En las últimas horas, un vecino del municipio de Coronel Suárez presentó una denuncia formal ante el Honorable Concejo Deliberante en la que acusa al intendente, Ricardo Moccero, de instar públicamente a la población a violar la ley provincial de Alcohol Cero y otras normativas vigentes, además de solicitar que se investigue de manera urgente su accionar por la posible comisión de delitos vinculados al incumplimiento de los deberes de funcionario público, en un nuevo capítulo del conflicto político e institucional desatado en el distrito a raíz de los controles de alcoholemia.
La presentación fue ingresada este martes en la Municipalidad de Coronel Suárez, y lleva la firma de Omar Saúl Cadea, que se define como un ciudadano “preocupado e indignado” por lo que considera reiterados atropellos a la sociedad local y por la “quietud” del cuerpo de concejales frente a “conductas antidemocráticas” por parte del jefe comunal, a quien acusa de haber utilizado los medios de prensa locales para instar de forma “prepotente y patotera” a incumplir la Ley de Deportes 11.929 en su artículo 7 y la Ley Provincial 15.402 de Alcohol Cero.
En el escrito, Cadea sostiene que el intendente habría alentado a desconocer normas cuya violación se encuentra penada por el artículo 248 del Código Penal y afirma que, ante las críticas, Moccero habría expresado frases como “acá el que manda soy yo”, lo que para el denunciante configura un mensaje institucional grave. Además, el vecino denunciante relató que el propio intendente habría consultado al juez de Faltas, Federico Lamm, sobre la posibilidad de retirar contravenciones a participantes de actividades de doma, transmitiendo un mensaje “cuasi mafioso” a la Policía Comunal.
A partir de esos hechos, el vecino solicita que el Concejo Deliberante investigue de forma “urgente” el accionar de Moccero de acuerdo con sus facultades legales y con la gravedad institucional que, a su entender, reviste el caso, incluyendo la posibilidad de que se configure el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al enmarcar su pedido en diversos artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires y señalar que las expresiones públicas del jefe comunal “lesionan la vida democrática del distrito y afectan el normal funcionamiento de los poderes Legislativo y Judicial municipales”.
En otro tramo de la denuncia, Cadea amplía el planteo y solicita que se investigue de manera fehaciente, con documentación oficial, el modo en que asumió como intendente interino Mauro Moccero, sobrino del actual jefe comunal, durante el período comprendido entre el 12 de septiembre y el 12 de octubre de 2025, mientras Ricardo se encontraba de licencia, y pide que se esclarezcan las condiciones legales y los pasos administrativos cumplidos, así como que se informe posteriormente a la ciudadanía sobre el resultado de esa investigación.
Es preciso mencionar que, esta presentación se inscribe en un contexto de fuerte tensión política e institucional que comenzó a visibilizarse a mediados de diciembre de 2025, cuando familiares de víctimas de siniestros viales nucleados en la fundación Estrellas Amarillas denunciaron públicamente al intendente de Coronel Suárez por haber solicitado la remoción de personal policial que realizó un control de alcoholemia en la localidad de Santa María, hecho que motivó un reclamo de intervención ante la Subsecretaría de Fiscalización y Control Policial del Interior de la provincia de Buenos Aires.
En aquella oportunidad, la fundación expresó su “profunda preocupación e indignación” frente a lo que consideró un intento de castigar a efectivos que actuaron conforme a la ley de Alcohol Cero, cuestionó declaraciones atribuidas al intendente en las que habría relativizado los controles y remarcó que la normativa vigente “no admite excepciones discrecionales ni interpretaciones basadas en tradiciones locales”, al tiempo que respaldó el accionar del personal policial involucrado y reclamó garantías institucionales para quienes aplican la ley.
Con la nueva denuncia ingresada ante el Concejo Deliberante, el conflicto que envuelve al intendente de Coronel Suárez suma un componente institucional adicional, ya que el planteo no solo apunta a las expresiones y decisiones del intendente en relación con los controles de alcoholemia, sino también al funcionamiento de los órganos de control político del distrito y a la necesidad de que se investiguen responsabilidades y procedimientos administrativos, mientras el denunciante aguarda una respuesta que considera imprescindible para resguardar la legalidad, la transparencia y la vida democrática de la localidad.
Coronel Suárez: las polémicas declaraciones del intendente que desataron el conflicto
Es preciso recordar que, a mediados de diciembre, Moccero salió públicamente a respaldar a vecinos que protestaron por el accionar del titular de la subcomisaría de Pueblo San José, una colonia alemana del distrito, por la realización de controles de alcoholemia en las inmediaciones de una doma.
En ese contexto, el jefe comunal pronunció una frase que generó fuerte controversia: “Los gauchos obviamente no van a tomar Coca Cola ni jugo de naranja”, expresión que fue interpretada por distintos sectores como una relativización del consumo de alcohol en eventos tradicionales y de los controles de alcoholemia.
El conflicto se profundizó cuando Moccero solicitó la remoción del efectivo policial que encabezó el operativo, una decisión que despertó tanto adhesiones como rechazos dentro y fuera del distrito. Mientras algunos vecinos y dirigentes locales acompañaron el planteo del intendente, otros consideraron que el pedido constituía una intromisión indebida en el accionar de la fuerza de seguridad.
Con el correr de los días, lejos de descomprimirse, la situación derivó en denuncias cruzadas, presentaciones de particulares, pedidos de informes ante Asuntos Internos y hasta la intervención de un jefe comunal de un distrito vecino, que solicitó el traslado del policía sancionado a su jurisdicción, lo que amplió el alcance del escándalo que comenzó en Coronel Suárez.
En tanto, desde el Ejecutivo de Coronel Suárez sostuvieron que el subcomisario actuó por fuera de sus incumbencias profesionales y que el procedimiento realizado configuró un desacato. “El control de alcoholemia lo hace la municipalidad, con apoyo de la Policía Bonaerense. El tipo cometió un desacato porque no consultó ni al comisario, ni al secretario de Seguridad ni a nadie, y se mandó a hacer un control a la salida de la jineteada, cuando ahí no estaba previsto”, señalaron.
Al mismo tiempo, desde la Municipalidad afirmaron que el efectivo “no respetó los protocolos vigentes”, ya que los operativos se realizan en rutas o accesos definidos y no en la puerta de un evento, en una calle cerrada, con altas temperaturas y con personas mayores obligadas a esperar.
(Diputados Bs As)
