El Gobierno nacional decidió que la Procuración del Tesoro de la Nación abandone el rol de querellante en la causa contra el expresidente Mauricio Macri y sus colaboradores más cercanos, incluyendo el ex y actual ministro de Economía Luis Caputo, por presunta defraudación, al derogar el artículo 1° del Decreto 239/21. Esta medida fue oficializada a través del Decreto 87/2026 que se publicó en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El argumento libertario para justificar esa decisión es que la Procuración ‘actuó de manera excepcional en el proceso penal’ y que su participación en causas penales no es parte de su especialidad técnica. El Poder Ejecutivo además remarcó que el Ministerio Público Fiscal es el encargado de llevar adelante la acción penal, y que su trabajo debe ser protegido de cualquier posible interferencia.
De acuerdo a la Agencia Noticias Argentinas, la medida decidida por Milei se tomó luego que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 decidiera archivar la causa, el pasado 2 de febrero, cuando la magistrada encargada del caso determinó que los hechos denunciados no eran delitos sino discrepancias con decisiones relacionadas a la política económica.
Cómo empezó la denuncia contra Macri y Caputo
En marzo de 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández, la Procuración del Tesoro impulsó una denuncia contra la conducción política y económica del gobierno de Cambiemos, constituyéndose en querellante por los presuntos delitos de “violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y defraudación a la Administración Pública Nacional” en relación a la deuda contraída con el FMI.
Los abogados del Estado remarcaron, además, que otro organismo de control, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), “había detectado ya que buena parte de los fondos desembolsados por el FMI entre junio y agosto de 2018 fueron utilizados por el Ministerio de Hacienda y el BCRA para la venta de divisas al mercado, en violación a los compromisos asumidos ante el organismo internacional en cuanto al destino de esos recursos».
Y agregaron que estos fondos «debían ser empleados como apoyo presupuestario y sólo excepcionalmente podrían ser empleados para su venta. Las autoridades incumplieron la obligación de realizar informes periódicos, que aseguraran la trazabilidad y transparencia en el uso de aquellos fondos”.
