado luego derivaron en moratorias «generosas» para el pago de aportes retenidos y contribuciones no declaradas de los empleadores.
Se aprobaron jubilaciones de privilegio para jueces, diputados, senadores y concejales, entre otros. En los 90, se transfirieron a la ANSES cajas provinciales y los déficits de las cajas no transferidas.
Asimismo, con el argumento de abaratar la creación de empleo, se aprobaron constantes reducciones de las contribuciones patronales que acentuaron el desfinanciamiento del sistema, agravado porque no evitaron el incremento de la informalidad. En esas condiciones, las jubilaciones y pensiones se degradaron y el sistema debió ser asistido con impuestos sobre los servicios públicos y asignaciones presupuestarias.
En este año la movilidad superaría levemente la inflación, si la suba de los precios de noviembre y diciembre no superan el 3,8% mensual, con un balance 2018-2021 muy adverso para los beneficiarios del sistema. La caída del poder adquisitivo en estos 4 años rondaría entre el 18 y el 26% según los rangos de haberes.
El padrón de beneficiarios debería aumentar porque este año se aprobó el reconocimiento de hasta 3 años de servicios previsionales por tareas de cuidado para las madres con hijos. También la jubilación anticipada para los desocupados al 30 de junio de 2021 que cuenten con 30 años de aportes, sin moratoria.
A esto se suma la jubilación especial para los trabajadores y trabajadoras de establecimientos viñateros y para los contratistas de viñas ( Ley 27.643) a los 57 años de edad, sin distinción de sexo, con 25 años de servicios, con aportes. La contribución patronal se incrementa en 2 puntos para financiar este régimen.
