
El Senado sesionará este jueves desde las 11 para definir el destino de Edgardo Kueider, el legislador peronista por Entre Ríos detenido en Paraguay por acusaciones de contrabando luego de que le encontraran US$ 200 mil sin declarar mientras cruzaba la frontera. Unión por la Patria impulsa la expulsión, mientras que el oficialismo y los bloques dialoguistas promueven una suspensión hasta el 1° de marzo para evitar que su banca caiga en manos de una dirigente de La Cámpora.
A su vez, La Libertad Avanza logró incluir en el temario a último momento la suspensión del kirchnerista Omar Parrilli, procesado en la causa Memorándum con Irán, para meterle presión al kirchnerismo. Al igual que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el neuquino y el resto de los involucrados en esa causa irán a juicio oral en noviembre de 2025 por la denuncia que impulsó el fallecido fiscal Alberto Nisman.
Con el lema «llegó la hora de sacar la basura del Senado», la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una sesión especial en la Cámara Alta a pedido de Unión por la Patria para tratar los «actos inmorales que son de público conocimiento del senador». En un principio, el quórum estaría garantizado, ya que tanto el oficialismo como los diferentes bloques de la oposición bajarían al recinto. Sin embargo, para tomar una decisión sobre Kueider se necesitan dos tercios de los votos y ahí es donde se complica.
Los 33 senadores de Unión por la Patria liderados por José Mayans van por la cabeza de Kueider, que había ingresado al Congreso con el Frente de Todos, pero que luego rompió con el bloque para conformar Unidad Federal. Desde ese lugar, el entrerriano se alineó con el Gobierno de Javier Milei, que lo impulsó como presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, y brindó su voto para aprobar la Ley Bases.
En ese sentido, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner puso el foco en los dólares que le encontraron al senador del PJ y habló de una «democracia tarifada». «Así se consiguen los votos para las leyes que perjudican a las grandes mayorías y a los intereses de la Nación. Que nadie se haga el distraído», sentenció.
Por su parte, el oficialismo no tiene ningún interés en que Kueider sea expulsado, ya que eso significaría perder una banca aliada en manos de una opositora. Eso se debe a que el reemplazo del legislador es la diputada provincial entrerriana Stefanía Coria, una dirigente de La Cámpora que se alinearía con el bloque de Unión por la Patria. Por eso, con el aval del PRO, la UCR y Provincias Unidas, el oficialismo va por la suspensión. En caso de que ninguno logre los 48 votos, todo podría quedar en la nada.
Mientras tanto, Kueider, que había pedido una licencia en el Senado por tiempo indefinido, continúa detenido con prisión domiciliaria en Paraguay mientras avanza su situación judicial. Del otro lado de la frontera, el PJ entrerriano ya decidió su expulsión. Resta ver qué definición tomarán sus pares de la Cámara Alta. (MdZ)

















