A 20 días del inicio de las clases 2022 con “presencialidad plena” en toda la provincia de Buenos Aires, la diputada bonaerense Vanesa Zuccari, sigue reclamando al Ejecutivo de Axel Kicillof que se garantice el servicio de transporte escolar en pueblos del interior bonaerense, donde los estudiantes aun no pudieron volver a las aulas.
A inicios de marzo, la diputada provincial de la UCR presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para reclamar a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) que actualice los montos para garantizar de manera inmediata los recorridos del Servicio de Transporte Escolar Terrestre, que por estas horas deja a cientos de chicos fuera de la presencialidad.
“Luego de que los alumnos de la provincia de Buenos Aires se vieran imposibilitados de asistir a clases presenciales durante todo el año 2020 y gran parte del ciclo lectivo 2021, nos sorprende que no se brinde una respuesta efectiva a la comunidad educativa”, expuso Zuccari, en los fundamentos de la iniciativa.
Zuccari denuncia que la situación no fue subsanada por las autoridades de la Dirección de Logística de la DGCyE, y que cientos de estudiantes del interior bonaerense continúan sin poder asistir a clases presenciales por no tener recursos para llegar a las instituciones educativas.
Puntualmente, lo que Zuccari reclama es la actualización de los montos para transporte terrestre de estudiantes de la DGCyE del interior bonaerense, que este año con una inflación que ronda en el 50%, solo los incrementaron en un 23%.
“Eso genera que los transportes dejen desiertas las licitaciones en los Consejos Escolares locales. Es entendible cuando, desde marzo de 2020 a hoy el precio del combustible se incrementó en 136%, pasando de $53 a $ 125”, destacó la diputada oriunda de Lincoln.
Los bajos montos, y los escasos aumentos, generaron en el último tiempo que, aquellas empresas que trabajaron históricamente en el transporte de estudiantes en el interior de la provincia dejen de hacerlo, argumentando que lo que ofrece la DGCyE no les alcanza para cubrir los gastos.
En ese sentido, la mayoría de las empresas de transporte escolar del interior bonaerense que se encargaban de llevar a los estudiantes de zonas rurales y caminos hostiles hasta las instituciones escolares, también alegan los retrasos en los pagos, lo que vuelve insostenible para los transportistas mantener la relación contractual con la DGCyE.
“A ello hay que agregar el tiempo que se toma el Estado para pagar. Todos sabemos que paga, pero a su debido tiempo”, expresó la diputada Zuccari al referirse a los tiempos en que los Consejos Escolares efectuan el pago no solo del transporte, sino de otros proveedores, como por ejemplo aquellos licitan los alimentos frescos para la copa de leche en las escuelas.
En ese sentido, la legisladora radical fue fuerte contra el Gobierno de Kicillof al decir que “en el medio gastos superfluos, despilfarro de recursos cientos de alumnos de la provincia no tienen garantizado el derecho a educarse”.
Asimismo, Zuccari rebatió lo dicho por el Gobierno durante la Asamblea Legislativa, y expuso la problemática que afecta a estudiantes del interior bonaerense, con un mensaje contundente “las clases no volvieron en toda la provincia”.
El transporte terrestre de estudiantes hace a la inclusión y a la igualdad de oportunidades, al permitir trasladarlos desde sus hogares, cuando viven en el campo, o desde la ciudad cabecera hasta la escuela más cercana a la que concurren, en algunos casaos de forma diaria y en otros semanales, explica la legisladora al reclamar el aumento de los montos.
“El Gobierno provincial debe restablecer de forma urgente el transporte escolar para que los chicos vuelvan a las aulas y no vean vulnerado su derecho a la educación. El Estado debe resolver esta deuda que afecta hoy afecta a cientos de estudiantes del interior de la provincia”, aseveró Zuccari.
Mientras espera alguna respuesta de las autoridades de la DGCyE, la diputada subrayó que el traslado de los estudiantes a las escuelas es una política pública socioeducativa concurrente en el sostén del derecho social a la educación y es responsabilidad del Gobierno provincial. (Diputados BsAs)
