La tasa de pobreza sería del 50% de la población sin la ayuda de los planes sociales

La radiografía de los últimos años seis años muestra un doloroso crecimiento de la pobreza y la indigencia en la Argentina, con pico en el año de irrupción de la pandemia: de un 28,5% de la población pobre en 2017 se pasó a un 43,1% en 2022, luego de alcanzar una tasa de 44,7% en 2020. Este porcentaje incluye las tasas de pobreza e indigencia. Pero los especialistas advierten que ese porcentaje de pobreza ascendería a 50% -la mitad de la población- si los hogares no contaran con la asistencia de los programas sociales (AUH, Programa Alimentar, asignaciones no contributivas, entre otros).

Los números corresponden al último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica (ODSA-UCA) con datos de 2017 a 2022 que fueron presentados esta semana. Del trabajo, se desprende que la tasa de pobreza aumentaría unos 6,9 puntos porcentuales sin la ayuda de los planes de asistencia social. En la prepandemia -los años 2017 y 2018- esa diferencia entre la tasa de pobreza y la tasa de pobreza (simulada) sin planes de ayuda era de entre 2,5 y 4 puntos porcentuales.

“Hay una tendencia alcista de la indigencia y la pobreza entre 2017 y 2019, que luego se acentúa en 2020. En los años pospandemia, la tendencia es descendente en las líneas de indigencia. Mientras que en la tasa de pobreza hubo una caída en la pospandemia inmediata y una vuelta a la tendencia ascendente entre 2021 y 2022”, destacaron desde el Observatorio de la UCA.

El porcentaje de indigencia -hogares cuyos ingresos no les permiten acceder a la canasta básica alimentaria- pasó de 5,7% de la población en 2017 a 9,9% en 2020 y luego bajó a 8,1% en 2022. Sin ayuda social, ese porcentaje subiría 11,5 puntos porcentuales y alcanzaría al 19,6% de la población, según los datos analizados.

En tanto, el porcentaje de pobreza -hogares por debajo del ingreso necesario para acceder a la canasta básica de bienes y servicios- pasó de 22,5% en 2017 a 35% en 2022. “Actualmente, son las estrategias familiares que adoptan los hogares para la obtención de recursos (con un mayor esfuerzo productivo y el incremento de la cobertura de la política pública) y no la calidad de los empleos, ni la evolución de las remuneraciones y prestaciones en términos reales, los factores que logran atenuar, o incluso revertir, la tendencia creciente de la indigencia y pobreza por ingresos”, destacaron desde el Observatorio.

La cobertura social que hoy reciben los sectores de menores ingresos abarca al 51,7% de la población y al 40,4% de los hogares.

También advirtieron que los nuevos pobres pre y pospandemia provienen de las clases medias tradicionales no profesionales. Desde 2010, luego de cada una de las micro o grandes crisis económicas hubo una recuperación, pero fue insuficiente para recuperar la inclusión de los segmentos medios tradicionales.

“Las recuperaciones no estuvieron acompañadas de una dinámica de crecimiento de la demanda de empleo para los segmentos más productivos. Se genera empleo de alta calificación técnico-profesional pero en cantidades cantidades muy pequeñas y para segmentos medios-altos o medios-profesionales. Hay una clase media que no tiene esos niveles de formación profesional y técnica más avanzada, que tiene su pequeño comercio o trabajan como asalariados en una empresa mediana o pequeña y son los que más experimentan la caídas de las crisis y los que menos están recibiendo de las recuperaciones en términos de mejoras salariales”, destacó Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina.

“La inflación afecta más a quienes tiene ingresos fijos o de mediana califacacion en un mercado muy competitivo con remuneraciones a la baja. Que tampoco cuentan con los programas sociales que atienden a los segmentos más pobres que ellos y no tienen las estrategias y mecanismos culturales para reconvertirse a través de formas de trabajo cooperativo o familiar. Son segmentos que tienen preconfigurado el modelo del trabajador asalariado profesional o del trabajador de oficio que formó parte de una clase media importante en la Argentina”, agregó Salvia.

Otros datos analizados por el informe de la UCA fueron la inseguridad alimentaria, definida como la reducción de la porción de comida por razones involuntarias o las experiencias frecuentes de hambre, que pueden ser severas o moderadas. La inseguridad alimentaria abarcó a un 23,3% de la población en 2022. Pero se observó un descenso en los sectores que viven en barrios populares por el aumento de políticas públicas (comedores o Programa Alimentar) en esas zonas frente a un crecimiento en otros sectores de ingresos bajos.

