El Gobierno anunció que presentó en el Congreso un proyecto de ley que buscará simplificar los trámites para “regularizar la tenencia de armas en la Argentina”, un día después de que exceptuó la exigencia de tramitar el certificado de idoneidad a los legítimos usuarios de armas que deban renovar sus permisos, siempre que lo hagan dentro de los 90 días anteriores a su vencimiento.
Entre otros puntos, establecerá un plazo de un año para todo el que tenga un arma de forma no autorizada (porque su licencia está vencida o porque no la había registrado previamente) pueda regularizar su situación, totalmente eximido de reproches legales. Quien no esté en condiciones de hacerlo, porque no cumple con los requisitos exigibles por la ley vigente, deberán transferir el material a otras personas autorizadas o entregarlas en el marco del plan de desarme voluntario, que se pretende relanzar.
Según anunció en un comunicado, “la ministra Patricia Bullrich, junto al presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, enviaron al Congreso de la Nación un proyecto de ley para regularizar la tenencia de armas en la Argentina. El Ministerio de Seguridad de la Nación –del que depende la ANMaC desde la asunción del nuevo gobierno– precisó que “se implementarán trámites ágiles y sencillos que favorezcan la registración para los usuarios irregulares”.
Además, la iniciativa enviada al Congreso propone “prorrogar por cuatro años el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego [Pevaf], que consiste en la entrega anónima de armas para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales para quien la efectivizare”. El plan prevé el pago de un incentivo económico para quienes entreguen las armas y municiones, ante quienes el material es inmediatamente inutilizado en los puestos de recepción para impedir su reingreso al mercado ilegal.
El también llamado Programa de desarme voluntario, fue sancionado originalmente el 20 de diciembre de 2006, con el objetivo de reducir la circulación de armas entre la población civil y, con eso, contribuir a reducir los niveles de violencia. Por el plan de desarme ciudadano fueron recibidas y, posteriormente destruidas, cientos de miles de armas y municiones.
El Pevaf, previsto en la ley 26.216, estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. En ese momento se “cayó” porque el Congreso omitió votar una ley de prórroga, como lo hizo habitualmente en los años anteriores.
Con la renovación propuesta en la prórroga anunciada hoy por Bullrich, el Gobierno espera ir “secando” el mercado de armas irregulares, que son aquellas que, por ejemplo, subsisten en hogares tras el fallecimiento de sus propietarios originales o que estaban en manos de personas que ya no desean tenerlas; esta medida se supone que reduce la disponibilidad de armas que puedan caer en manos de delincuentes.
Fuente: La Nación
