En paralelo a las reformas que el presidente Javier Milei aspira a pasar en sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional diseña la hoja de ruta legislativa para el 2026 que incluye la determinación de implementar cambios en la actual Ley de Salud Mental, lo que -argumentan- atendería un reclamo clave que las familias de pacientes, profesionales y de las Fuerzas de Seguridad. Según una importante fuente del Poder Ejecutivo, la idea es enviar un proyecto que contemple la modificación de algunos puntos de la ley durante el período de sesiones ordinarias, que inicia el 1° de marzo, en especial sobre el artículo que habilita las internaciones involuntarias para que, en determinados casos, los jueces puedan autorizar la hospitalización.
Se trata de un pedido que mayormente levantaron los familiares desde la sanción de la Ley N° 26.657 de Salud Mental y Adicciones, que fue promulgada en diciembre de 2010 y reglamentada en 2013, pero que desde su puesta a punto generó polémica por su aplicación. Lo cierto es que el espíritu original de antimanicomialización, que busca preservar los derechos de los pacientes en el sistema de salud, encontró limitaciones en la práctica ante la ausencia de dispositivos necesarios para su correcta aplicación.
A raíz de esa situación, desde el Poder Ejecutivo tienen intenciones de insistir, a través del Ministerio de Salud que comanda Mario Lugones, en los cambios para avanzar en la creación de centros especializados y en la posibilidad de autorizar la internación de determinados pacientes a través de la intervención judicial.
No es la primera vez que la administración libertaria intenta implementar estas modificaciones que estuvieron contempladas en el proyecto original de la Ley Bases, pero que finalmente quedaron afuera de la sanción definitiva de la que supo ser presentada como la megaley.
“Hay que volver atrás y recuperar cosas que funcionaban de la ley anterior”, sintetizaron importantes fuentes oficiales a este medio, luego de haber ensayado -sin éxito- cambios en al menos ocho artículos. Si bien aún se encuentra en plena redacción, el proyecto podría ser anunciado por el mandatario durante la Apertura de Sesiones en el Congreso a principios de marzo.
Las modificaciones aspiraban a habilitar a jueces a adoptar medidas de atención urgente; definían cuatro casos específicos para la internación, planteada como recurso terapéutico excepcional; daba luz verde a la creación de neuropsiquiátricos; dotaba a al defensor de solicitar medidas terapéuticas; planteaba un esquema de modificación en las condiciones de egresos y rehabilitación de los pacientes; y modificaba la composición del Órgano de Revisión.
Los equipos en la tarea trabajan en los detalles, pero, según anticiparon fuentes al tanto del diseño, repetirán algunos de los puntos mencionados que buscaban ser incluidos en la mal llamada Ley Ómnibus de aquel entonces. Los cambios planteados abrieron una polémica mayormente entre activistas del sector, que leyeron las propuestas como una profundización de la manicomialización que buscan combatir.
Sin embargo, por estos días, la Casa Rosada contraargumenta con ejemplos de casos de complejo desenlace como el episodio que terminó con la vida del efectivo de la Policía Federal, Juan Pablo Roldán, que fue asesinado por un hombre identificado como Rodrigo Facundo Roza, que lo apuñaló con un cuchillo en la zona aledaña alMALBA. El psiquiatra del homicida, Jorge Alberto Monforte, fue llevado a juicio por presunto abandono de persona y homicidio culposo y finalmente fue absuelto.
Otra de las claves que fomentaron la determinación de insistir en cambiar el articulado de la ley reside en el testimonio de Marina Charpentier, la mamá del reconocido músico Chano Moreno Charpentier, quien expuso en el Congreso de la Nación la necesidad de aclarar algunas definiciones difusas vigentes y la falta de herramientas para contener situaciones de brotes y episodios agudos a raíz de trastornos mentales y adicciones. “La Ley Nacional de Salud Mental fue creada en 2010 sin la consulta de psiquiatras ni universidades. No aborda la realidad de las familias que sufren estas enfermedades”, supo contraargumetnar.
A principios de año, la activista y madre del cantante de Tan Biónica cargó contra el Gobierno Nacional al calificar el Presupuesto, prorrogado desde 2023, destinado a salud mental como “un chiste”. “Solo se destina un 10% del presupuesto de salud, y eso cuando hay suerte”, sostuvo en una entrevista. (Infobae)
