El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, confirmaron que el Gobierno no aplicará la ley de financiamiento universitario cuyo veto presidencial revistió el Congreso.
Durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto de Diputados, los funcionarios aseguraron que las universidades “podrán cubrir todas sus necesidades” el próximo año, dado que las partidas educativas registrarán “un aumento real del 7%”. Además, precisaron que la inversión en educación crecerá 17,6% en términos nominales, con una inflación proyectada del 10,1%.
Torrendell sostuvo que “aumentar el gasto estatal no es suficiente para mejorar los niveles educativos” y cuestionó que en las últimas décadas se haya generado “un gasto público descontrolado que profundizó la dependencia de las personas del Estado”. En esa línea, enfatizó: “Debemos gastar menos, pero invertir más en cada persona concreta”. También destacó que se prevé una “inversión fuerte adicional” en el plan nacional de alfabetización y en la actualización del valor de la hora docente.
Por su parte, Álvarez rechazó las versiones sobre una crisis en el sistema universitario y calificó de “campaña del miedo” las denuncias sobre cierres de instituciones y renuncias masivas. “No cerró ninguna universidad. Es falso que renunciaron 10 mil docentes”, afirmó. Aclaró que el sistema cuenta con 198 mil docentes, 2 mil más que al inicio de la gestión, y aseguró que “no hay ningún ajuste con despidos”.
Finalmente, los funcionarios defendieron el veto presidencial a la ley universitaria, argumentando que “la oposición nunca dijo de dónde deberían salir los fondos”. Torrendell ironizó al afirmar que “por más que el Parlamento vote por la derogación de la Ley de Gravedad, salimos afuera y la gravedad sigue existiendo”. El oficialismo busca ahora postergar el debate presupuestario hasta después del recambio legislativo, cuando espera fortalecer su posición en el Congreso.
Con información de Infobae
