Tres días antes de finalizar el gobierno de Alberto Fernández, el entonces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Mariano Garmendia, ratificó el 7 de diciembre pasado una decisión de su consejo directivo, compuesto por cinco representantes del sector público y cinco del privado, de dar de baja a la Argentina de un programa llamado Sprint (siglas de Transición Sostenible de Protección Vegetal) que se llevaba adelante aquí junto a diez países europeos financiado por la Unión Europea para medir la presencia de residuos agroquímicos en el medio ambiente y las personas. Pero tres días antes de esa decisión, el 4 de diciembre, se publicó en la revista científica neerlandesa Elsevier un primer resultado de esta investigación iniciada en 2021 en el INTA sede Balcarce en manos de Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en ciencias agrarias e investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet), y Eduardo De Geronimo, bioquímico, doctor y también del Conicet. No son buenas noticias para los que beben agua potable en la pampa húmeda, al menos en las localidades analizadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.
“La aplicación de plaguicidas en Argentina ha ido en aumento desde 2000. Sin embargo, el seguimiento de los plaguicidas en el agua potable carece de actualizaciones periódicas”, arranca el resumen de la investigación publicada. “Este estudio de investigación analizó 53 pesticidas y productos de degradación para evaluar su presencia en el agua potable. Los pesticidas detectados con mayor frecuencia en el agua potable fueron atrazina, metolaclor, imidacloprid, hidroxiatrazina, imazetapir y 2.4D. Durante el periodo de recogida de muestras, el 25% del suelo se sembró con cultivos de invierno, mientras que poco menos del 50% se destinó a cultivos de verano, especialmente maíz y soja. La correlación entre los pesticidas utilizados en estos cultivos y los que se encuentran en el agua potable fue significativa/notable. De hecho, la concentración individual de pesticidas (de un solo plaguicida) en el agua potable superó el límite europeo en el 8,7% y el 17,6% de las muestras recogidas en los suministros públicos y privados, respectivamente”, advierte Aparicio y De Gerónimo, que analizaron el agua entregada por las compañías públicas y la extraída de pozos en propiedades privadas.
“Mientras, la concentración acumulada de pesticidas (la suma de varios) en el agua potable excedió el límite en el 4,3% y el 13,9% de las muestras procedentes de suministros públicos y privados, respectivamente. Con base en estos hallazgos, recomendamos/proponemos la inclusión de plaguicidas dentro del marco regulatorio que rige el control de calidad del agua potable para garantizar la protección de la salud pública y reducir progresivamente el uso de pesticidas en el sistema agrícola argentino. La adopción de estas medidas contribuirá a garantizar la seguridad y sostenibilidad de las fuentes de agua potable para la población”, concluyen la ingeniera agrónoma y el bioquímico del INTA.
El paper comienza citando estudios que advierten que “el riesgo de contaminación del agua potable está relacionado con la vulnerabilidad del suelo, la frecuencia, la dosis y el momento de aplicación de pesticidas”. Después cuenta que en la Argentina la preocupación aumenta: “Los conflictos vinculados a la contaminación del agua debido al uso de pesticidas emerge. Las comunidades de la región pampeana expresaron su preocupación por la calidad del agua que beben a diario. El Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agrícola del INTA Balcarce comenzó a recibir y analizar muestras de agua para consumo humano a principios de la década de 2010, y esta demanda ha aumentado constantemente con el tiempo.”
“El estudio de investigación reveló una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana. Un alto porcentaje de pesticidas y productos de degradación, 69% en suministro público y el 89% en suministro privado fueron encontrados en al menos una muestra”, cuentan los resultados. “Aunque las empresas locales de suministro de agua controlan la calidad del agua potable para detectar pesticidas y productos de degradación en cumplimiento de la normativa argentina, la población está expuesta a productos químicos que no son monitoreados por la obsolescencia de las normas vigentes.”
“El número de pesticidas detectados por muestra osciló entre 1 y 22 en el suministro público y de 0 a 31 en el privada de un total de 53 sustancias analizadas”, continúan los científicos del INTA y del Conicet. “Actualmente, Argentina tiene una lista de sólo 18 pesticidas prohibidos, un número comparable al de Uruguay (22), Chile (27) y Paraguay (11), pero menos que Brasil (133)”, advierten.
“La investigación sobre agua potable en la región pampeana revela una amplia prevalencia de los pesticidas utilizados actualmente”, concluyen. “Con base en estos hallazgos, recomendamos encarecidamente incorporar pesticidas en las normas que rigen el control de calidad del agua potable y trabajar hacia una reducción progresiva del uso de pesticidas en el sistema agrícola argentino. Estas medidas contribuirán a garantizar la seguridad y sostenibilidad de las fuentes de agua potable para la población. Considerando la evidencia presentada en Argentina, es imperativo integrar todos los conocimientos disponibles para establecer reglas claras para el uso y control de pesticidas, poniendo especial énfasis en la atención pública de la salud.”
En cuanto a las implicaciones ambientales, “este estudio de investigación analizó los pesticidas, incluidos algunos de sus productos de degradación, presentes en el agua potable dentro de una región geográfica caracterizada por la producción agrícola primaria” y señalan que “Estos plaguicidas deberían incorporarse rápidamente a la normativa vigente para facilitar su seguimiento periódico en aguas destinadas al consumo humano. Aunque la presencia de pesticidas difiere entre las fuentes de agua para consumo humano, la contaminación difusa es una realidad que afecta tanto a la población rural como a la urbana, acentuando la fragilidad de las políticas públicas nacionales encargadas de garantizar el derecho humano a acceder al agua de manera suficiente, segura, aceptable y asequible”, rematan Aparicio y De Gerónimo.
(El DiarioAR)
