A través de la resolución 98, la Secretaría de Agricultura de la Nación, encabezada por Sergio Iraeta, derogó este lunes una normativa histórica que establecía un peso mínimo obligatorio para la faena de animales bovinos. La medida entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2026, y deja sin efecto resoluciones que regían desde 2007, con múltiples modificaciones posteriores.
La regulación original, la resolución 68 de 2007, imponía un peso mínimo de 99 kilos por media res para novillitos y vaquillonas, y prohibía la faena de machos con menos de 165 kilos y hembras por debajo de los 140 kilos. Estas restricciones buscaban evitar la comercialización de animales livianos y fomentar una mayor producción de carne. Con el paso de los años, nuevas resoluciones como la N° 547 de 2008 y las reformas de 2010 y 2019 ajustaron los criterios y sumaron excepciones sanitarias y nutricionales.
La resolución firmada por Iraeta se apoya en el decreto 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei, que promueve una fuerte desregulación del comercio y la producción. Según se argumenta en los fundamentos, “las regulaciones vinculadas al peso mínimo resultan innecesarias en el contexto actual”, ya que los productores cuentan con el conocimiento y las herramientas para decidir el momento adecuado de faena sin intervención del Estado.
Desde el Gobierno enfatizaron que el nuevo enfoque busca restablecer la libertad económica, impulsando la iniciativa privada como motor del desarrollo. Una fuente cercana a la medida afirmó: “Libertad para producir y vender a lo que el productor crea más conveniente. No hay más peso mínimo de faena”. No obstante, se aclaró que las sanciones previas al 1° de enero de 2026 seguirán su curso administrativo correspondiente.
El texto también destaca que el nuevo régimen requiere una transición ordenada, por lo que se otorga un plazo prudencial para que productores, frigoríficos y otros actores de la cadena se adapten al cambio normativo. Así, se busca garantizar que la eliminación del peso mínimo no altere los procesos comerciales ni genere distorsiones en el mercado ganadero.
Con información de La Nación
