En una sesión marcada por la electricidad que quedó flotando en el aire tras los violentos incidentes de ayer por la reforma laboral, el Gobierno logró sacar pecho y se anotó dos triunfos consecutivos al aprobar la nueva ley penal juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, y también la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
El oficialismo ganó la primera batalla la ganó con autoridad, con 149 votos a favor del régimen penal de menores y 100 en contra, número que aglutinó a todo Unión por la Patria con los cuatro diputados de izquierda, los tres catamarqueños de Raúl Jalil y la cordobesa Natalia de la Sota.
Si el Gobierno logró pisar firme y salir airoso en ese primer test, la segunda prueba la superó con mucha mayor holgura: para refrendar el tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea cosechó la frondosa suma de 203 apoyos frente a 42 negativos y cuatro abstenciones.
El dato político distintivo del resultado final es que Unión por la Patria se dividió en mitades: mientras que 43 votaron con el oficialismo, 38 peronistas (el kirchnerismo duro, La Cámpora y el sector de Juan Grabois) votó en contra junto a la izquierda, y otros cuatro se abstuvieron.
Sorprendió que el titular de bloque, Germán Martínez, que en este tipo de votaciones atípicas con la bancada fragmentada suele abstenerse para hacer equilibrio, haya decidido acompañar la postura del oficialismo.
Régimen Penal Juvenil
Con la media sanción de Diputados, el proyecto que crea el nuevo régimen penal juvenil será tratado por el Senado y es posible que se trate en una sesión a celebrarse el 26 de febrero, según informaron fuentes parlamentarias de la Cámara alta.
La iniciativa plantea una reforma de una ley de la dictadura y, entre otros puntos salientes, propone penas de prisión no mayores a los 15 años, además de sanciones alternativas más leves con un criterio de gradualidad.
Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua para menores de 14 a 17 años, y se fija que aquellos adolescentes que sean privados de su libertad cumplan la pena en establecimientos específicos, separados de los adultos criminales.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
La presidenta de la comisión de Legislación Penal y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que la intención no es “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos” sino “resocializarlos”.
«Hoy pasa eso salvo algunas provincias que tienen una normativa particular. Hoy el régimen vigente que muchos no quieren modificar ni modificar nunca permite la adopción de vagas medidas restrictivas”, lamentó la cordobesa.
A su turno, la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz fustigó duramente a la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich por instalar «una campaña de marketing diciendo ‘delito de adulto, pena de adulto’.
“Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tener la responsabilidad de sacar adelante este país”, subrayó.
Según Tolosa Paz, “este problema no se soluciona con consignas de marketing, cambiando la edad de punibilidad cada 24 horas como si fuera una juego de póker, sino con responsabilidad política”.
Acuerdo Mercosur-Unión Europea
El tratado aprobado en la Cámara de Diputados consta de 5.000 páginas traducidas en varios idiomas y apunta a suprimir aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.
El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay (país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur), en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el presidente de Brasil, Lula da Silva.
El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.
Ese proceso podría demorar meses y hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia.
En el tratamiento del acuerdo, el peronismo exhibió sus divisiones ya que mientras el diputado nacional Santiago Cafiero, se expresó en contra, el ex ministro Agustín Rossi se inclinó a favor de ratificar el acuerdo.
El ex canciller señaló que este acuerdo “no garantiza que podamos tener accesos a los mercados europeos” y señaló que la “barreras pararancelarias que terminan funcionando como muros para que la producción agropecuaria no pueda penetrar”.
Por su parte, el santafesino dijo que “es un acuerdo que fortalece el Mercosur» y «lo consolida como actor económico comercial y lo referencia desde el punto de vista internacional”.
“Voy a votar a favor del acuerdo. A mi criterio es una insubordinación estratégica al presidente Donald Trump”, anticipó durante el debate.
La presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán (La Libertad Avanza) analizó que “este acuerdo es una señal clara” y que “el objetivo es claro: ampliar y facilitar el comercio de bienes y servicios, reducir las barreras arancelarias, mejorar competitividad y la cooperación”.
La diputada libertaria explicó que “este acuerdo no es un punto de llegada sino un punto de partida”.
“Estamos ratificando un rumbo. Argentina eligió la apertura, la competencia y la integración al mundo. Eso no implica desproteger a los sectores sensibles sino darles herramientas para competir”, aclaró.
En tanto, aseguró que “la historia demostró que el aislamiento no genera desarrollo productivo”.
“Necesitamos mercado, reglas claras y confianza. Este acuerdo contribuye a esos objetivos”, consideró Santillán, que a la vez enfatizó que “estamos ante una de decisión estratégica que trasciende a los gobiernos”. (NA)
