La oposición parlamentaria intentará que el Congreso rechace los decretos de necesidad y urgencia (DNU) 345 y 346, a fin de frenar la iniciativa del Gobierno de Javier Milei que promueve disolver organismos culturales históricos y degradar la CONABIP creada por Sarmiento.
Mientras se propone introducir reformas a CONICET como el reemplazo de la carrera de investigador por contratos temporales, que se condicione la investigación al interés comercial inmediato y que se excluya a las ciencias sociales, la prestigiosa institución Ranking Scimago 2025 lo volvió a ubicar, por séptimo año, como “la institución de investigación científica, del ámbito público y de gobierno” más prestigiosa de Latinoamérica.
Califica por delante de otras instituciones de relevancia, como son los Consejos de investigaciones científicas y técnicas de México y Brasil.
Los DNU 345 y 346/2025 concretan una fuerte transformación en el plano de la cultura, que se sentía hacía tiempo como amenaza, y volvió a poner en tensión a un sector golpeado desde la llegada de Milei al poder.
Supresión de organismos
«El cierre, la centralización y fusión de organismos» anunciados por el vocero Manuel Adorni acarrea consecuencias en una larga lista de espacios, con el Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) entre los principales afectados.
Estas medidas son impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.
El diputada Margarita Stolbizer tuiteó al respecto que “Milei y su banda de iletrados quieren un país sin cultura, sin memoria, sin libros, sin teatros y sin historia.”
Señaló que «con los DNU 345 y 346 pretenden disolver organismos culturales históricos, degrada la CONABIP creada por Sarmiento, convierte institutos nacionales en oficinas obedientes de su gobierno».
Y agregó: «La patria no se construye quemando bibliotecas ni callando teatros. Se construye con memoria, libros, ideas y diversidad».
El Instituto del Teatro
Creado por la Ley 24.800 en 1997, el Instituto Nacional del Teatro (INT), un organismo clave para el desarrollo teatral del país, se encargaba de subsidiar obras, giras, festivales, infraestructura y formación en todo el país, con énfasis en el desarrollo regional y en salas independientes.
Está en el ojo de la tormenta desde fines de 2023, cuando con la ley ómnibus existía la propuesta de eliminarlo.
Desde principios de 2024, sus fondos están congelados, los pagos adeudados y los programas paralizados.
El decreto 345/2024, impulsado por el presidente Javier Milei, avanza en su desmantelamiento al desfinanciarlo, al convertirlo en una «unidad organizativa» de la Secretaría de Cultura, y disolver su consejo de dirección y la representación provincial.
En reemplazo crea un consejo asesor con carácter ad honorem.
Federico Brunetti -hasta ahora subsecretario de Promoción Cultural- asumirá como director nacional del organismo, en reemplazo de Mariano Stolkiner.
El INT no sólo financiaba proyectos: garantizaba la existencia de un ecosistema teatral diverso, plural y federal.
En un país donde las salas oficiales no alcanzan y el acceso a la cultura es desigual, su rol era decisivo.
Denuncian que el gobierno de Milei lo vació presupuestariamente y que lo ataca discursivamente por su supuesta «ineficiencia», en línea con su política de demolición sistemática del sistema cultural público.
Reacción de los actores
Los actores reaccionaron aprovechando la fiesta de los Martín Fierro.
Gabriel ‘Puma’ Goity, al recibir la estatuilla de Oro, defendió el Instituto Nacional del Teatro, se sumó a los colegas que denuncian vaciamiento y dijo que su cierre sería “una pena”.
Además, Goity aseguró que “si no tenés cultura, salud y educación digna, es muy difícil pensar en libertad”.
Corroborando esos temores, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había informado que los decretos 344, 345, 346 y 347/2025 forman parte de una reestructuración profunda que implicará la disolución, fusión y transformación de más de 40 organismos públicos.
El propósito consignado en el texto oficial es el de reducir duplicaciones, eliminar gastos superfluos y poner fin a décadas de “despilfarro, descontrol y expansión injustificada de estructuras estatales”.
La justificación oficial invoca un crecimiento sostenido del aparato estatal en las últimas décadas: desde 1983, la cantidad de organismos descentralizados y desconcentrados creció más del 150% y hoy suman 111 los órganos de gobierno que emplean a más de 80.000 agentes, es decir, el 48% del personal de la Administración Pública Nacional.
Desde 2010, la dotación de estos organismos creció un 148%, mientras que la administración central aumentó sólo un 33%.
El Gobierno remarca que existen más de 5.600 unidades organizativas y casi 700 autoridades superiores solo en estos entes, más del doble que en el resto de la administración.
(NA)
