Con el aval de La Libertad Avanza, el PRO, sectores del radicalismo y bloques aliados, la Cámara de Diputados dio un paso clave hacia la aprobación de un nuevo régimen penal juvenil que reduce la edad de punibilidad de 16 a 14 años. El dictamen fue firmado este martes en un plenario de comisiones, tras intensos debates políticos y técnicos que se aceleraron luego del crimen de Kim Gómez, una niña asesinada en La Plata por adolescentes durante un robo.
Pese a las críticas del CELS, organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica, el oficialismo logró consensuar el texto con apoyo transversal. El nuevo régimen, que podría tratarse en el recinto en las próximas semanas, establece penas de prisión efectiva para adolescentes de entre 14 y 18 años, además de penas alternativas como trabajos comunitarios, monitoreo electrónico y restricciones de movilidad, para delitos menores.
El dictamen no contempla la prisión perpetua para menores, pero sí penas de hasta 15 años de cárcel para delitos graves. En un principio, el Ejecutivo pretendía fijar un tope de 20 años, pero cedió ante la presión del radicalismo. La diputada Laura Rodríguez Machado, aliada de Patricia Bullrich, fue la principal negociadora del oficialismo.
Las claves del proyecto:
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Edad mínima de punibilidad: 14 años (el oficialismo bajó de su propuesta inicial de 13 para lograr consensos).
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Régimen aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años.
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Tope máximo de pena: 15 años.
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No habrá prisión perpetua.
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Alternativas a la cárcel para delitos con penas menores a 10 años.
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Detención en institutos especializados o espacios diferenciados en cárceles comunes, medida cuestionada por especialistas.
Desde el CELS, Macarena Fernández Hoffman advirtió que “la única consecuencia concreta será tener a más menores privados de su libertad” y criticó la falta de enfoque restaurativo: “se copia el modelo penal adulto, sin contemplar las particularidades del sistema juvenil”.
Fractura en la oposición
Unión por la Patria presentó un dictamen alternativo, pero llegó dividido: mientras sectores ligados a Sergio Massa apoyaron la baja, otros la rechazaron de plano, como la diputada Natalia Zaracho, quien impulsa una propuesta contraria.
Según estadísticas del CELS, menos del 0,2% de los delitos en Argentina son cometidos por menores, y en su mayoría se trata de hurtos o intentos de robo. Aun así, el Gobierno nacional considera que este tipo de reformas “alinean al país con estándares internacionales”.
Con los votos ya garantizados en comisión, la votación en Diputados podría concretarse en las próximas semanas, anticipó Rodríguez Machado.
