La causa por el escándalo de los chats de jueces, fiscales y funcionarios respecto a un viaje a Lago Escondido no deja de generar polémica en la escena política y judicial argentina. La última ocurrió horas atrás cuando, a la par de la denuncia del gobierno nacional, el juez Pablo Yadarola, uno de los involucrados, presentó una denuncia por presunto espionaje ilegal y la misma recayó en el juzgado de Julián Ercolini, otro de los apuntados. En paralelo, la fiscal de Bariloche imputó a los implicados por el viaje.
Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, presentó este fin de semana una denuncia por presunto espionaje ilegal a raíz de la divulgación en internet de conversaciones de un grupo de Telegram en el cual el propio juez, junto con otros tres magistrados, un fiscal y un ministro porteño, elaboraron una estrategia para mentir sobre un viaje a la estancia del terrateniente británico Joe Lewis, junto a directivos del Grupo Clarín.
Para mayor sorpresa, el escrito presentado por Yadarola recayó – por sorteo – en el juzgado de Ercolini, otro de los jueces involucrados en el escándalo de los chats de Lago Escondido. Según consigna Diarioar, el 4 de diciembre, una vez que los audios y los chats quedaron al descubierto, el juez Ercolini se excusó apelando a la figura de “ausencia momentánea del juez” y le pidió al magistrado Marcelo Martínez de Giorgi que asuma, al menos momentáneamente, la investigación de la causa.
Entre las primeras medidas, Martínez de Giorgi solicitó a la Sección de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires el rastreo de la dirección IP desde donde se publicó y se puso a la venta el contenido del teléfono de Marcelo D´Alessandro. Cabe aclarar que el material era ofrecido en un portal web por u$s600 y contenía 900 conversaciones y 4099 contactos del ministro en Télegram.
Además del contenido sobre Lago Escondido, los presuntos hackers publicaron en diálogos con el armador radical, operador judicial y ex presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, y otro chat con un empresario nombrado como “Fede”.
La presentación de Yadarola por espionaje ilegal coincide con la estrategia que en el chat figura como “contraofensiva” en la cual se proponía revertir la carga de la acusación alegando un presunto espionaje ilegal, elaborar facturas truchas para evitar ser acusados de recibir dadivas e influir en la investigación radicada en Bariloche para que la fiscal y la jueza den por cerrada la causa.
En las últimas horas la fiscal de Bariloche María Cándida Etchepare imputó a los magistrados, fiscales, funcionarios, y empresarios de medios que fueron al encuentro a Lago Escondido, en Bariloche, a mediados en octubre de este año. En la lista de imputados también figuran Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A., Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A. y Jorge Carlos Rendo, presidente de Grupo Clarín S.A.
Pese a la intención de los imputados de crear una estrategia coordinada para mentir sobre su estadía en Lago Escondido, la fiscalía pudo determinar que el día 13 de octubre del corriente año “se trasladaron desde Buenos Aires hacia esta ciudad en un avión privado propiedad de la empresa “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.”, matrícula LV-GCK, los pasajeros Julián Ercolini, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alesandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Gabriel Cayssials. Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía”. Además, certificó la presencia de los directivos de Clarín.
Días atrás, el Poder Ejecutivo Nacional presentó un escrito por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas contra el juez federal Julián Ercolini, Carlos Mahiques (integrante de la Cámara Federal de Casación Penal), Pablo Yadarola (titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2) y Pablo Cayssials (titular del Juzgado Nacional de primera instancia en lo Contencioso). Además, apuntó contra el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D Alessandro.
