Tras la denuncia por el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, trabajadores de los espacios de memoria que funcionan en las instalaciones de la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) realizaron una protesta este jueves 2 de enero, por el cierre de otro de los edificios y en contra de «despidos masivos«. Desde la Secretaría de Derechos Humanos señalaron que se trata de una “reestructuración interna”.
Además del Conti, el otro de los espacios que se encontraban cerrados este 2 de enero era el Archivo Nacional de la Memoria, encargada de preservar la documentación sobre violaciones a los derechos humanos vinculadas al Estado. Cuando los empleados llegaron a la Secretaría, los registros biométricos permanecieron inhabilitados hasta las 9.35, y a través de un listado se les informó si podían ingresar o no.
«El Gobierno de Javier Milei manda a la Policía a decirnos quiénes están despedidos«, expresaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En las cercanías del predio donde se encuentra la ex Esma, además de efectivos se había desplegado un camión hidrante, previendo la posibilidad de que ocurrieran incidentes.
Desde el Ministerio de Justicia de la Nación indicaron que el mencionado centro cultural, a cuyo personal se le pidió que quede «en guardia pasiva», sostuvieron que será “reestructurado” pero no cerrará. Según detalló ATE, los empleados recibieron mensajes de WhatsApp en sus teléfonos donde también les explicaron que no debían presentarse a trabajar a partir del 2 de enero.
Este jueves, el gremio convocó a realizar una asamblea unificada en rechazo a lo que denuncian como el “cierre” de ese organismo. Finalmente el Archivo Nacional de la Memoria abrió horas después, ante la concentración de los integrantes trabajadores, referentes políticos y de organismos de Derechos Humanos.
«Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar», fue uno de los cánticos que se oyó en el lugar en contra de las autoridades de la secretaría que conduce Alberto Baños después de que comenzara la asamblea, según un video que difundió en redes sociales la periodista Luciana Bertoia.
Desde el sindicato informaron desde al menos dos meses había una «amenaza de despidos» y se le pidió a Baños que se les entregara una lista con la información de las personas que iban a ser desvinculadas. Aunque el funcionario les solicitó un tiempo para realizarla, no tuvieron respuestas.
Además de los contratos transitorios que no se renovarán, las autoridades ya habían hecho recortes en el área del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), base de datos de las víctimas del terrorismo de Estado en el país y donde se encuentran los legajos de la CONADEP, entre otros.
El rechazo por el «cierre» del Haroldo Conti
El Secretario General de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, manifestó que el Gobierno nacional intenta cerrar el Centro Cultural Haroldo Conti, el Archivo Nacional de la Memoria y otros organismos. “Esto ya pasó con la dictadura y lo vivimos durante el macrismo. Volvió a llenarse de policías la Administración y son ellos con listados en las manos quienes comunican las cesantías”, dijo.
“En este inicio de año se profundiza el desguace y el desmantelamiento de áreas claves del Estado», añadió el líder gremial, al mismo tiempo que habló de una «lluvia de cartas documento» de despidos en todo el Estado. “Para los estatales cambió el año pero no cambió la crueldad. Siguen despidiendo de manera ilegal y masiva; quieren barrer con la memoria de nuestro pueblo y destruir las políticas de derechos humanos», comentó.
El gremio denunció que a lo largo de 2024 el Centro Cultural Haroldo Conti funcionó sin presupuesto, y que la programación de actividades fue realizada por los propios trabajadores sin una dirección por parte de la Secretaría.
La semana pasada, organizaciones sociales, políticas y gremiales, junto a Madres de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S, realizaron un abrazo en el Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA, para denunciar el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene su sede desde hace nueve años en el predio donde funcionó el centro de detención clandestino de la Armada.
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