En medio de la controvertida juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, el Gobierno de Estados Unidos anunció un aumento en las recompensas ofrecidas por información que facilite la captura de altos dirigentes del régimen chavista.
Esta estrategia se complementa con sanciones adicionales coordinadas con la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, dirigidas a colaboradores cercanos y funcionarios clave del gobierno venezolano.
El monto de la recompensa por Maduro, acusado de liderar el llamado «Cartel de los Soles», se incrementó a 25 millones de dólares, 10 millones más que la cifra ofrecida previamente. Este aumento busca intensificar la presión internacional sobre el líder del régimen venezolano.
De manera similar, la recompensa por Diosdado Cabello, considerado la segunda figura más importante del chavismo y actual ministro del Interior, también fue elevada a 25 millones de dólares.
Por primera vez, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen, fue incluido en la lista de recompensas de Estados Unidos. Se ofrecieron 15 millones de dólares por información que facilite su captura, señalándolo como una figura clave en la consolidación del poder del chavismo.
En cuanto a las sanciones, ocho figuras vinculadas al régimen fueron señaladas, incluyendo al presidente de PDVSA, Héctor Obregón Pérez; al ministro de Transporte; y al presidente de Conviasa.
Adicionalmente, se impusieron restricciones de visa para cerca de 2000 venezolanos identificados como colaboradores del gobierno de Maduro.
En un gesto de apoyo a la población venezolana, Estados Unidos también extendió por 18 meses el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos residentes en territorio estadounidense.
De manera simultánea, el Consejo de la Unión Europea emitió un comunicado ampliando su lista de sanciones contra funcionarios y altos cargos del régimen.
A través del Reglamento de Ejecución (UE 2025/44), publicado en el Diario Oficial de la UE, se añadieron 15 nombres a la lista de personas sancionadas por su participación en actos que «socavaron la democracia y el Estado de Derecho». Estas acciones se justifican por irregularidades en las elecciones presidenciales de julio de 2024 y la represión ejercida contra la oposición.
Con esta serie de medidas, Estados Unidos y sus aliados buscan intensificar la presión sobre el régimen venezolano, mientras reiteran su compromiso con el restablecimiento de la democracia en el país sudamericano. (NA)