“Se incrementó de manera sostenida la inseguridad alimentaria, con una recomposición parcial que no llega a los niveles de 2019″, explicaron. Los ingresos de la población con problemas de inseguridad alimentaria se componen en un 57,4% por ingresos laborales, un 25,9% por programas sociales o pensiones y un 16,6% por otros ingresos no laborales.

“La población no sobrevive con ingresos laborales. Tiene que buscar otras actividades que le permiten un ingreso que cubre sus necesidades. No es que están exclusivamente subsidiados por ingresos sociales pero su ingreso laboral no alcanza”, remarcó Salvia.

Sobre las propuestas electorales de eliminación de los planes sociales, Salvia argumentó que es prácticamente imposible retirar esa ayuda en el actual contexto sin un alto costo económico, social, político e institucional. “No hay manera si no es a través de mecanismo que generen inversión y empleo. Necesitamos multiplicar la inversión en pequeñas, medianas y grandes empresas porque las nuevas generaciones necesitan trabajo asalariado; pero por mucho que hagamos esto, en una Argentina con 4 millones de personas en la economía social y mas del 50% de trabajadores informales no registrados, no podemos desconocer que existe un mundo del trabajo que no es el modelo formal y la economía social hoy cumple un papel muy importante que brinda la dignidad del trabajo y es un elemento de integración social enorme”, indicó.

“Si no hemos estallado en esta sociedad es porque la gente ha trabajado y se ha esforzado todos los días para salir adelante de múltiples maneras. Pensar que la economía social es retrógrada, atrasada o estorba a la modernización argentina es un error. Hay que apoyar la economía social para que mejore sus cadenas de producción y comercialización. El desarrollo de formas cooperativas, asociativas de trabajo requiere de crédito, tecnología, asistencia. Fortalecer la economía social no para que sea una economía de la pobreza sino para que participe activamente en el proceso de creación de riqueza”, dijo Salvia.

El acceso a los servicios públicos y al empleo

Otros aspectos, como la vivienda y el acceso a servicios básicos muestran tendencias algo más favorables. Si bien hubo mejoras en todos los estratos, los segmentos marginales fueron los que en términos relativos tuvieron una mejor evolución. Por ejemplo: el porcentaje de hogares sin conexión a cloacas disminuyó de 32,8% en 2017 a 27,6% en 2022.

Por último, al analizar el acceso al empleo y a la seguridad social (jubilaciones o pensiones contributivas). “En un contexto marcado por el estancamiento económico y las limitaciones de la economía para generar empleos de calidad se registra un sostenido incremento del déficit en el acceso al empleo y la seguridad social, que, si bien de manera general impacta sobre todos los estratos, lo hace de manera más intensa entre los más bajos”, señalaron.

En el período 2019-2022, aunque nada haya cambiado de manera significativa, se observa una mejora en los sectores más vulnerables, así como un mayor riesgo de deterioro y movilidad social descendente entre los sectores medios tradicionales no profesionales. Actualmente, casi uno de cada ocupados realiza sus actividades en la denominada “economía social y solidaria”, que incluyen trabajadores que no son asalariados ni empleadores de otros. Por ejemplo, los que hacen changas, trabajos temporarios o propietarios de pequeños emprendimientos que emplean fuerza de trabajo familiar, fuera de la lógica del sector privado formal.

“Este segmento fue un sector refugio durante la pandemia, pero redujo su participación con la reactivación 2021-2022. Sin embargo, es evidente que esta economía constituye, ante la ausencia de otras posibilidades, la principal fuente de trabajo e ingresos en los sectores populares”, alertó el informe. Por otro lado, se destacó que el conjunto de los trabajadores pierde ingresos laborales reales desde 2017, si bien de manera más moderada entre 2019-2022. A precios constantes, el salario promedio (incluyendo sector privado formal, público, informal y la economía social) pasó de $117.700 en 2017 a $79.600 en 2022. Para los empleados del sector privado formal, pasó en promedio de $171.000 a $110.000 y para los empleados del sector público de $148.000 a $93.000. “Un trabajador de la economía social gana menos de la mitad de lo que obtiene un trabajador del sector público y su remuneración, si bien no ha caído tanto, se ha manteniendo debido a los progamas sociales que cumplen una función de piso. En una Argentina donde se deterioran los salarios, las familias frente a la caída de la remuneración de sus trabajos respondieron con más trabajo y cuando no lo demanda el mercado lo autogeneran. El fenómenos que venimos teniendo es un fuerte crecimiento de la autogeernación de empleo de trabajo familiar social y comunitario”, dijo Salvia. (Infobae)