Cómo decide el Gobierno los recortes de empleos en la Administración Pública Nacional; qué criterios aplica para decidir quiénes se van y quiénes se quedan; y hasta dónde llegarán los despidos son tres variables qué nadie parece tener en claro a casi cinco meses de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Así surge de las consultas a ministerios y dependencias del Ejecutivo y a fuentes gremiales en los últimos días.
Lo que sí está confirmado es el último paso que dio la gestión libertaria en su plan de reducción de la planta de trabajadores públicos: diseñar un mapa de cuántos y quiénes están en condiciones de jubilarse, confirmaron fuentes oficiales y gremiales ante la consulta de este medio.
A pesar de los anuncios de auditorías varias a la Administración Pública Nacional, el Gobierno aún no conoce el mapa de los trabajadores del Estado y avanza con pasos intermedios en los recortes con dos criterios generales, según explicó una fuente con conocimiento directo de la toma de decisiones en la materia: sólo conservar a “quienes trabajan” y “quienes cumplen función necesaria”. En el último eje está la clave de qué tan profundo será el recorte porque se trata de un eje sometido a la subjetividad más amplia: ¿qué funciones son “necesarias” en un Estado para los libertarios y cuáles no?
El universo de trabajadores de la Administración Pública Nacional es complejo. Hay numerosas formas de contratación, unos 193.000 trabajadores y 53 convenios colectivos de trabajo. Están los de planta permanente y los contratados en sus diversas categorías. Sólo unos 35.000 tienen estabilidad laboral. Desde la llegada de Milei, los contratos en el Estado Nacional se renuevan cada tres meses o incluso cada mes, explicó Flavio Vergara, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Eso significa, además de la incertidumbre de los trabajadores, que hay despidos cada tres meses cómo máximo. En los gremios hablan de unos 8.000 despidos desde diciembre, pero nadie se arriesga a dar una cifra segura.
El nuevo diseño del empleo público depende del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que está a cargo de distintas secretarías que intervienen en la toma de decisiones con respecto a los trabajadores del Estado Nacional. La central es la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, de la que depende, además, una Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público. La mujer a cargo es Rosana Reggi, una ex funcionaria de Mauricio Macri en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y quien ascendió recientemente para ocuparse de la tarea luego del escándalo por el aumento de sueldo de Milei y sus ministros que le costó el puesto a su antecesor, sostienen en la Casa Rosada.
El área envió una nota a las oficinas de Recursos Humanos de los ministerios y organismos descentralizados para obtener el mapa de quienes están en edad de jubilarse, informó una fuente oficial. También se están analizando los distintos reglamentos que rigen las licencias, ausentismos y presentismos.
Despidos
“Lo que se está haciendo no es un auditoría del empleo público sino un simulacro de auditoría, se despiden trabajadores sin haber estudiado y analizado si cumplían o no con sus tareas y funciones, si se presentaban o no a trabajar. Es una decisión discrecional”, afirmó Vergara. Además, destacó, hay un alto nivel de despidos en las dependencias de la Administración Pública Nacional en las provincias. “El Estado se está concentrando en Capital Federal y desapareciendo en el territorio nacional”, agregó el dirigente sindical.
“Es un proceso muy desordenado, el Gobierno quiere que le cierren los números y nada más. Se recopila información desde Jefatura y luego cada ministerio decide quién se va y quién se queda”, sostuvo otra fuente sindical ante la consulta. “A la mayoría de los despedidos, los echan sin saber si iban o no a trabajar, si cumplían o no una función y de qué modo lo hacían. Cierran organismos, reestructuran área”, añadió el dirigente consultado.
“El empleo público es un universo enorme y desordenado. La Secretaría coordina lo macro pero no toma la decisión de quién se va y quién conserva su puesto de trabajo. Eso lo deciden cada área de Recursos Humanos”, explicó una fuente gubernamental. Para el Gobierno, “el empleo público está sobredimensionado y en todas las áreas hay más gente de la que debería”.
(El Diario AR)
