Un hombre que cumple en prisión una pena de 6 años, por abusar sexualmente de una joven cuando era niña, deberá pagarle más de 50 millones de pesos por los daños y perjuicios generados.
Pese a no ser frecuente, no se trata del primer caso en nuestra región de una mujer que, luego de la sentencia penal, avanza civilmente contra su atacante.
En esta oportunidad la sanción recayó en Santiago Álvarez, actualmente alojado en la cárcel de Saavedra, quien fue penado en Tres Arroyos por cometer al menos dos hechos de abuso en perjuicio de V.V., una pequeña que tenía 6 y 10 años cuando se produjeron los dos delitos, en 2009 y en 2013.
La Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía acaba de confirmar la demanda, pero con un detalle muy positivo para la víctima: la subió de los 15,6 millones de pesos que había resuelto el juez de primera instancia, a 50 millones de pesos, aún muy por arriba de lo pedido por su abogado: 20,1 millones.
En este sentido, los camaristas Fernando Kalemkerian y Marcelo Restivo fueron gráficos al considerar que el juez de origen «se ha quedado un poco corto» para semejante daño moral.
De esa manera definió las apelaciones que habían presentado ambas partes. La joven porque consideraba exiguo el monto y Álvarez, por el contrario, que era excesivo, teniendo en cuenta que -según argumentó- ella hoy es estudiante de una universidad prestigiosa en Tandil y no sufrió debilitamiento en su vida.
La postura del acusado fue rechazada de plano por la Cámara. Calificó sus opiniones como «desvaríos estériles».
«Que la resiliencia de la víctima le haya permitido superar sus traumas y encarar una carrera universitaria no minimiza el tormento al que fue sometida por la infame conducta del demandado», dijeron los jueces.
En esa línea, definieron que el daño moral debía ser cuantificado en un mayor monto.
«Sin desmerecer ni por un segundo la laboriosa y meditada sentencia apelada, pienso que el colega de grado se ha quedado un poco corto, nada más pensar en los placeres compensatorios concebidos para reparar el daño y abstracción hecha del importe nominal que, obviamente, ha perdido significación», agregaron.
Por ese motivo consideraron “insuficiente” el cálculo de dinero de primera instancia, como para la compra de un auto de gama media o una suma de dinero destinada a cubrir expensas universitarias. Sería “una magra compensación” para los “padecimientos que sufrió V.V. a una edad prematura”.
«Quiebre irreparable»
Los camaristas explicaron que «el quiebre espiritual» que provoca una agresión sexual como la analizada «es irreparable», sobre todo cuando sobreviene en la niñez.
Y citaron a la escritora francesa Virgine Despentes, quien también fue víctima inocente de la violencia sexual.
«La herida de una guerra que se libra en silencio y en la oscuridad (…) que «anula al otro, al exterminar su palabra, su voluntad, su integridad (…) y fuerza a sentirte inferior, culpable y degradada».
Son reflexiones que, a criterio de los jueces, resultan «muy elocuentes» para tomar dimensión de «la magnitud del sufrimiento» un agredido sexual.
La víctima, a través de su abogado, estimó acorde cuantificar el daño con el costo de una vivienda.
«Nadie mejor que la propia víctima para poner un precio a su dolor, identificando el paliativo que contribuya a mitigarlo», explicaron, para concluir que es razonable otorgarle la suma de 50 millones de pesos, más intereses a la tasa pura anual del 6% anual.
En consecuencia, la Cámara modificó parcialmente la sentencia de primera instancia al elevar el importe en concepto de indemnización por daño moral a la suma de 50 millones de pesos, más los intereses.
Un freno por prescripción
Antecedente. Una joven, también de Tres Arroyos, había ganado en 2023 una demanda similar a su abusador. Ella, hoy, superó el estrés postraumático, es licenciada en psicología y acompañante terapéutica y ejerce como docente.
Acusado. Un militar retirado, allegado a su familia, la abusó cuando tenía 10 años y recibió 7 años de pena.
Revocatoria. Ese hombre, hoy con más de 70 años, había sido condenado a pagarle más de 40 millones de pesos, aunque la Cámara Civil revocó el fallo al entender que estaba prescripta la acción civil.
Tendencia. La abogada María Fernanda Petersen, con experiencia en la materia, había reconocido que «en la mayoría de delitos sexuales, una vez que termina el proceso penal, no se acciona en otro fuero».
Razones. «Quien reclama (o no) daños y perjuicios es la víctima, y muchas veces no es su intención o desconoce el derecho de resarcimiento. Otro factor es que en la mayoría de los casos el victimario no tiene bienes para responder, y puede llevar al desestimiento. (La nueva)
