Una veintena de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales pidieron que el Congreso proceda a la derogación del DNU que reforma de la ley de Inteligencia, al advertir que “debilita los controles democráticos” porque permite la “aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial».
La postura está plasmada en un documento firmado por la Amnistía Internacional Argentina, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, CELS, Democracia en Red, Fundación SES, Fundación Vía Libre y la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), entre otros.
Las entidades de derechos humanos y sociales pidieron al Congreso que rechace ese DNU y la oposición está buscando alcanzar el número para poder anular esa medida del Poder Ejecutivo.
“Advertimos que se trata de un DNU manifiestamente inconstitucional, que amplía la discrecionalidad estatal y habilita prácticas que creíamos superadas. El Congreso debe rechazarlo”, expresaron.
Esos organismos señalaron que el DNU de reforma de la ley de Inteligencia «es grave» porque el «decreto habilita vigilancia masiva, concentra más poder en la SIDE y debilita los controles democráticos».
“Por primera vez en democracia, la SIDE puede proceder a la aprehensión de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial”, señalaron.
Y destacaron que «esto deja habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación. Es transformar a los servicios de inteligencia en una especie de policía secreta y sin control.
En esa línea, sostuvieron que el DNU “obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control”.
Agregaron que se “se vuelve así una herramienta para realizar vigilancia masiva. Además, la acumulación de grandes cantidades de datos en un solo organismo es todavía más peligrosa en la medida en que el Estado no tiene una política adecuada de seguridad de la información y las filtraciones son frecuentes”.
“El decreto no prevé ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la SIDE y concentra todavía más poder en esta agencia. Puede pedir información a provincias y municipios, aprobar presupuestos secretos, compartir tus datos con agencias de otros países sin autorización judicial. Y todo bajo absoluto secreto. Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan”, puntualizaron.
LEY DE INTELIGENCIA DNU 941
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— AABA (@AABAOficial) January 8, 2026
Más críticas
Otro punto rechazado por las organizaciones de derechos humanos es que el decreto “establece que las actividades de inteligencia son encubiertas por definición. Esto significa que no vas a poder saber si te están investigando, por qué, ni qué información tienen sobre vos. El carácter encubierto puede frustrar eventuales investigaciones para probar responsabilidades del Estado. No hay forma de reclamar si se equivocan o abusan. El secreto es la regla”.
En otro tramo del documento rechazaron que los militares realicen tareas de inteligencia sobre organizaciones no estatales.
En ese sentido señalaron que “durante décadas, Argentina trabajó para separar claramente defensa (militares) de seguridad interna (policías). Era una lección aprendida de la dictadura: los militares no deben ejercer funciones de control de la población civil”
Agregan que «este decreto permite que las Fuerzas Armadas realicen tareas de inteligencia sobre «organizaciones no estatales» -sin aclarar cuáles ni los criterios que harían que las organizaciones ingresaran en esa categoría- y les quita el control civil. Es un retroceso histórico peligroso».
La polémica
El Gobierno dictó el 31 de diciembre el DNU 941-2025, que introduce profundos cambios a la ley de inteligencia al establecer que toda la actividad será “secreta”, permitir la aprehensión del personas y otorgar un amplio poder a la SIDE, y tiene hasta el jueves próximo para poder enviar esa norma al Congreso.
Tras llegar al Congreso, la Comisión de Trámite Legislativo contará con diez días hábiles para su tratamiento, pero es probable que ese plazo se venza ya que ni siquiera está constituida la comisión, con lo cual la oposición puede impulsar su tratamiento en el recinto de sesiones. (Con información de NA).
